Leticia de la Hoz no va a quedarse quieta.
La letrada que defiende a Koldo García en el proceso que le ha llevado ante el Tribunal Supremo ha decidido plantar cara al juez Santiago Pedraz.
Ha recurrido el auto que la citaba a declarar el próximo 19 de julio como investigada en el denominado ‘caso Leire Díez’. Su argumento es contundente: la resolución judicial no concreta ni un solo hecho que justifique su imputación.
El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, lo firma el letrado Carlos Bautista. Y va directo al hueso.
«La imputación no es un rótulo genérico que se predique en abstracto de unas actuaciones», escribe Bautista en el escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Es «la atribución a una persona determinada de un hecho punible determinado». Y en el auto de Pedraz, arguye la defensa, no aparece individualizado ninguno de los delitos que supuestamente se le imputan a su representada.
Nueve delitos en bloque. Desde organización criminal hasta acusación falsa. Desde cohecho hasta falsedad documental. Sin precisar cuál de ellos. Sin identificar sobre qué base fáctica se sustenta cada uno.
Para Bautista, eso «constituye la negación misma de la imputación».
Una trama bajo sospecha
El contexto es el de una investigación que apunta alto.
El juzgado de Pedraz indaga una presunta trama orquestada para torcer el curso de procedimientos judiciales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno. En el centro del esquema, según el relato judicial, estarían el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y Leire Díez, a quien se sitúa como coordinadora de la operación.
¿El papel que se le atribuye a De la Hoz? Haber ofrecido dinero a la empresaria Carmen Pano para que modificara su declaración sobre los 90.000 euros que ella misma afirmó haber trasladado hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz.
Una acusación de enorme gravedad. Y que De la Hoz niega de forma categórica.
El único testigo de cargo, bajo sospecha
La defensa no solo cuestiona la forma de la imputación. Ataca también su fondo.
El «único sustento» de la acusación contra De la Hoz, subraya Bautista en el recurso, es la declaración de la propia Carmen Pano ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Y Pano, recuerda la defensa, es «persona ella misma multiinvestigada» que tenía razones propias y poderosas para ocultar la verdadera naturaleza de sus reuniones con la letrada.
No es un reparo menor.
Pano se encontraba ya investigada y había llegado a ser privada de libertad por una presunta defraudación de IVA.
El objeto real de sus contactos con el despacho de De la Hoz, sostiene la defensa, era la venta de varias operadoras de hidrocarburos «incursas en esa misma irregularidad». Si ese extremo salía a la luz, Pano se exponía a volver a prisión.
«El interés dista de ser genérico», advierte Bautista. Era un interés muy concreto. Y muy medible.
La declaración de Pano ante la UCO, además, «ha sido documentalmente contradicha», sostiene la defensa. Los contactos de febrero de 2025 entre ambas tuvieron un objeto «verdadero y lícito»: la intermediación en la búsqueda de un comprador para esas operadoras.
Una gestión que el propio despacho de De la Hoz rechazó, según alega, al detectar el fraude de IVA.
«Negamos que se haya realizado ofrecimiento económico alguno a Carmen Pano, ni directamente ni por persona interpuesta, con la finalidad de que modificara declaración alguna. Tal ofrecimiento no existió.«
Las palabras del recurso no dejan margen de interpretación.
Lo que declaró Pano
La versión de Carmen Pano, recogida en su testifical del 27 de abril ante agentes de la UCO, es radicalmente distinta.
Según su relato, De la Hoz y un socio de su despacho se reunieron con ella y con su chófer, Álvaro Gallego, y les dijeron que «había gente interesada en hablar» con ellos sobre «las entregas de dinero en Ferraz».
Ante el asombro de Pano, la letrada habría confirmado que esa gente era «del PSOE». El propósito declarado, según la empresaria: «salvar el culo a Ábalos y a Koldo».
En una reunión posterior, De la Hoz les habría preguntado directamente qué querían a cambio del «favor». Pano respondió con cifras: 25.000 euros para la boda de su hija Leonor González, entre 2.500 y 2.800 euros mensuales para el alquiler de su casa. Gallego, por su parte, reclamó 15.000 euros para comprarse un coche.
Son dos versiones frontalmente incompatibles.
Y ahora le corresponde al magistrado Pedraz decidir si la imputación, tal y como está formulada, supera el umbral mínimo que exige la ley.
