– ¿Un chapuzón en la piscina, caballero?
– Lo siento, me da asco.
Este diálogo está basado en un hecho real que conozco de primera mano: alguien había tenido la ocurrencia de defecar en una piscina pública.
Los responsables de las instalaciones se habían apresurado a echar toneladas de cloro hasta que los análisis del agua habían retornado, decían, a niveles de óptima salubridad.
No lo dudo, pero, sin vaciarla hasta la última gota, a mí que esperen.
Esa misma repugnancia la sentimos tras el estallido de las cloacas en el “caso Fontanera”, el celebérrimo proceso judicial que instruye el magistrado don Santiago Pedraz relativo a la extorsión a jueces, fiscales, policías y guardias civiles.
De probarse los indicios, una trama de criminales, a las órdenes de un puñado de políticos corruptos, se habría afanado por abortar las pesquisas judiciales que salpicaban al entorno de la Presidencia del Gobierno.
Pretendían buscar trapos sucios para chantajearlos.
Este escenario sería impensable en otros países tan “avanzados” como el Reino Unido o Alemania. ¿Acaso porque no pertenecen a esa raza de truhanes mediterráneos, piara de cerditos holgazanes y ladrones, a los que despectivamente motejan como pigs – Portugal, Italy, Greece, Spain?
Pues no, la razón es más prosaica: sus ciudadanos ni se habrían enterado.
Por esos lares nórdicos el delito lo investigan fiscales a las órdenes del Poder Ejecutivo. Una llamadita a tiempo (eso sí, desde un móvil seguro) y a respirar tranquilos.
Cuesta trabajo imaginar a un delincuente convicto como el anterior Fiscal General del Estado, muñidor de relatos, destapando ese submundo de saunas, mordidas, sobrinas y joyas. Para eso tenemos nosotros jueces instructores.
Digámoslo sin tapujos, la legislación procesal española, de tradición romana, es jurídicamente superior a la de nuestros vecinos foráneos. Basta de complejos
¿Qué fue de aquellos que reclamaban eliminar a los jueces instructores para, de este modo, equipararnos a nuestro entorno europeo?
Bien calladitos que están ante la que está cayendo. Esperan a que escampe para volver a la carga. Hay que responder a una pregunta sin cobardía.
¿Qué modelo preferimos? La independencia de la investigación criminal, sin conexión alguna con la política; o bien que los investigadores sean solo autónomos, directa o indirectamente relacionados con el Poder Ejecutivo o Legislativo.
¡Cuán mala es nuestra memoria! Olvidamos que los partidarios de entregar la investigación criminal al Ministerio Público concebían la instrucción como una actividad ideológica, al servicio de la política criminal del Gobierno.
Ahora no se atreven a confesarlo y disfrazan su argumentario de ropajes técnicos sin tocar la cuestión clave, la agenda oculta, esto es, la incompatibilidad entre autonomía e independencia.
No nos engañemos, sin investigadores “independientes” (ojo, no digo “autónomos”) jamás se habrían descubierto las alcantarillas. Peor aún, habría continuado el espionaje a ciudadanos intachables pero incómodos a las mafias encaramas en las altas instituciones del Estado.
Más allá de hacer la vista gorda, se trataba de fabricar falsas inculpaciones para quitárselos de en medio. No sé a ti, pero a mí me hiela la sangre. Por mucho que blanqueen con cloro el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, mientras quede la más mínima excrecencia de influencia política, seguiremos chapoteando en materia fecal.
Querido lector, tú escogerás. La investigación judicial debe estar dirigida por una autoridad independiente, imparcial, inamovible, ideológicamente neutral y del todo desconectada de la política.
Paradójicamente, si revisten al fiscal de esas garantías, lo habrán convertido en un juez instructor. ¿Y si no? Bueno, sería como beberte el agua del retrete.
