Uno sufrió una fractura abierta por un adoquín lanzado desde una azotea y quedó con incapacidad permanente a los 45 años.
El otro perdió el conocimiento y arrastra desde entonces un estrés postraumático severo. Interior dijo que no. Ahora decide la Audiencia Nacional.
Los dos agentes de la Policía Nacional formaban parte de las Unidades de Intervención Policial (UIP) –antidisturbios–. Fueron gravemente heridos durante los disturbios de Tsunami Democràtic en la plaza Urquinaona de Barcelona.
Después de agotar la vía administrativa han llevado a los tribunales al Ministerio del Interior que dirige el magistrado Fernando Grande-Marlaska.
¿La razón?: Interior se negó a reconocerlos como víctimas del terrorismo. Sus abogados consideran que esa negativa es contraria a Derecho. Y ahora será la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional quien tiene decidirá quien tiene la razón.
Los hechos que dieron origen a todo esto ocurrieron el 1 de octubre en la emblemática plaza barcelonesa. Lo que el expediente incorporado al procedimiento describe no es una protesta que se descontroló.
Es otra cosa. Adoquines lanzados desde azoteas. Ácido. Rodamientos metálicos. Cócteles molotov. Bolas de petanca. Objetos contundentes. Una noche de violencia organizada que dejó a dos policías destrozados.
El primero de los agentes, identificado en las actuaciones como A.G.B., recibió el impacto de un adoquín lanzado desde altura. El resultado: fractura abierta de radio. Varias intervenciones quirúrgicas después, la secuela fue irreversible. Incapacidad permanente. Apartado del servicio con 45 años. Una carrera policial truncada por un proyectil arrojado desde una terraza.
El segundo, A.M.H.S., perdió el conocimiento durante el operativo. Lo que vino después fue el diagnóstico que muchos agentes conocen y pocos quieren pronunciar en voz alta: estrés postraumático.
Su declaración ante la autoridad judicial no deja margen a la interpretación. «Pensé que no saldría vivo. Ese fue mi último servicio.»
Ambos agentes acudieron a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Presentaron su solicitud. La respuesta llegó el 26 de febrero en forma de resolución denegatoria.
Recurrieron ante el propio ministro. Interior volvió a decir que no.
Agotadas todas las instancias administrativas, sus abogados —José Carlos Velasco Sánchez y Juan Ignacio Fuster-Fabra Toapanta, de la firma Fuster-Fabra Abogados, e Ibor Fernandes Romero, de Statera Legal— interpusieron recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional dentro del plazo legal previsto en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La demanda pide al tribunal que examine si las resoluciones denegatorias de Interior se ajustan o no a Derecho.
El expediente, sostienen los letrados, se enmarca inequívocamente en un contexto de violencia urbana organizada impulsada por Tsunami Democràtic. Y ahí está el núcleo del debate jurídico que la Audiencia Nacional tendrá que resolver.
Pero hay algo más. La representación legal de los agentes advierte de que este caso no es solo el de A.G.B. y A.M.H.S.
Su resolución puede marcar el criterio administrativo y judicial aplicable al reconocimiento de víctimas en hechos vinculados al terrorismo. Un precedente, en definitiva, con consecuencias que van mucho más allá de dos funcionarios heridos en una plaza de Barcelona.
La pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Nacional. Interior tendrá que justificar ante los magistrados por qué dos policías que recibieron adoquines, ácido y cócteles molotov en el ejercicio de sus funciones no merecen, a su juicio, la consideración de víctimas del terrorismo.
Los altercados de Tsunami Democràtic en Barcelona ocurrieron en octubre de 2019 como protesta por la condena del Tribunal Supremo a líderes independentistas del procés. Las movilizaciones incluyeron bloqueos y manifestaciones, especialmente en el aeropuerto y en Urquinaona, y algunas derivaron en disturbios violentos con enfrentamientos entre manifestantes y policía.
