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El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo a 19 años por liderar una trama de corrupción con contratos públicos

La Sala de lo Penal considera acreditado que el exministro, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama integraron una organización criminal que utilizó contratos públicos, favores administrativos y contraprestaciones económicas para obtener beneficios ilícitos,

22/06/2026 10:06

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, al considerar acreditado que ambos integraron una estructura corrupta dedicada a obtener beneficios ilícitos a través de contratos públicos y favores administrativos.

La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama actuaron de forma coordinada, con un reparto de funciones definido, constituyendo una organización criminal que operó desde posiciones de influencia política y administrativa.

El alto tribunal impone a Aldama una pena de cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, acuerda suspender la ejecución de la condena al valorar de forma extraordinaria su colaboración con la Justicia para esclarecer los hechos. La suspensión queda condicionada a que no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Entre los hechos declarados probados figura la adjudicación irregular del suministro de trece millones de mascarillas durante la pandemia a una empresa vinculada a Aldama, mediante contratos formalizados por entidades públicas como Puertos del Estado y Adif.

La resolución también considera acreditado que Ábalos percibió una retribución mensual de 10.000 euros destinada a sufragar sus “gastos fijos”, así como la contratación de dos mujeres de su entorno en empresas públicas.

Los magistrados dan por probado igualmente el pago de una vivienda a una de ellas y diversos contratos de arrendamiento con opción de compra de inmuebles en Madrid, Marbella y La Línea de la Concepción, que habrían servido como contraprestación por gestiones políticas y administrativas realizadas en favor de intereses empresariales concretos.

Según la sentencia, algunas de esas actuaciones estuvieron relacionadas con la difusión de una nota de prensa vinculada al rescate de Air Europa y con trámites para la obtención de una licencia de hidrocarburos.

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