La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza 3, dirigido por la magistrada María Tardón Olmos, ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros para Gabriel Ruiz Ramírez, presidente de la presunta estafa piramidal del caso Sempi Gold.
El auto, al que ha tenido acceso Confilegal, sitúa a Ruiz Ramírez como uno de los principales investigados en una causa en la que se indaga una supuesta estafa piramidal que, según recoge la resolución, ascendería a varios millones de euros.
Estafa que habría afectado, tal y como explica el abogado José Luis Ortiz, a un “importante número de perjudicados” y cometida presuntamente en el seno de una organización criminal.
Invertir en lingotes de oro, bajo la promesa de rentabilidad estable de cerca del 4%.
Esto era lo que prometía Sempi Gold. Sin embargo, a finales de 2020, muchos clientes dejaron de percibir los pagos prometidos, sin poder recuperar su capital.
Un momento en el que comenzaban las investigaciones, en Madrid y Jerez de la Frontera, de la Guardia Civil descubriéndose que los lingotes eran falsos: nada más que piezas de hierro pintadas de amarillo.
Caso que, según la Audiencia Nacional, habría afectado a más de 3.500 personas, con un perjuicio que superaría los 50 millones de euros.
Un caso en el que ahora, la magistrada del caso ha señalado que el conglomerado Sempi Gold, construyendo varias sociedades en España e Italia, habría realizado todo un entramado que hiciese casi imposible la recuperación de los fondos.
La resolución considera que existen indicios de la posible comisión de un delito continuado de estafa agravada y de falsedad documental, citando los artículos 248, 250.1, 251.3 y 392 y siguientes del Código Penal, en relación con el artículo 74.
El auto añade que, por las circunstancias concurrentes y con la provisionalidad propia de esta fase procesal, el investigado podría llegar a enfrentarse a una pena de hasta ocho años de prisión. Ello, enfocándose en el presidente de la trama, Gabriel Ruiz.
La prisión para el presidente de Sempi Gold
La magistrada recuerda que la prisión provisional exige la existencia de indicios racionales de delito y una finalidad constitucionalmente legítima, como asegurar la presencia del investigado en el proceso, evitar la destrucción de pruebas o impedir la reiteración delictiva.
En este caso, Tardón aprecia varios elementos que justificarían la medida: la gravedad de los hechos investigados, el elevado número de afectados, el presunto movimiento de fondos en el extranjero y el riesgo de que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia.
Uno de los puntos centrales del auto es que, según la investigación policial recogida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza 3, Gabriel Ruiz Ramírez habría continuado con la actividad investigada incluso después de su detención, producida el 1 de febrero de 2022.
La resolución afirma que mantuvo abierta y operativa la página web de Sempigold, metalesdeinversion.com, tras su detención, y que esta habría seguido captando potenciales clientes interesados en la adquisición de oro hasta que el juzgado ordenó su cese, ejecutado el 15 de octubre de 2024.
El auto recoge además que, desde la detención de febrero de 2022 hasta la actualidad, se habrían denunciado hechos posteriores similares por parte de 25 nuevos inversores, con un importe total presuntamente defraudado de aproximadamente 320.000 euros.
La propia resolución advierte de que, debido a la opacidad de las actuaciones y a la existencia de cuentas bancarias en España, Italia, Reino Unido y Lituania, el número de perjudicados y el importe podrían ser superiores.
Una fianza de un millón de euros
La magistrada considera que las medidas cautelares previamente acordadas —comparecencias quincenales, prohibición de salida del territorio nacional e intervención del pasaporte— no habrían impedido la continuidad de la actividad investigada.
Además, aprecia un riesgo real de fuga, especialmente por la existencia de cuentas bancarias en países extranjeros que aún no habrían sido localizadas, lo que, según el auto, podría facilitar al investigado ocultarse fuera de España.
La prisión provisional acordada es, no obstante, eludible mediante fianza.
La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza 3, asume el criterio del Ministerio Fiscal y de las acusaciones que se adhirieron a su petición, fijando la caución en 1 millón de euros, también en atención a los tratamientos médicos que el investigado habría venido justificando durante la causa.
Si Gabriel Ruiz Ramírez presta la fianza, quedará en libertad, pero se mantendrán las medidas cautelares ya acordadas: retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales ante la Justicia.
