Hay decisiones judiciales que parecen un trabalenguas moral. Esta es una de ellas. Un juez federal ha prohibido a Alabama ejecutar a un preso mediante hipoxia por nitrógeno.
¿La razón? Que existe una alternativa: el pelotón de fusilamiento.
Léalo otra vez, porque no hay errata. El tribunal no dice que no se pueda ejecutar a Jeffrey Lee. Dice que no se le puede matar de esa manera concreta, porque hay otra forma de hacerlo que el propio condenado considera menos cruel. Y esa otra forma es que cinco tiradores le disparen.
El argumento, en frío
La juez Emily C. Marks, del Distrito Medio de Alabama, resolvió el martes que el protocolo de asfixia por nitrógeno vulnera los derechos de Lee bajo la Octava Enmienda —la que prohíbe los castigos crueles e inusuales— precisamente porque su alternativa propuesta, el pelotón, es viable.
La clave está en una exigencia que suena casi kafkiana pero que es jurisprudencia consolidada del Decimoprimer Circuito: quien quiera impugnar un método de ejecución tiene que ofrecer una alternativa factible. No basta con decir «esto es cruel».
Hay que decir «esto es cruel, y miren, existe esta otra opción menos lesiva que ustedes se niegan a usar».
Lee cumplió el guion. Propuso el fusilamiento.
Y la juez fue tajante con el Estado: «El Estado no ha articulado una razón penológica legítima para negarse a adoptar la alternativa propuesta por Lee». Por tanto, concluyó, Lee ha demostrado que el protocolo de nitrógeno constituye un castigo cruel e inusual.
El caso venía de vuelta. Un primer juicio de tres días, en mayo, había concluido que el nitrógeno provoca «de uno a tres minutos de hambre de aire severa» pero que eso no violaba la Octava Enmienda. Lee recurrió.
Y el lunes la juez del Decimoprimer Circuito le dio la razón: el método entraña un «riesgo sustancial de daño grave». De ahí el reenvío y la resolución del martes.
El Decimoprimer Circuito es uno de los tribunales federales de primera instancia de Estados Unidos. la juez Marks fue nombrada para el cargo por el presidente Donald Trump y confirmada por el Senado en 2018.
Qué dicen los testigos
El protocolo de Alabama tiene la frialdad de un manual técnico. Al condenado se le lleva a la cámara, se le sujeta a una camilla y se le coloca una mascarilla de tipo industrial. Tras leer la orden de ejecución y darle ocasión de pronunciar sus últimas palabras, el nitrógeno puro fluye durante 15 minutos —o hasta 5 minutos después de que el electrocardiograma marque la línea plana, lo que dure más—.
Sobre el papel, indoloro. En la práctica, según la demanda de Lee, los reclusos han sufrido «exponencialmente más» de lo que sostiene el departamento penitenciario.
Testigos presenciales describieron a personas «convulsionando, temblando con violencia y luchando por respirar».
El nitrógeno llegó a Alabama por la puerta de atrás. El Estado lo autorizó en 2018, cuando los fabricantes de fármacos se negaron a seguir suministrando las sustancias de la inyección letal.
Sin químicos, los estados buscaron salidas. El gas fue una de ellas.
Se ha usado pocas veces; la demanda de Lee hablaba de apenas cinco ejecuciones en la historia de Alabama, a las que el Estado sumó otras dos después de que él presentara su pleito.
La objeción del Estado: no encontramos cinco tiradores
Alabama peleó duro contra el fusilamiento. Su argumento principal fue casi logístico: la dificultad de reunir a cinco tiradores entrenados para llevar a cabo la ejecución.
La juez Marks no se lo compró. Para ella el problema no era la imposibilidad, sino la falta de voluntad: el Estado simplemente no quería usar una alternativa por lo demás viable.
Resultado: prohibición permanente de aplicar el nitrógeno a Lee. Eso sí, la juez dejó la puerta abierta a otras vías legales —la electrocución, o la propia inyección letal si Alabama logra hacerse con los fármacos—. El condenado no se libra de la pena capital. Solo de ese método.
El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, cargó contra lo que llamó «unos pocos activistas de extrema izquierda» de la ACLU (la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), y de un periódico digital local de Alabama, a los que acusó de querer «criminales peligrosos de vuelta en nuestras comunidades».
Su oficina recordó que durante casi treinta años los tribunales han revisado y confirmado la condena y la pena de Lee, y que el proceso legal ha seguido su curso completo.
Quién es el condenado
Conviene no perder de vista el origen de todo esto. Lee fue condenado por un doble asesinato cometido en diciembre de 1998: usó una escopeta de cañones recortados, comprada en una casa de empeños, para matar a dos personas y herir a una tercera. Después huyó a Georgia, donde fue detenido a la mañana siguiente y devuelto a Alabama.
Queda lo esencial, que es también lo más perturbador: un sistema en el que un hombre tiene que pedir que lo fusilen para evitar algo peor. Y un tribunal que le da la razón.
