Permiso parental
La Administración reconoció el derecho a ausentarse por el permiso parental, pero rechazó abonarle el salario correspondiente. Foto: EP

Una funcionaria gana a la Comunidad de Madrid en los tribunales: tendrán que pagarle el permiso parental

21 / 06 / 2026 05:39

La Justicia ha dado la razón a una funcionaria pública defendida por Servilegal Abogados y ha obligado a la Administración a retribuir el permiso parental por cuidado de hijo menor de ocho años que inicialmente se negaba a pagar.

La resolución, dictada por la magistrada-juez Cristina Bustamante Gil, de la Plaza nº 6 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, estima el recurso dirigido por el abogado Ignacio Palomar Ruiz frente a la Comunidad de Madrid, reconoce el derecho de la trabajadora a percibir la retribución íntegra correspondiente y condena en costas a la Administración.

El conocido como permiso parental de ocho semanas es una medida de conciliación familiar incorporada al Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), concretamente en su artículo 49.g), para permitir que madres y padres puedan cuidar de sus hijos, hijas o menores acogidos hasta que cumplan ocho años.

Su origen se encuentra en la Directiva Europea 2019/1158, una norma aprobada para mejorar la conciliación entre la vida familiar y profesional y evitar que el cuidado de los hijos se convierta en un obstáculo laboral.

Este permiso nació con una finalidad clara: que los progenitores puedan disponer de tiempo para atender a sus hijos en una etapa esencial de su desarrollo.

Sin embargo, el gran conflicto surgió con una cuestión fundamental: si el permiso debía cobrarse o podía obligarse al trabajador a disfrutarlo sin sueldo.

Para Servilegal Abogados la respuesta era clara: «derecho de conciliación que supone perder ingresos deja de ser un verdadero derecho para muchas familias», aseguran a este medio.

“Esta sentencia manda un mensaje muy importante: cuidar de tus hijos no puede convertirse en un castigo económico. La conciliación debe ser real, no una declaración de intenciones escrita en una ley”, explica Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal Abogados.

La Administración negó el pago del permiso

El caso comenzó cuando una empleada pública solicitó disfrutar de este permiso parental. La Administración reconoció el derecho a ausentarse para cuidar de su hijo, pero rechazó abonarle el salario correspondiente durante ese periodo.

Servilegal Abogados recurrió la decisión defendiendo que la falta de regulación interna no podía utilizarse para perjudicar a los ciudadanos, especialmente cuando existía una normativa europea destinada precisamente a garantizar la efectividad de la conciliación familiar.

El juzgado acepta este planteamiento y concluye que el permiso debía tener carácter retribuido en el caso analizado, reconociendo el derecho a recuperar las cantidades dejadas de percibir.

Además, la sentencia impone las costas a la Administración, reforzando la posición defendida por el despacho.

“Demostramos que no se trataba simplemente de una discusión sobre una nómina. Se trataba de defender si los derechos familiares son reales o si solo existen para quien pueda permitirse económicamente ejercerlos”, señala Palomar.

Se abre camino en defensa del permiso parental

Desde Servilegal Abogados consideran que esta sentencia tiene una especial relevancia porque puede servir de referencia para otros empleados públicos que hayan visto limitado su derecho a conciliar.

“La Administración también se equivoca. Este caso demuestra que recurrir funciona y que detrás de un expediente puede haber un derecho que merece ser protegido”, afirma Ignacio Palomar.

El despacho recuerda que muchos ciudadanos aceptan decisiones administrativas pensando que, por venir de una Administración, necesariamente son correctas.

Para el abogado, la resolución tiene además un componente social que va más allá del procedimiento judicial: “No hablamos solo de leyes, hablamos de familias. La conciliación es uno de los grandes retos actuales y los tribunales están recordando que los derechos deben poder ejercerse en la vida real”.

Servilegal Abogados destaca que seguirá defendiendo asuntos en los que las decisiones administrativas afecten directamente al día a día de los ciudadanos.

“En Servilegal seguiremos peleando para que ninguna persona renuncie a un derecho por pensar que enfrentarse a la Administración es imposible. Nuestra labor es demostrar que sí se puede”, concluye Ignacio Palomar Ruiz.

Servilegal Abogados, con sede en Madrid, continúa consolidándose como uno de los despachos más resolutivos y tecnológicos del país.

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