La protesta iniciada el pasado mes de diciembre en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), materializada en la renuncia masiva de letrados adscritos al Turno de Oficio de la Audiencia Nacional, ha tenido ya una primera consecuencia en el ámbito institucional. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha expresado formalmente su preocupación por la situación, tras recibir una comunicación del ICAM en la que se daba cuenta de la movilización promovida por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
La protesta se convocó como respuesta a la falta de medios materiales y económicos para prestar con garantías un servicio esencial en procedimientos de especial complejidad, como los relacionados con terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.
Según consta en el acta de la última reunión de la Sala de Gobierno, este órgano “manifiesta la preocupación por esta situación”, dada la incidencia que puede tener en el “buen funcionamiento de la Justicia”, y acuerda trasladar la comunicación del ICAM a todos sus miembros “para su conocimiento y a los efectos oportunos”.
Desde el Colegio de la Abogacía de Madrid se valora este pronunciamiento como un ejercicio de responsabilidad institucional y de diligencia en la defensa de la correcta prestación del servicio público, al poner de relieve la preocupación por la precariedad del Turno de Oficio en asuntos de elevada complejidad.
La advertencia del ICAM a la Audiencia Nacional
El 11 de diciembre de 2025, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, trasladó por escrito al presidente de la Audiencia Nacional la preocupación institucional del Colegio por la renuncia de letrados del Turno de Oficio en dicho órgano judicial. En esa comunicación expuso la precariedad de las condiciones económicas y materiales del servicio, advirtiendo del riesgo que esta situación supone para la calidad de la defensa, el derecho fundamental de defensa y el propio funcionamiento de la Audiencia Nacional.
En la carta, Ribón reclamó un impulso urgente para restablecer el equilibrio del sistema y garantizar una defensa de oficio digna y adecuada en procedimientos especialmente sensibles.
Ese mismo día, en una comparecencia celebrada en la sede del ICAM, el decano subrayó que la reivindicación de los abogados del Turno de Oficio no se limita a una cuestión corporativa. “Esta acción no es solo una defensa de la dignidad profesional de los letrados y letradas, sino también una defensa de la propia sociedad, que necesita una Justicia Gratuita fuerte, independiente y sostenible”, afirmó, anunciando además su renuncia como abogado de oficio adscrito a ese turno.
“Imposible garantizar la dedicación que exigen estas macrocausas”
Durante esa comparecencia, Ribón denunció que, en las condiciones actuales, resulta “sencillamente imposible garantizar la preparación, el estudio y la dedicación que exigen estas macrocausas”. Según explicó, en procedimientos que pueden prolongarse durante meses o incluso años, los letrados perciben 244,95 euros netos por asunto, lo que supone remuneraciones reales de entre 0,10 y 0,20 euros por hora una vez descontados impuestos, desplazamientos y tiempos de preparación.
“No se puede exigir máxima responsabilidad y especialización en macrocausas mientras se mantienen baremos que ni siquiera cubren los costes reales del servicio”, advirtió el decano, alertando de que, si no se actúa con urgencia, “el riesgo de colapso del sistema de Justicia Gratuita en este ámbito es real y cercano”.
Impacto en el derecho de defensa
También el diputado responsable del Turno de Oficio en la Junta de Gobierno del ICAM, Juan Manuel Mayllo, ha vinculado esta situación con la calidad del sistema judicial en su conjunto. “Estamos diciendo alto y claro que, con estas condiciones, no se puede garantizar una defensa técnica a la altura de la complejidad de estas causas”, afirmó.
A su juicio, el conflicto trasciende lo presupuestario y afecta directamente al derecho de defensa, a la igualdad ante la ley y a la fiabilidad del sistema judicial. “Nadie aceptaría que se protegiera la seguridad del Estado con medios materiales y humanos claramente insuficientes; eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Turno de Oficio de la Audiencia Nacional”, denunció.
Mayllo advirtió, además, de que esta situación deteriora tanto el ejercicio profesional de los abogados de oficio como la confianza de los ciudadanos en la justicia gratuita. “Si no hay condiciones dignas, no puede haber garantías reales”, concluyó.
Para el ICAM, la declaración de la Audiencia Nacional supone un punto de inflexión al elevar el conflicto al plano institucional. La preocupación expresada por la Sala de Gobierno refuerza, a su juicio, la urgencia de una respuesta por parte del Ministerio de Justicia, con el que el Colegio mantiene abierta la interlocución para abordar una revisión estructural del sistema.
