No quiero perder la esperanza de que con los MASC pase lo mismo que con las tasas judiciales, que desaparezcan y dejen de complicarnos la vida y el acceso a la justicia; pero, en concreto, cuando hablamos de los MASC, es algo más amplio: es un fenómeno que se repite una y otra vez en el Turno de Oficio: la normalización de asumir nuevas cargas, nuevas obligaciones y nuevas responsabilidades sin una retribución suficiente, homogénea y, a veces, ni siquiera existente.
La Ley Orgánica 1/2025 ha introducido los Medios Adecuados de Solución de Controversias como requisito de procedibilidad en numerosos asuntos civiles y mercantiles.
Es decir, antes de acudir al juzgado, el ciudadano debe intentar una vía extrajudicial previa, nada novedoso, ya que hasta el momento siempre había que intentar una reclamación previa… pero han decidido enrevesarlo todo.
Sobre el papel, suena medianamente bien: descongestionar la justicia, favorecer acuerdos y evitar pleitos innecesarios (vayámonos buscando otra profesión). Pero el problema aparece cuando bajamos al terreno real del Turno de Oficio.
Porque cuando el ciudadano tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita, surge la pregunta práctica: ¿quién informa al ciudadano? El abogado del Turno.
¿Quién estudia la viabilidad del asunto? El abogado del Turno.
¿Quién redacta la comunicación, la oferta, la reclamación previa o el intento de solución extrajudicial? El abogado del Turno.
En definitiva, ¿quién hace el MASC? Lo hace el abogado o abogada del Turno.
Y entonces llega la pregunta esencial, la que normalmente se intenta esquivar: ¿quién paga ese trabajo?
Porque reconocer el derecho del ciudadano a recibir asistencia letrada en los MASC no equivale automáticamente a garantizar la retribución efectiva del profesional que lo presta.
Y ahí está el núcleo del problema: se reconoce la obligación, pero no se asegura el módulo, el cauce, la casilla o el procedimiento real para certificar y cobrar esa actuación.
En Salamanca puede tramitarse el expediente de justicia gratuita (solo uno, tanto para el MASC como para el procedimiento principal) y puede existir designación profesional para asistir al ciudadano.
Sin embargo, el problema surge cuando el trabajo asociado al MASC no cuenta con una retribución específica e independiente. La obligación existe; el mecanismo real para certificar y cobrar esa actuación, no.
Y lo que no se puede certificar, no se cobra; y lo que no se cobra, acaba siendo trabajo gratuito.
Porque un MASC no es una llamada rápida ni un trámite automático. Un MASC exige estudiar el asunto, escuchar al ciudadano, revisar documentación, valorar la pretensión, analizar la viabilidad, preparar una reclamación o propuesta, dejar constancia documental, esperar respuesta y acreditar el intento de solución. Y después, si no hay acuerdo, toca preparar la demanda.
Y además hay otra cuestión que no podemos pasar por alto: si ese MASC está mal planteado o mal documentado, la consecuencia puede ser gravísima: pérdida de tiempo (en el mejor de los casos), inadmisión de la demanda, indefensión del justiciable y responsabilidad para el profesional. Se exige una actuación técnicamente correcta, procesalmente imprescindible y jurídicamente responsable, pero no se garantiza su retribución.
Esto no es eficiencia. Esto es trasladar el coste de la eficiencia al abogado del Turno de Oficio.
Y lo más importante es que los MASC no son un caso aislado. Son el ejemplo más reciente de un problema mayor: el de las actuaciones invisibles, por un lado, y el de las actuaciones no retribuidas, por otro.
Las actuaciones invisibles que sostienen el sistema
En relación con las actuaciones invisibles: guardias de extranjería o en partidos judiciales con disponibilidad, desplazamientos, asistencias inmediatas, entrevistas en situaciones de enorme vulnerabilidad, dificultades idiomáticas, protección internacional, alegaciones frente a devoluciones, internamientos o expulsiones, horas de espera; no se retribuyen, desaparecen del sistema como si nunca hubieran existido y ningún profesional de la abogacía las hubiera desempeñado.
Respecto a actuaciones no retribuidas, los recursos de reforma suponen análisis, estudio y redacción, pero no tienen una retribución diferenciada, al menos en el territorio ministerio. Y a partir de ahí aparece una lista que cualquier persona del Turno reconoce: subsanaciones, escritos imprescindibles, comparecencias, designaciones que no prosperan por causas ajenas, visitas a un centro penitenciario fuera de la provincia de actuación, llamadas, preparación de juicios que luego se suspenden, ejecuciones, incidentes, recursos, triple de la mayor… Una suma de actuaciones pequeñas y también de gran complejidad que sostienen el sistema, pero que muchas quedan fuera porque el sistema solo paga algunas; las demás son invisibles; y lo invisible no se paga.
A esto se añade una realidad territorial: ejercer en una provincia con dispersión y desplazamientos no es lo mismo que hacerlo donde todo está concentrado.
En Salamanca se aportan datos del primer semestre de 2026: 28 asistencias de extranjería, 97 asistencias a víctimas de violencia de género y 855 asistencias al detenido, además de guardias especializadas.
Y se menciona también un dato ilustrativo: la guardia de violencia doméstica de 24 horas tenía un coste de 81,14 euros.
La conclusión es clara: el Turno de Oficio no es residual, no es anecdótico y no es voluntariado; es una estructura esencial de garantía de derechos y, precisamente por eso, debe pagarse dignamente.
El Turno de Oficio no puede seguir financiando la justicia gratuita
El artículo 24 de la Constitución consagra el acceso a la tutela judicial efectiva y el artículo 119 garantiza justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos. Pero esa arquitectura no funciona sola: necesita profesionales.
Sin abogados del Turno, la justicia gratuita se queda vacía de contenido.
Por eso hay que desmontar una idea peligrosa: que el Turno sea “vocación” y ya está. La vocación existe, sí, pero no paga autónomos, desplazamientos, formación, seguros, responsabilidad profesional ni horas de trabajo.
Y esta falta de homogeneidad y de financiación real desincentiva la permanencia y dificulta el relevo generacional.
La abogacía joven ve guardias mal pagadas, burocracia, responsabilidad, actuaciones sin retribución… y decide no entrar o salir. Eso pone el sistema en riesgo.
En Salamanca, cada vez que celebramos una junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Salamanca, que es cada quince días, tenemos escritos de uno o varios letrados solicitando su baja en el Turno de Oficio, y no se compensa con los que solicitan acceder al mismo.
Así que, cuando hablamos de MASC, no hablamos solo de mediación, conciliación, oferta vinculante o negociación previa. Hablamos de una cuestión política y administrativa de fondo: si el Estado puede imponer nuevas obligaciones profesionales sin dotarlas presupuestariamente, y si la eficiencia judicial va a construirse sobre trabajo no pagado.
Por tanto:
Toda actuación obligatoria debe tener retribución.
Todo MASC realizado por designación de justicia gratuita debe poder certificarse y cobrarse.
Toda guardia debe retribuirse.
Toda designación judicial debe ser retribuida.
Todo desplazamiento, toda actuación documentada y todo trabajo efectivo debe dejar de ser invisible y pagarse.
No pedimos privilegios. Pedimos seguridad jurídica, igualdad territorial y dignidad profesional. Pedimos que, si la ley impone un requisito de procedibilidad, la Administración cree simultáneamente el módulo económico correspondiente.
Pedimos que un expediente de justicia gratuita sea una vía real para reconocer y pagar el trabajo. Y pedimos que Salamanca y todo el territorio ministerio no se queden atrás.
Porque la justicia gratuita no es gratuita. La paga el Estado, o la terminamos pagando los abogados y abogadas.
Y durante demasiado tiempo la hemos pagado nosotros con nuestro tiempo, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo invisible. Los MASC nos obligan a decir basta.
