El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido Ana María Fuentes y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.
El magistrado investiga, entre otras cuestiones, si existieron pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba obtener información sensible sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Las nuevas imputaciones se han conocido el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a primera hora de este miércoles a la sede nacional del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid.
La entrada de los agentes responde a un requerimiento de documentación ordenado por Pedraz dentro de una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez —considerada por los investigadores como una presunta “fontanera” vinculada al PSOE— y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.
El magistrado también ha ordenado a la UCO personarse en los domicilios de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. Las diligencias afectan igualmente al empresario Javier Pérez Dolset, que también figura ya como investigado en la causa.
Zarrías reconoció pagos a Leire Díez
Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, ya declaró en otra investigación abierta en los Juzgados de Plaza de Castilla, dirigida por el magistrado Arturo Zamarriego, relacionada igualmente con Leire Díez.
En esa comparecencia explicó que contrató a Díez para investigar una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, procedimiento en el que el propio Zarrías fue juzgado. Según detalló, llegó a abonarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses.
A comienzos de este mes, Pedraz acordó prorrogar durante un mes más el secreto de sumario de la investigación que afecta a Díez, Vicente Fernández y otros investigados por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
El magistrado asumió la investigación en diciembre de 2025 tras la detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y vinculado al ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán.
La UCO investiga el cobro de 700.000 euros en comisiones
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado alrededor de 700.000 euros en comisiones mediante operaciones que implicaban a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
Según consta en un auto dictado por el magistrado Antonio Piña —que estaba de guardia cuando los detenidos pasaron a disposición judicial— los investigados habrían formado parte de un grupo denominado “Hirurok”, presuntamente orientado a influir en expedientes tramitados en la Administración pública en beneficio propio o de terceros.
La investigación sostiene que entre 2021 y 2023 actuaron de forma coordinada con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante el cobro de comisiones a través de contratos y facturación supuestamente irregulares.
De acuerdo con las pesquisas, el grupo habría logrado decisiones favorables a sus intereses a través de distintos cargos públicos y administraciones, utilizando para ello empresas públicas y entidades vinculadas a la SEPI en al menos cinco operaciones actualmente bajo investigación.
Durante el registro del domicilio de Leire Díez, la UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos. Posteriormente, el magistrado ordenó a la Guardia Civil realizar un expurgo del contenido para preservar aquella información ajena a la causa.
La Guardia Civil ya había accedido a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025, tras la imputación de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido.
