El ministro de Justicia no ha sabido cumplir con el cargo desde el minuto uno. Félix Bolaños desde el minuto uno de su nombramiento como ministro de Justicia no ha sabido cumplir con las exigencias que impone este relevante cargo dentro del Gobierno de la Nación.
En efecto, la «política judicial» que corresponde desarrollar al titular de la cartera de Justicia, quizá sea una de las políticas más sensibles y singulares de toda la acción del Gobierno, porque, como muy bien la definió Fernando Ledesma, esta política judicial tiene que estar en todo caso dirigida a la protección y defensa de la independencia judicial, que delimita así la tarea esencial que en el ejercicio del cargo se le impone al ministro de Justicia.
La última intervención de Félix Bolaños, exigiendo, prácticamente, al juez Juan Carlos Peinado que otorgue dos permisos de viaje a Begoña Gómez bajo una argumentación, la de que hay «cero riesgo» de que eluda a la justicia, que es exactamente la contraria a la razón expresada por el magistrado para imponer las cautelares, no es solo una injerencia directa en un procedimiento judicial por parte del ministro de Justicia.
«Un buen ministro de Justicia debe imponerse la disciplina de no expresar jamás su opinión sobre cualquier resolución que dicten los jueces y tribunales».
Sino que supone una presión mayor por provenir precisamente del máximo responsable gubernamental en la materia que, además, no ha tenido el menor reparo en calificar de «desproporcionadas, absurdas e innecesarias» unas medidas dictadas por un juez en el ejercicio de sus funciones.
De esta manera, Bolaños no se ha limitado ahora a manifestarse sobre una resolución judicial, sino que viene a incumplir flagrantemente con aquel mismo cometido al atentar directamente contra la independencia judicial.
Por ello, un buen ministro de Justicia debe imponerse la disciplina de no expresar jamás su opinión sobre cualquier resolución que dicten los jueces y tribunales.
Los demás miembros del Gobierno y de su partido político pueden decir lo que quieran sobre las decisiones que toman los jueces y tribunales, pero, precisamente, quien no debe hacerlo jamás es el ministro de Justicia, que se encuentra limitado así por sus propias funciones en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión.
Algo que Bolaños no ha entendido al recurrir con frecuencia a «su» libertad de expresión a la hora de expresar todo tipo de improperios a propósito de alguna determinada resolución judicial.
Quizás en la deficiente preparación y capacidad que demuestra Félix Bolaños, que es letrado laboralista del Banco de España, se encuentre la explicación para este comportamiento, pero ello solo vendría a poner de manifiesto la irresponsabilidad por parte de quien le elevó al cargo de ministro de Justicia, que además es el Notario Mayor del Reino.
Félix Bolaños va a completar, en fin, su mandato no solo como el peor ministro de Justicia en lo que llevamos de democracia desde 1977, que ha demolido la Administración de Justicia española con la «ineficiente» Ley que promovió, sino también como uno de los más nefastos de la historia, solo superado por aquel ministro de Justicia de la República de 1931, el anarquista García Oliver, que iba con pistola al cinto cuando acudía a su despacho en la madrileña calle de San Bernardo.
