El Gobierno cerró ayer un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para, a cambio de que se abstuviera en la votación sobre multirreincidencia, la plantilla judicial en Cataluña fuera reforzada.
El pacto contempla la creación de 180 nuevas unidades judiciales —es decir, plazas de jueces o magistrados— en los próximos dos años, lo que elevará el número de jueces en Cataluña desde unas 870 actuales hasta aproximadamente 1.050.
El incremento se estructura en 91 nuevas plazas en 2026 y 90 más en 2027, con el objetivo de acercar la ratio de jueces por habitante a la media europea y aliviar el significativo déficit que arrastra el sistema judicial catalán.
Fuentes de ERC han subrayado que este refuerzo responde a una situación de congestión judicial prolongada y se enmarca en la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que prevé una expansión general de la planta judicial en todo el Estado.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha defendido el acuerdo como una medida necesaria para evitar el “colapso judicial” y garantizar que la nueva normativa penal cuente con suficientes recursos humanos para su aplicación efectiva.
La ampliación de unidades judiciales fue también defendida por el Ministerio de Justicia como un paso para paliar el déficit histórico de plazas en Cataluña: una iniciativa que, según explicaron fuentes gubernamentales, ya en enero prevé la creación de 91 nuevos jueces este año, elevando de manera inmediata la capacidad operativa de los órganos judiciales catalanes.
El respaldo de ERC a este incremento fue decisivo para allanar la aprobación de la reforma penal en el Congreso, aunque desde la formación catalana se insistió en que endurecer las penas por sí solo no resolverá los problemas estructurales del sistema de justicia.
El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, celebró el acuerdo entre ERC y el Gobierno central. Así lo anunció en una rueda de prensa en la que dijo que desde el Govern y desde el departamento valoran «muy positivamente» la capacidad del Gobierno central para llegar a acuerdos con diferentes grupos parlamentarios.
«Como Govern y como departamento queremos agradecer y queremos aplaudir» el acuerdo para la reforma del Código Penal y la LECRim para frenar la multirreincidencia, impulsado por Junts, y el acuerdo de ERC con el Ministerio de Justicia para la creación de nuevas unidades judiciales en Cataluña, dijo Espadaler.
De esta forma, se pasará de la ratio actual de 10,6 jueces por cada 100.000 habitantes en Catalunya, «lejos de España y más lejos todavía de Europa» a una ratio de 11,89 jueces por cada 100.000 habitantes este año y, con el acuerdo alcanzado ayer, a 12,8 en 2027.
