Los dos grandes sindicatos de la Policía Nacional han salido en tromba. Y no es para menos. Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como Jupol emitieron sendos comunicados en los que rechazan de plano cualquier insinuación que ponga en duda la profesionalidad o la honradez de los agentes que protegen a las autoridades del Estado.
El SUP lo considera «inaceptable». Jupol, una «auténtica barbaridad».
¿Qué ha provocado este enfado? Un auto judicial del que es autor el magistrado Juan Carlos Peinado. Es el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La acusa de varios presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Además, le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España.
Pero lo que ha encendido a la Policía no es el juicio en sí. Es una frase del magistrado. En su resolución, Peinado sugiere que los agentes que escoltan a Gómez podrían, en un momento dado y por decisión propia o por órdenes de sus jefes, ayudarla a escapar de la Justicia.
La reacción no se hizo esperar. Por partida doble.
El SUP: selección y formación exigentes
El SUP recuerda cómo se llega a estos puestos. Los agentes que protegen a las autoridades, explica, superan procesos de selección y formación muy duros, y desempeñan un trabajo de enorme responsabilidad siguiendo protocolos estrictos.
Estos policías, insiste, están sometidos siempre a la Constitución y a la ley, además de a principios como la neutralidad política y la imparcialidad. Por eso considera «especialmente preocupante» que se plantee la posibilidad de que colaboren en algo contrario a la Justicia.
«Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales», subraya el comunicado. Dicho de otro modo: ningún agente tiene que obedecer una orden claramente ilegal, y la ley es tajante en ese punto.
El sindicato va más allá y defiende el papel de la Policía como garantía del Estado de Derecho: hacer cumplir las decisiones de los jueces y proteger los derechos de los ciudadanos. Y termina con un aviso. El prestigio de la Policía se basa en la confianza de la sociedad.
na confianza que, advierte, no debería quedar dañada por afirmaciones genéricas que, sin señalar conductas concretas ni aportar pruebas, lanzan sobre miles de agentes «una sombra de sospecha» que no se corresponde con su trabajo diario.
Jupol habla de «auténtica barbaridad»
El sindicato Jupol fue, si cabe, todavía más contundente. Calificó de «auténtica barbaridad» que el magistrado sugiera que miembros de la Policía Nacional —»y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno»— pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier maniobra para sustraer a una persona de la acción de la Justicia.
«Lo diga quien lo diga», añaden.
Para Jupol, poner en duda su actuación «carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares». Y precisa cuál es su cometido: «Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales».
Por eso, el sindicato exige algo concreto: una rectificación. Considera «imprescindible» que el juez corrija unas manifestaciones que, «además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones».
«La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos», concluye Jupol.
El mensaje de ambos sindicatos, en definitiva, es nítido: no se puede sospechar de todos para no sospechar de ninguno.
