Este lunes, mientras en Madrid se notificaba la sentencia más dura que recuerda nuestra democracia contra una trama nacida en las entrañas del partido gobernante, en Londres un primer ministro laborista hacía las maletas.

Keir Starmer, acorralado por la presión de los suyos tras el batacazo electoral, anunció su dimisión ante la puerta negra del número 10 de Downing Street.

Resistió unos días —llegó a proclamar el viernes que lucharía por seguir en el poder—, pero al final cedió, como mandan las reglas no escritas de la decencia parlamentaria británica.

Séneca habría asentido: hay una dignidad antigua en saber retirarse a tiempo. Lo escribí hace año y medio en estas mismas páginas, bajo el título «Pedro Sánchez no es Boris Johnson», y la actualidad acaba de subrayarlo con tinta roja: tampoco es Starmer.

Porque mientras el inglés se va, en la Moncloa se resiste. Y conviene, una vez más, hacer el análisis relevante de por qué. La deriva no era imprevisible: estaba escrita en la propia naturaleza de las cosas.

La carcajada que lo anunciaba todo

En noviembre de 2023, escribí en estas mismas páginas sobre aquella risa del presidente en el Congreso, la que soltó mientras Feijóo aseguraba haber ganado las elecciones.

La llamé entonces «anatomía de un instante», y dije que aquella risotada «desvergonzada, grosera», me recordaba a Nerón tocando la lira mientras Roma ardía, y a la risa espasmódica de Tiberio. Concluí con una frase que hoy releo con un escalofrío: era «el signo de algo que intuimos que no terminará bien».

No está terminando bien. Aquella carcajada, escribí, era «el derecho del revés, el revés del derecho», y en eso se ha convertido buena parte de la actualidad: en un país donde la esposa del presidente afronta juicio con jurado, donde un expresidente del Gobierno declara como investigado por seis presuntos delitos, y donde la Guardia Civil ha entrado a registrar la sede del partido que gobierna.

El catálogo de los que sí supieron marcharse

Un año después, en diciembre de 2024, volví sobre el asunto con un título que era casi un epitafio anticipado: «Pedro Sánchez no es Boris Johnson».

Recordaba allí que Johnson dimitió por las fiestas del “Partygate”; que Nixon renunció por mentir sobre el Watergate; que el alemán Wulff se retiró, decía yo, «por una escaramuza»; que Berlusconi no pudo resistir el asedio moral de sus escándalos.

Y sostenía una tesis que el tiempo ha ido confirmando con la puntualidad del reloj del Big Ben: que a don Pedro nada de eso le afecta, porque su única brújula es conservar el aforamiento y el poder para maniobrar frente a los procedimientos que cercan a su entorno.

Aventuré entonces el momento exacto de la dimisión: llegaría, escribí, «cuando sea investigado y se solicite el suplicatorio del presidente en el Congreso». Y me pregunté, medio en serio medio en sátira, si «habrá también una entrada y registro en La Moncloa», como ya la había habido en un ministerio y en la Fiscalía General.

Lo segundo aún no ha ocurrido. Pero quien repase el calendario de los últimos meses convendrá conmigo en que la pregunta ya no es escandalosa.

El retrato que envejecía en el desván

En junio de 2025 acudí a Oscar Wilde. Comparé al presidente con Dorian Gray: el rostro que se conserva joven y terso ante las cámaras mientras, en el desván, el retrato acumula los estragos de cada pacto, cada cesión, cada compañero de viaje arrojado por la borda.

Escribí que Sánchez «no tiene el control de la situación y aun así cree que puede dominarla», y resumí el motor de todo el drama en una línea que no he tenido que rectificar: «los que tienen el dinero necesitan al poder y los que tienen el poder quieren el dinero».

Ahí está el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias, la organización criminal: todo el catálogo del Libro II del Código Penal desfilando por las instrucciones.

La epístola de Séneca que no fue escuchada

Y en diciembre pasado me atreví a recordar una «Epístola moral de Séneca», glosando aquella carta XXII en que el filósofo aconseja a Lucilio abandonar los cargos públicos antes de que una fuerza mayor le arrebate la libertad de retirarse.

«Cuesta dejar los cargos —recordaba Séneca—, pero hemos de liberarnos de ellos como de una esclavitud, sin preocuparnos por las ventajas que perdemos». Y añadía el filósofo una sentencia que debería estar grabada en el dintel de La Moncloa: «nadie sale a flote con la impedimenta».

Pero el morador de La Moncloa no lee a Séneca; o lo lee como Tiberio, que acabó refugiándose en su Villa Jovis de Capri para no regresar jamás a Roma, temeroso de cuanto le aguardaba.

Análisis de la corrupción socialista desde el Big Ben 1.- El expresidente Rodríguez Zapatero

El primero en declarar como investigado en nuestra democracia, en la causa que instruye el juez Calama sobre la trama de Plus Ultra y sus sociedades satélite —una de ellas, bautizada «Análisis Relevante»—.

Ante el magistrado, el hombre que gobernó España ocho años no recordaba la comida donde presuntamente se fraguó una sociedad en Dubái para canalizar comisiones; ignoraba qué es una sociedad opaca en el extranjero; y sobre unas joyas de seis cifras halladas en su despacho pidió «más tiempo para recabar información» sobre sus propias alhajas.

Séneca, que vio de cerca la corte de Nerón, conocía bien esa amnesia selectiva de los poderosos: la memoria, escribía, es la primera cortesana que abandona al tirano.

El instructor lo imputó por seis presuntos delitos —y de paso a dos hijas y a una colaboradora, arrastradas por las sociedades de la trama— pero le ahorró la retirada del pasaporte. Detalle no menor, al que vuelvo enseguida.

2.- Begoña Gómez, esposa del presidente

A quien el juez Peinado ha enviado a juicio con jurado popular y a quien sí ha retirado el pasaporte, prohibido salir de España y obligado a comparecer dos veces al mes. Repárese en la simetría que tanto incomoda: a la esposa del presidente, el rigor; al expresidente amigo, la indulgencia.

Que cada instructor module su criterio según las circunstancias es legítimo y propio de la independencia judicial.

3.- La causa de las cloacas

Instruye el juez Pedraz la trama de la llamada «fontanera», Leire Díez, salpicada de presuntos delitos de cohecho, organización criminal, revelación de secretos y atentado contra las instituciones del Estado, con la gerente del

partido y antiguos cargos socialistas en la nómina de investigados. Y, como golpe de teatro, la Guardia Civil entrando a registrar la sede de Ferraz.

Imagínese el lector lo que habría escrito Tácito de haber visto a los pretorianos requisando documentos en la mismísima casa del partido gobernante. El poder que se creía dueño de las cañerías ha descubierto que las cañerías, a veces, revientan hacia arriba.

4.- La sentencia firme contra el Fiscal General del Estado

El primero de nuestra historia condenado en el ejercicio del cargo, por revelar lo que su deber le mandaba callar. Defendí en su día —y lo reitero— que enfrentarse a toda una Sala Segunda del Tribunal Supremo era empresa de necios; que no se le permitiera dimitir, terquedad de soberbios.

Séneca lo habría diagnosticado sin titubear: nada delata tanto al tirano como su empeño en sostener lo insostenible por no admitir el error. El borrado de los mensajes no le ayudó: en Derecho, destruir las huellas es la confesión más ruidosa.

5.- El hermano del presidente, David Sánchez

Su juicio quedó visto para sentencia por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en su pintoresca contratación pública, con la singularidad

—muy de nuestro tiempo— de que la propia Fiscalía pidió su absolución mientras las acusaciones populares mantuvieron el envite.

6.- Caso Mascarillas

Este mismo lunes 22 la Sala Segunda del Tribunal Supremo notificó su fallo en el caso de las mascarillas, la Causa Especial 20775/2020, que merece ser citado en su literalidad.

«Que debemos condenar y condenamos a los acusados (…) — A José Luis Ábalos Meco, como autor de los delitos (…): a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal y otro continuado de cohecho, en concurso real,(…)

Para el que fuera ministro de Transportes y número tres del partido, el tribunal fija, conforme al art. 76 CP, un máximo de cumplimiento efectivo de quince años; para su antiguo asesor Koldo García Izaguirre, condenado igualmente por organización criminal y cohecho continuado del art. 419 CP, el tope se eleva a quince años y dieciocho meses.

Aquellos dos compañeros del Peugeot van a tener tiempo sobrado para dedicarse a la filosofía estoica, que tanto consuela en el infortunio.

Víctor de Aldama, corre distinta suerte, y la sentencia lo explica sin ambages: condenado también, pero a causa de las atenuantes de confesión y reparación parcial del daño, se le suspende la ejecución de las penas privativas de libertad durante cinco años, condicionado a que no delinca, comparezca semestralmente e informe de sus actividades.

No entra, pues, en prisión. Ya escribí en su día que Aldama había trazado la hoja de ruta de la hecatombe el día que prefirió la colaboración a la lealtad; el fallo no hace sino certificarlo.

Conclusión estoica

Todos los citados son inocentes mientras una sentencia firme no diga lo contrario pero la responsabilidad política no espera a la penal, ni se rige por sus plazos: es de otra naturaleza, anterior y más exigente, y reclama un pudor que aquí brilla por su ausencia.

Quien hizo de la regeneración su bandera y de la ejemplaridad su lema queda, por ello mismo, especialmente concernido; y con él, los socios que sostienen la nave a cambio de su propio peaje.

Séneca esperaría que el final fuese, al menos, digno. Mucho me temo, sin embargo, que en La Moncloa se siga prefiriendo colgar a caer de una vez, contra el consejo expreso del filósofo.

Este lunes, mientras un primer ministro británico aprendía en Londres la vieja lección estoica de la retirada a tiempo, en Madrid se notificaba una sentencia de quince años y el morador de La Moncloa seguía, imperturbable, atrincherado en su fortaleza publicando videos sobre cremas solares.