Tardó en llegar, pero llegó. El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo —’Tito Berni’ desde que su nombre saltó a los titulares— se enfrenta a una petición fiscal de 8 años de prisión por cohecho y pertenencia a grupo criminal en la pieza principal del ‘caso Mediador’.
La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, y reclama la apertura de juicio oral ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
El que fuera diputado por Canarias en el Congreso pasa así de protagonista de un escándalo mediático a procesado con una pena concreta sobre la mesa.
El Congreso como atrezo
La acusación dibuja a Fuentes Curbelo como pieza central de un «plan criminal» con «distribución de funciones claramente definida». Su aportación al engranaje no era menor: ponía la imagen.
Y lo hacía, según la Fiscalía, recibiendo a los empresarios nada menos que en el Congreso de los Diputados para transmitir «imagen de rigor y una expectativa de seriedad». El escaño como tarjeta de presentación. La institución como decorado.
El método, descrito por el Ministerio Público, funcionaba en cadena. El mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte —para quien se piden 13 años— abría los contactos con empresarios del sector primario y de las renovables.
Después entraba en escena la figura de ‘Tito Berni’, la de su sobrino Taishet Fuentes —exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, con once años solicitados— o la del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa. El objetivo: que los empresarios confiaran y soltaran «los regalos o las dádivas que les exigían».
Cenas, prostitución y una cuenta de fútbol
El relato fiscal incluye los detalles que convirtieron este caso en munición política durante meses.
La trama, sostiene la acusación, captaba dinero de empresarios para costear servicios de prostitución al exdiputado, su sobrino y el mediador.
Y financió incluso una cena para una quincena de diputados en un restaurante de Madrid, a 60 euros el cubierto.
El WhatsApp que la organizaba, incorporado a la causa, retrata el tono: «A las nueve de la noche en el Ramsés, mesa para quince personas, solo personas del partido socialista, no pueden entrar Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes ni toda esa gente extraña».
Hay un detalle que resume el descaro contable de la red. Buena parte de los pagos, según la Fiscalía, se canalizaba hacia la cuenta de un equipo de fútbol de Fuerteventura, la UD Tetir, del que el propio Fuentes Curbelo era directivo. El club modesto como tapadera.
Más de una decena en el banquillo
‘Tito Berni’ no se sentará solo. El escrito reparte penas para más de diez personas. 13 años para el mediador Navarro Tacoronte por tráfico de influencias, falsedad mercantil, grupo criminal, estafa y cohecho. 11 para el sobrino. 2 años para el general Espinosa, que ya pisó la cárcel, por cohecho y tráfico de influencias.
Y una cascada de inhabilitaciones para cargos autonómicos y empresarios: 12 años para el exviceconsejero Álvaro de la Bárcena por prevaricación, 10 para la jefa de servicio Estefanía González Núñez, además de penas menores de cárcel y multas para el quesero Alberto Montesdeoca, el empresario Miguel Ángel Robayna, un matrimonio de empresarios y un empresario de drones, entre otros.
La causa, conviene recordarlo, ya dejó una primera condena: Espinosa y el empresario fotovoltaico Antonio Bautista fueron condenados a nueve meses, y el propio mediador a cuatro meses y quince días, por un delito continuado de cohecho. Ahora se abre el episodio decisivo, y esta vez con un exdiputado del PSOE en el centro del foco.
