Lo legal y lo legítimo pueden no coincidir, como ocurre actualmente en el ejercicio del poder por el Gobierno español.
La legalidad hace referencia a la adecuación al derecho vigente, a las normas escritas, mientras que la legitimidad lo es a las normas morales, a la ética y al consenso social.
El Gobierno es legal, pues su presidente, Pedro Sánchez, fue elegido por el Congreso de acuerdo con las normas de la Constitución y, además, legítimamente, pues contaba con el apoyo expreso de la mayoría del Congreso, aunque fuera la segunda fuerza parlamentaria.
La primera era y es el Partido Popular, pues lo importante es el apoyo de la mayoría de congresistas, aunque se distribuyan en diferentes grupos, algo que le cuesta entender al PP, agarrado al «hemos ganado las elecciones». Sí, pero no; solo triunfo relativo e insuficiente.
Pero una serie de acontecimientos han convertido en ilegítimo el ejercicio del poder por el Gobierno, aunque siga siendo legal, mientras no cese o sea cesado, con arreglo a lo previsto en la Constitución.
Veamos cuáles son los hechos más importantes que han convertido al Gobierno en ilegítimo.
El incumplimiento presupuestario como punto de ruptura
En primer lugar, su incumplimiento del fundamental mandato constitucional de presentar anualmente los Presupuestos Generales del Estado.
No es algo potestativo hacerlo, sino obligatorio, pues el artículo 134.3 de la Constitución dice imperativamente que el Gobierno «deberá» presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
Desde las elecciones del año 2023 no lo ha hecho ni una sola vez.
En cualquier país de la Unión Europea ello implicaría la dimisión del Gobierno.
La Constitución, por una omisión flagrante de sus redactores, no ha previsto consecuencias jurídicas, pese al mandato imperativo de hacerlo, quizás porque no pensaron que tal negligencia sería posible en un Gobierno.
Lo que no es obligatorio es la duración de cuatro años del mandato del Congreso y del Senado, a que se aferra Sánchez tergiversando la Constitución, pues además de los casos de cese del Gobierno por pérdida de confianza parlamentaria a que alude el artículo 101.1, añade el artículo 115.1 que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, y añade que el decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.
O sea que puede disolver, tal y como le están pidiendo desde diversos ámbitos que pasamos a examinar.
En segundo lugar, sus socios, entre ellos Junts, PNV, ERC y Podemos, han manifestado públicamente que ya no le apoyan y le piden elecciones.
Ello, unido a la petición de la oposición y de importantes y cualificados socialistas, que también reclaman elecciones, como, entre otros, personas de gran prestigio político como Emiliano García-Page, Felipe González o Joaquín Leguina, y, por supuesto, el clamor de la inmensa mayoría de la prensa independiente, hacen que haya perdido la legitimidad política que tuvo.
Es cierto que los partidos nacionalistas y de izquierdas, aunque desean elecciones, no apoyan una moción de censura, pero por no unirse a votar con el PP y Vox, y por eso reclaman que las convoque Sánchez.
En tercer lugar, el fracaso continuo del PSOE en las cuatro últimas elecciones autonómicas celebradas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, que evidencia un voto de castigo a la política de Pedro Sánchez, entregado a favorecer intereses de la derecha económica nacionalista para que le mantengan en La Moncloa sea como sea.
Y, por supuesto, intentando incluso ceder competencias autonómicas más allá de la legalidad constitucional, como sucede, entre otras, con el control de la emigración o prometer cosas que dependen de Europa y no del Gobierno, como el uso de las lenguas autonómicas en la Unión Europea.
La crisis de confianza provocada por los escándalos de corrupción
En cuarto lugar, todo el tema de la corrupción que rodea al Gobierno, al PSOE y al mismo entorno del presidente, que copa desde hace tiempo toda la actualidad informativa.
Esto daría para varias columnas, como ya se están escribiendo en estas páginas de Confilegal.
Hay que recalcar la gravedad de lo último que se está sabiendo del sumario del caso llamado de Las Cloacas o de Leire Díez, en que lo que se buscaba no era simplemente destruir pruebas contra el Gobierno o el PSOE, caso Kitchen del PP, sino algo mucho más grave: el ataque frontal al Estado de derecho, tratando de destruir profesionalmente a jueces, fiscales independientes y miembros de las FOP, especialmente la UCO, que perseguían la corrupción política.
Es intolerable la intoxicación del relato de ciertos políticos, atacando la independencia judicial, con un lenguaje que va de zafio a calumnioso.
Se trata, en definitiva, de amedrentar a cualquiera que pueda perseguir la corrupción política, sean jueces, fiscales independientes, la UCO o la UDEF y, por supuesto, a los periodistas y la prensa independiente.
Esto deslegitima a cualquier Gobierno o partido que pretenda ser democrático.
En conclusión, el Gobierno seguirá siendo legal, pero ilegítimo políticamente.
Y que nadie espere adelantos electorales. Pedro Sánchez no está por la labor, y no parece que vaya a estarlo, con lo que está cayendo a su alrededor. Conservar el poder es su mayor protección, pues seguro que no se cree las encuestas de Tezanos o convocaría ya elecciones.
Es un hombre muy listo y sabe siempre decir y hacer lo más útil a sus intereses particulares, que los convierte en asuntos de partido y/o de Estado.
Sabe manipular a la opinión pública, dominar la imagen, y quien quiera derrotarlo electoralmente tendrá que saber hacer una gran campaña y no caer en ingenuidades.
En otro caso, habrá un Sánchez legitimado de nuevo, pues intentará como sea dar la vuelta a los temas judiciales que le afecten directa o indirectamente.
