CASIA quiere cambiar cómo piensan los abogados antes de pisar un juzgado: la legaltech española apuesta por el razonamiento jurídico, no por la búsqueda de información
Hay una frase que circula entre quienes llevan años litigando: los pleitos no se pierden en la redacción, se pierden en la estrategia.
Antes de escribir una sola línea, antes de citar un solo artículo, ya se ha decidido —bien o mal— por dónde va a ir el asunto. CASIA, una startup legaltech española, ha decidido construir su tecnología precisamente alrededor de esa idea.
La compañía acaba de anunciar una nueva fase de crecimiento centrada en algo muy concreto: meter su sistema de inteligencia artificial dentro del día a día real de los despachos de abogados. No como un añadido, sino integrado en el flujo de trabajo.
Ni buscador ni generador de documentos: otra cosa
El mercado legaltech lleva tiempo saturado de herramientas que hacen más o menos lo mismo —buscar sentencias, redactar borradores, automatizar trámites—.
CASIA dice ir por otro lado. Se define como un sistema de razonamiento jurídico aplicado, pensado para evaluar la viabilidad de un asunto, construir estrategia procesal y analizar escenarios jurídicos de forma estructurada.
La premisa de fondo es interesante, y cualquier abogado con experiencia la suscribiría sin pestañear: los errores que de verdad cuestan un caso casi nunca son de redacción.
Son de enfoque. Mala selección de argumentos, líneas jurisprudenciales que se pasan por alto, una estrategia procesal mal calibrada desde el principio.
Ahí, sostiene la startup, es donde quiere intervenir su tecnología: ayudando al profesional a detectar riesgos, oportunidades y coherencia argumental, apoyándose en análisis jurisprudencial y en criterios de decisión que intentan replicar la lógica real con la que razonan los tribunales.
La prueba de fuego: la casación ante el Supremo
Si hay un terreno donde un sistema de este tipo se juega su credibilidad, es la casación ante el Tribunal Supremo.
Pocas exigencias procesales son tan estrictas: motivación reforzada, interés casacional, criterios de admisión cada vez más selectivos.
«La diferencia entre un recurso inadmitido y uno admitido no está en la calidad de la redacción, sino en comprender qué pregunta el Tribunal Supremo está dispuesto a responder. CASIA codifica esa comprensión», explica Marcos Peña Molina, CEO de CASIA.
Peña es un abogado especializado en casación contencioso-administrativa. Cuenta con más de 15 años de experiencia. Y es colaborador directo de magistrados del Tribunal Supremo en la codificación de criterios de admisibilidad.
Precisamente, solo el 20% de los recursos de casación son admitidos por el Tribunal Supremo, y menos del 12% son estimados. Esto no es un problema de redacción: es un problema de estrategia procesal y análisis hermenéutico.
CASIA ha desarrollado su tecnología pensando precisamente en ese nivel de exigencia, lo que —según defiende la compañía— le da una capacidad de búsqueda jurisprudencial y razonamiento jurídico trasladable luego a cualquier escrito procesal, sea cual sea la instancia o el orden jurisdiccional.
Ronda de financiación en marcha
En el plano empresarial, CASIA está ahora mismo estructurando una ronda de financiación.
El dinero, explican fuentes del proyecto, iría destinado a tres frentes: acelerar el desarrollo del producto, reforzar la infraestructura tecnológica y consolidar su presencia en un mercado legaltech español que no deja de crecer, empujado por una adopción de la inteligencia artificial en el sector jurídico que ya nadie discute.
Aumentar el criterio, no sustituirlo
Hay una idea que la compañía repite como mantra y que, en el fondo, es la que define su posicionamiento frente a la desconfianza —lógica— que genera la IA entre muchos profesionales del Derecho: el objetivo no es sustituir el criterio del abogado, sino aumentarlo.
Darle más capacidad de análisis cuando el escenario es incierto y el asunto, complejo.
Es una distinción que no es solo de marketing. En un sector donde el error tiene consecuencias muy reales —para el cliente y para la responsabilidad profesional del letrado—, la diferencia entre «decide la máquina» y «la máquina ayuda a decidir mejor» no es matiz, es la línea roja que separa una herramienta útil de una amenaza.
Con esa apuesta, CASIA aspira a hacerse un hueco entre las soluciones de inteligencia artificial jurídica más relevantes del mercado español. No vendiendo velocidad ni automatización a secas, sino algo más difícil de demostrar: mejores decisiones.
