Se filtró la agenda. Se filtraron los WhatsApp con su secretaria. Y ahora, semanas después, llega la respuesta del instructor: límites, y por escrito. Como hicieron en su momento los magistrados instructores del Supremo, Leopoldo Puente, en el caso mascarillas que desembocó en la condena de José Luis Ábalos y Koldo García, y Luis Ángel Hurtado, en la causa contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
José Luis Calama, el magistrado que lleva las riendas del ‘caso Plus Ultra’, ordenó ayer a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que apriete el filtro.
Nada de «datos personales» ajenos a lo investigado, nada de «información innecesaria» colándose en los anexos de sus informes. Lo recoge un auto que llega justo después de que el catedrático de derecho procesal, Víctor Moreno Catena, abogado de José Luis Rodríguez Zapatero —investigado en la causa— pusiera el grito en el cielo por lo que calificó de filtración «indiscriminada» de datos de su cliente.
La secuencia de los hechos ayuda a entender el enfado. Un informe de la UDEF incorporado a la causa señalaba que el expresidente había cobrado 200.000 euros entre 2024 y 2025 por mediar ante el Gobierno de Bolivia, en beneficio de una empresa peruana enfrentada judicialmente con el Ejecutivo boliviano.
Ese informe, o más bien sus anexos, terminaron alimentando publicaciones sobre la agenda de Zapatero y sobre conversaciones privadas mantenidas con su secretaria, Gertrudis Alcázar. El propio Calama, antes de este auto, ya había abierto una investigación paralela para averiguar cómo había salido esa información a la luz.
La orden: hechos, y solo hechos
La resolución no deja margen a la interpretación. Calama acuerda comunicar a la UDEF que los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados.
La orden no implica, eso sí, recortar el trabajo policial en origen: el volcado íntegro de los dispositivos seguirá remitiéndose al juzgado, que será quien decida qué se incorpora a la causa y qué no, con la garantía de que el titular de los dispositivos esté presente en ese proceso de selección.
Dicho de otro modo: la Policía sigue investigando con la misma amplitud, pero el filtro de lo que llega al expediente —y, por tanto, de lo que puede acabar en manos de terceros— pasa a estar más vigilado.
Una nube más blindada
El magistrado no se ha quedado en la advertencia a la UDEF. Ha pedido también un informe técnico a la Subdirección General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales para explorar qué medidas adicionales de seguridad digital podrían reforzar la protección de los documentos alojados en la nube del procedimiento, el repositorio donde se acumula la documentación del caso.
El objetivo, explícito en el auto, es evitar que ese contenido pueda extenderse a terceros sin autorización judicial. O dicho de otra forma, que desemboquen en los medios de comunicación que siguen el caso.
Sobre la petición más concreta de la defensa de Zapatero —que se devuelva a la UDEF el informe conflictivo para desglosarlo y retirarlo de los autos—, Calama prefiere no pronunciarse todavía: lo hará, avisa, en una resolución separada.
Lo que sí queda claro en el texto es la sintonía, al menos parcial, entre el instructor y la defensa del expresidente.
El juez comparte la preocupación manifestada por la representación de Zapatero en relación con la salida al exterior de datos incluidos en las actuaciones.
No es un gesto aislado: en la misma resolución en la que ordenó investigar el origen de la filtración, Calama ya había acordado formar una pieza separada de «información sensible» —con las grabaciones de declaraciones de testigos e investigados— cuyo acceso quedará restringido al juzgado y a la Fiscalía.
Y ha ido más allá con las acusaciones populares personadas en la causa, cuyo acceso a la nube del procedimiento limitará únicamente a través de la representación procesal y letrado bajo el que se han agrupado, en la práctica, el PP.
El fondo del caso, intacto
Las cautelas sobre datos personales no alteran, en todo caso, el objeto de la instrucción. Calama sigue investigando a Zapatero como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias orientada a la obtención de beneficios económicos, vinculada a su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió en su día a la aerolínea Plus Ultra.
Ese, y no la gestión de los anexos policiales, sigue siendo el núcleo duro de la causa.
