«…lo acepto con buena disposición» – Keir Starmer, 10 de Downing Street, 22 de junio de 2026.
Ayer, frente al número 10 de Downing Street, un primer ministro británico con mayoría absoluta —la que le dieron las urnas en 2024, una de las más holgadas de la posguerra— ha anunciado que se marcha. No le ha condenado ningún tribunal. No le persigue ningún sumario.
No ha perdido ninguna votación en los Comunes. Keir Starmer se va por una sola razón: su propio partido ha concluido que no es el hombre que puede ganar las próximas elecciones.
Y ante esa conclusión, en lugar de atrincherarse, ha pronunciado seis palabras que en España suenan a lengua muerta: «acepto esa respuesta con buena disposición».
A esa misma hora, a poco más de mil kilómetros, en La Moncloa se preparaba otro atril. El miércoles 24 comparece Pedro Sánchez.
No para anunciar nada parecido: para resistir. Le reclaman explicaciones la oposición —Feijóo le exige la dimisión— y, lo que resulta más revelador, también sus socios: el PNV advierte de que sería «irresponsable» no adelantar elecciones, y ERC y Bildu le piden que salga de la «parálisis».
Dos atriles, la misma semana, dos gramáticas distintas del poder. Y entre uno y otro, todo un tratado no escrito de cultura democrática.
Permítaseme, pues, un experimento mental. Pongamos a Starmer en La Moncloa. ¿Qué habría hecho?
El caso más puro: dimitir sin haber hecho nada malo
Conviene detenerse en lo que hoy ha ocurrido en Londres, porque es un ejemplar de laboratorio. La dimisión de un gobernante por corrupción es, al fin y al cabo, la versión fácil de la responsabilidad política: cuando el escándalo aprieta lo suficiente, hasta el más correoso acaba cediendo.
Lo de Starmer es de otra naturaleza. Aquí no hay mordida, ni correo filtrado, ni causa abierta. Hay, simplemente, un partido que mira las encuestas, que mira el desastre de las municipales de mayo —más de mil concejales perdidos frente a la Reform UK de Farage—, que mira la derrota en la parcial de Makerfield del 18 de junio, y que concluye que con este capitán no llega a puerto. Nada más. Y nada menos.
Esa es la responsabilidad política en su forma más exigente y más incómoda: la que no espera a la sentencia, porque no necesita delito.
Opera en un plano anterior al del Código Penal. Un ministro británico, un canciller alemán, un primer ministro nórdico no dimiten cuando son condenados —para eso están los tribunales—, dimiten cuando su permanencia daña la confianza en la institución que encarnan.
Lo sostuve en estas mismas páginas hace unas semanas, al hablar de los límites de la responsabilidad política: la presunción de inocencia es una garantía del individuo frente al Estado, no un blindaje del cargo frente al ciudadano. Confundir ambas cosas es la enfermedad española. Hoy Londres nos ha recordado lo que es la salud.
Y repárese en un detalle no menor: Starmer podía haberse quedado. Tenía los votos. Tenía la mayoría. Tenía, incluso, el argumento perfecto para no moverse —«me eligieron para cinco años»—. No lo usó. Y en ese gesto de no usarlo está, entera, la diferencia.
El experimento: Starmer en La Moncloa
Volvamos, entonces, al experimento. Trasplantemos a ese mismo Starmer —el de la buena disposición— a La Moncloa, y pongámoslo en el escenario español de junio de 2026: un fiscal general del Estado condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo, el primero en la historia de la democracia; la esposa del presidente enviada esta misma semana a juicio con jurado popular por cuatro presuntos delitos; el hermano del presidente a la espera de sentencia; el que fue su mano derecha, Ábalos, condenado esta misma mañana a veinticuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo; un exsecretario de Organización del partido que pasó casi cinco meses en prisión provisional; unas cuentas públicas que se prorrogan año tras año porque no hay mayoría para aprobar otras. Pongámoslo ahí. ¿Dimitiría?
La respuesta incómoda es: probablemente no. Y no porque Starmer, al cruzar los Pirineos, perdiera de golpe su decencia. Sino porque el sistema que lo recibiría está diseñado, pieza a pieza, para que no tenga que dimitir.
Empecemos por el principio. En Westminster, el primer ministro lo es porque su grupo parlamentario quiere que lo sea, y deja de serlo en el instante en que el grupo deja de quererlo. No hace falta una moción, ni unas elecciones, ni un tribunal: basta con que los diputados de su propio partido se lo digan.
El líder es removible por los suyos en cualquier momento, mediante un mecanismo interno —el desafío de liderazgo— que existe precisamente para eso. Es un sistema de regicidio doméstico, brutal pero higiénico.
Por eso el Reino Unido lleva siete primeros ministros en una década: la cuchilla está siempre afilada.
En España, esa cuchilla no existe. El presidente del Gobierno no responde ante su grupo: lo domina. Las listas son cerradas y bloqueadas, de modo que el diputado no debe el escaño al votante de su circunscripción, sino al aparato que decidió el lugar que ocupa en la papeleta.
Un parlamentario que se rebele contra su líder no arriesga una reprimenda; arriesga su carrera entera. La disciplina de voto no es aquí una costumbre: es una estructura de supervivencia.
Pedirle a un grupo parlamentario español que defenestre a su presidente es pedirle a una guarnición que se amotine contra el general que firma sus ascensos.
Y nuestros partidos, además, carecen del mecanismo que hace posible el relevo británico: no hay equivalente real al desafío de liderazgo, los congresos los controla la dirección, y la confianza interna no se somete nunca a votación verdadera.
Añádase la pieza maestra: la moción de censura constructiva. Heredada del constitucionalismo alemán de posguerra, fue concebida con una intención noble —evitar la inestabilidad de Weimar, impedir que mayorías meramente negativas derribaran gobiernos sin poder formar otro—.
Pero tiene un efecto colateral perverso: para echar a un presidente hay que ponerse de acuerdo, de antemano y por mayoría absoluta, en quién lo sustituye.
En una España fragmentada en bloques irreconciliables, eso convierte al inquilino de La Moncloa en casi inamovible. No basta con que una mayoría no lo quiera; hace falta que esa mayoría quiera, además, exactamente lo mismo. Y eso casi nunca ocurre.
El resultado es un presidente que puede gobernar sin presupuestos propios, sin mayoría estable, sin más programa que durar, y aun así seguir.
No hace falta, en realidad, imaginar demasiado: tenemos un precedente. En abril de 2024, el propio Sánchez escenificó el gesto.
Publicó una «carta a la ciudadanía», canceló su agenda y se tomó «cinco días de reflexión» para decidir si merecía la pena seguir, después de que el juez Peinado imputara a su esposa.
Durante casi una semana el país entero contuvo el aliento ante la posibilidad de una dimisión. Y al cabo de los cinco días, Sánchez anunció que se quedaba; reforzado.
Aquello fue la prueba de laboratorio inversa a la de hoy: allí donde el británico emplea la dimisión para marcharse, el español empleó la contemplación de la dimisión para atrincherarse mejor. El mismo verbo, dos conjugaciones opuestas.
De modo que el experimento tiene una respuesta clara, y es a la vez tranquilizadora e inquietante. Starmer en La Moncloa no dimitiría; no porque fuera peor persona, sino porque el sistema ni se lo exigiría ni se lo permitiría con facilidad.
La buena disposición británica no es, en el fondo, una virtud del carácter inglés: es el producto de una arquitectura institucional que mantiene al poder permanentemente a merced de quienes lo sostienen.
Cámbiese la arquitectura, y la virtud se evapora. Lo que en Londres es un reflejo, en Madrid sería una heroicidad. Y las democracias sanas no deberían depender de héroes.
El reverso de la medalla: lo que Londres no debería presumir
Sería deshonesto, y poco propio de esta columna, cerrar el experimento sin darle la vuelta a la medalla. Porque el modelo británico, visto de cerca, tampoco es una balsa de aceite.
Siete primeros ministros en diez años no son siete ejercicios de higiene democrática: son también el síntoma de un país que no termina de digerir el Brexit —cuyo décimo aniversario se cumple precisamente estos días—, que ha visto encogerse su economía y que asiste al ascenso de una derecha nacional-populista, la de Farage, capaz de dictar el desenlace de hoy sin necesidad siquiera de gobernar.
La facilidad para descabezar líderes tiene su reverso: la inestabilidad crónica, la imposibilidad de las políticas de largo aliento, el cortoplacismo como forma de vida. La cuchilla siempre afilada también corta lo que no debería.
Hay más, y es de justicia decirlo. Quien defiende a Sánchez maneja un argumento que no se despacha con una boutade. Es este: ceder el Gobierno bajo la presión de los tribunales —cuando son causas que afectan a su entorno, no a él en persona, y todas amparadas por la presunción de inocencia— equivaldría a aceptar que la judicatura puede derribar a un presidente electo.
Sería subordinar la política a la instrucción penal, entregar las llaves de La Moncloa a un juzgado. Para quien razona así, la resistencia de Sánchez no es agarrarse al sillón: es defender la primacía de la urna sobre el sumario. Y conviene tomarse ese argumento en serio, porque no es trivial.
Es serio, en efecto, pero tiene un punto ciego. Confunde dos cosas que el caso Starmer separa con nitidez quirúrgica. Una es responder ante un juez por un delito: ahí rige la presunción de inocencia, y nadie debe dimitir por el solo hecho de estar investigado. Otra, muy distinta, es responder ante los ciudadanos por la confianza.
Starmer no se va porque un tribunal lo empuje —no hay tribunal—; se va porque ha perdido el crédito político. Y ese crédito no lo otorga ni lo retira un juez: lo otorga y lo retira el cuerpo social.
La pregunta española, por tanto, no es si Sánchez es culpable de algo —puede que no lo sea de nada—. La pregunta es si un gobierno cercado por una causa tras otra, sin presupuestos, sin mayoría y sin más horizonte que el calendario judicial de su propio entorno, conserva la confianza suficiente para gobernar.
Y esa pregunta no la responde la Audiencia. La responde, o debería responderla, quien lo sostiene en el escaño.
El músculo que en Madrid se atrofió
Por eso el gesto de esta mañana importa menos por lo que dice de Starmer que por lo que dice del sistema que lo produce.
La «buena disposición» con que un primer ministro acepta su relevo no mide la grandeza moral de un hombre. Mide otra cosa, más modesta y más decisiva: si a una democracia todavía le funciona el reflejo. E
l reflejo de apartarse cuando se ha perdido la confianza, sin esperar a que un tribunal lo obligue, sin convertir cada causa en una cruzada y cada relevo en una traición. Es un músculo pequeño. Pero es el último que se atrofia antes de que algo más serio empiece a fallar.
En el Reino Unido, con todos sus desórdenes, ese músculo aún responde. En España llevamos años comprobando que no. El miércoles, en La Moncloa, hubo un atril, una comparecencia y una defensa de la estabilidad frente al ruido. No hubo buena disposición. No porque falte un hombre dispuesto a tenerla, sino porque sobra un sistema que no la necesita.
Starmer, en La Moncloa, se habría quedado. Ese es, exactamente, el problema.
