Los discursos pronunciados por el Papa durante su viaje a España pueden analizarse desde múltiples perspectivas: religiosa, social, política o cultural. Sin pretensión de agotar el significado de un viaje necesariamente complejo y plural, existe una lectura jurídica de conjunto que merece ser destacada.
A lo largo de sus intervenciones, León XIV ha insistido en una idea que resulta especialmente relevante para los juristas: la necesidad de volver a situar a la persona humana en el centro de las decisiones públicas.
La reflexión trasciende el ámbito estrictamente religioso. En una época marcada por la Inteligencia Artificial -en adelante, IA-, la automatización de procesos, las migraciones, las tensiones geopolíticas y las profundas transformaciones económicas y sociales, el Papa parece plantear una pregunta previa a todas las demás: ¿qué valor atribuimos a cada ser humano?
El artículo 10.1 de la Constitución Española proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad constituyen el fundamento del orden político y de la paz social.
No se trata de una declaración simbólica. Es el principio sobre el que descansa todo nuestro sistema de derechos fundamentales. Tampoco es casual que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sitúe la dignidad humana en el primero de sus artículos, afirmando que es inviolable y debe ser respetada y protegida.
Legalidad frente a legitimidad
La idea estuvo también presente en el discurso pronunciado por León XIV ante las Cortes Generales el pasado 8 de junio.
Al recordar que la dignidad humana precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada al vaivén de las mayorías, evocó una cuestión clásica del pensamiento jurídico que reactiva el eterno debate entre el positivismo de Kelsen y las corrientes iusnaturalistas: la diferencia entre legalidad y legitimidad.
Frente a una visión puramente formalista donde la norma es válida por emanar del poder del Estado, la reflexión papal conecta con un constitucionalismo material y axiológico. Como vino a señalar en su intervención: “Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse”.
Esta apelación a la centralidad de la persona no constituye una proclama abstracta ni un mensaje dirigido a una opción política concreta.
La dignidad humana, fundamento de nuestro Estado de Derecho, no puede convertirse en patrimonio exclusivo de ninguna ideología.
La reflexión interpela tanto a los poderes públicos como a cada ciudadano, recordándonos que el valor de una persona no depende de su utilidad, de su productividad ni de la función que desempeñe dentro de una estructura económica, política o tecnológica.
La afirmación resulta especialmente relevante en una época en la que el debate público suele centrarse en la eficacia de las normas o en su viabilidad política.
Sin embargo, la cuestión decisiva sigue siendo otra: si la ley protege efectivamente a la persona y reconoce su dignidad como fundamento y límite de toda actuación pública.
La centralidad de la dignidad humana que caracteriza al constitucionalismo europeo contemporáneo es el resultado de una larga evolución intelectual, filosófica y jurídica.
Entre las tradiciones que contribuyeron decisivamente a su consolidación destaca la tradición judeocristiana, que afirmó la igual dignidad de todo ser humano con independencia de su origen, condición o utilidad social.
Esta idea atraviesa buena parte de los desafíos que afrontan hoy las democracias europeas.
El ser humano frente al algoritmo
La regulación de la IA, la protección de datos personales, la identidad digital o los límites a la toma de decisiones automatizadas responden, en el fondo, a una misma preocupación: garantizar que la persona siga siendo el centro del sistema y no un mero objeto de gestión tecnológica.
Los datos son imprescindibles para gobernar sociedades complejas. La IA necesita datos para aprender. Las administraciones necesitan estadísticas para diseñar políticas públicas. Los mercados necesitan información para funcionar.
El problema comienza cuando dejamos de ver personas y empezamos a ver únicamente datos. Cuando el ciudadano deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en un registro, una categoría o una predicción.
Cuando la dignidad queda oculta detrás de una puntuación algorítmica.
Como recuerda León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, ninguna persona puede quedar reducida a la condición de dato, perfil, puntuación o predicción algorítmica.
Cuando un algoritmo decide el acceso a un empleo, cuando una administración utiliza sistemas automatizados para adoptar determinadas decisiones o cuando una plataforma digital perfila el comportamiento de millones de usuarios, la cuestión jurídica de fondo sigue siendo la misma: cómo preservar la dignidad y los derechos de la persona frente a estructuras cada vez más complejas y poderosas.
Por eso resulta significativo que el Papa no haya presentado la tecnología como un problema en sí mismo. Su preocupación no parece dirigirse contra el progreso, sino contra la posibilidad de que éste pierda su orientación humana.
Más allá de las estadísticas económicas
La misma lógica apareció proyectada sobre diversos asuntos abordados durante el viaje.
En sus referencias a las migraciones, a la pobreza, a la acción política o al desarrollo tecnológico, León XIV insistió en una idea constante: detrás de cada decisión pública existen personas concretas, titulares de una dignidad que no puede quedar subordinada a intereses económicos, cálculos estadísticos o dinámicas de poder.
La apelación a una cultura del encuentro, de la responsabilidad y de la paz constituye, en este sentido, una consecuencia directa de esa concepción de la persona humana.
No se trataba de una invitación a la nostalgia ni de una propuesta de regreso al pasado. El mensaje era otro: una sociedad difícilmente puede construir su futuro si olvida los principios que hicieron posibles sus mayores conquistas éticas, jurídicas y democráticas.
Desde la perspectiva cristiana, el fundamento último de esa visión se encuentra en Cristo, porque para el Papa es Cristo quien revela plenamente el valor irreductible de cada ser humano.
Puede compartirse o no esa fundamentación teológica. Sin embargo, la conclusión práctica resulta fácilmente reconocible para cualquier jurista: ninguna persona puede ser reducida a un dato, un algoritmo, un recurso económico o una simple estadística.
Tal vez esa sea la principal lección jurídica que puede extraerse del viaje del Papa a España.
Antes de preguntarnos qué puede hacer la tecnología, cómo deben transformarse nuestras instituciones, cómo afrontar los movimientos migratorios o qué modelo económico queremos construir, existe una cuestión previa de la que dependen todas las demás: qué lugar ocupa la persona humana.
Porque la dignidad no es un límite que obstaculiza el progreso. Es precisamente la condición que lo legitima.
Y quizá esa sea la gran advertencia de nuestro tiempo: una sociedad puede disponer de más tecnología, más datos y más capacidad de decisión que nunca. Lo que no puede permitirse es olvidar para quién existen.
