«En la mayoría de los países, la búsqueda de rentas recompensa al talento más que el emprendimiento, y eso conduce al estancamiento» – Kevin Murphy, Andrei Shleifer y Robert Vishny, «The Quarterly Journal of Economics», 1991.
La mañana del sábado 23 de mayo de 2026, a las 10 en punto —a las 9 en Canarias—, 152.149 personas estaban llamadas a examinarse simultáneamente en veintiséis provincias españolas.
Competían por 17.986 plazas de cinco cuerpos generales de la Administración del Estado: más de 8 aspirantes por plaza. Solo en Madrid se habían inscrito 44.464.
Pabellones deportivos, facultades, recintos feriales: la logística de un acontecimiento de masas puesta al servicio del mayor proceso de selección de personal que se celebra en este país. No lo organiza ninguna empresa. Lo organiza el Estado, para sí mismo.
No fue un episodio aislado. La convocatoria anterior, celebrada en diciembre de 2024, había reunido a 164.000 aspirantes. Y las cifras estatales son solo la punta del iceberg: más de la mitad del empleo público español depende de las Comunidades Autónomas, donde la sanidad y la enseñanza convocan cada año a cientos de miles de candidatos más.
Si un observador extranjero quisiera entender qué desea de verdad la sociedad española —no lo que declara desear, sino aquello por lo que está dispuesta a sacrificar años de vida—, haría bien en pasearse por uno de esos pabellones un sábado de mayo.
Conviene despejar el equívoco desde el principio: esta columna no va contra los funcionarios. Quien la firma sirvió al Estado durante casi cuatro décadas y sabe que ninguna sociedad decente funciona sin una función pública excelente, bien seleccionada y bien retribuida.
Va contra otra cosa: contra el equilibrio silencioso por el cual la plaza fija se ha convertido en el proyecto vital preferente de un país entero, y contra la tentación —esa sí, letal— de usar la nómina pública como política de empleo.
Radiografía del deseo
Empecemos por el stock. Según la Encuesta de Población Activa, al cierre de 2025 había en España 3,61 millones de asalariados del sector público, la cifra más alta de toda la serie histórica: el 16,2% de los ocupados.
El registro administrativo cuenta la misma historia desde otro ángulo: a julio de 2025, las administraciones sumaban más de 3,1 millones de efectivos, medio millón más que en 2018.
En términos relativos no es un récord —a principios de 2012 se llegó a rozar el 18%— y tampoco convierte a España en una anomalía: la media europea se mueve en el entorno del 17-18%, y los países nórdicos presentan porcentajes muy superiores: Suecia y Dinamarca rondan el 28% y el 27%, respectivamente.
El problema, como veremos, no está en el stock. Está en el flujo.
El flujo es esto. Según un estudio de la editorial MAD y la consultora GAD3 publicado en 2025, el 20% de los adultos españoles de entre 18 y 65 años está preparando actualmente una oposición, y otro 27% se lo plantea.
Casi la mitad del país en edad de trabajar orbita, de una forma u otra, alrededor de una plaza. Otro estudio, de Opositatest, calculaba ese mismo año que el 52% de los españoles de entre 18 y 55 años ha preparado oposiciones en algún momento de su vida, el registro más alto de su serie.
Y cuando en 2023 se preguntó a los españoles qué preferirían —plaza de funcionario, contrato fijo en una empresa privada o negocio propio—, el 60% eligió la plaza.
Ese mismo año, según Funcas, solo el 13% de los encuestados recomendaría a un joven hacerse empresario; la mitad le recomendaría entrar en la Administración.
Conviene detenerse en lo que estas cifras son y en lo que no son. No son una estadística de empleo: son una radiografía del deseo. Miden aquello que una sociedad considera el mejor destino posible para sus hijos.
Y lo que la radiografía muestra es un país cuya imaginación colectiva ha ido sustituyendo el taller, el laboratorio y el mostrador por la ventanilla; un país donde el mérito ya no se demuestra ante el mercado, sino ante un tribunal.
La ecuación que nadie quiere mirar
En 1991, tres economistas de Chicago y Harvard —Kevin Murphy, Andrei Shleifer y Robert Vishny— publicaron en The Quarterly Journal of Economics un artículo cuyo título merece traducción literal: «La asignación del talento: implicaciones para el crecimiento».
Su tesis es de una sencillez incómoda. Las personas más capaces de cada generación tienden a organizar el trabajo de las demás. Cuando fundan empresas, innovan y hacen crecer la economía. Cuando se dedican a capturar rentas —a redistribuir riqueza existente en lugar de crearla—, el país se estanca.
Y la elección entre una cosa y otra no depende del carácter nacional ni de la genética: depende de qué recompensa cada sociedad.
Su hallazgo empírico es célebre: los países con más ingenieros crecen más deprisa; los países con más juristas, más despacio. Lo escribe aquí un jurista, y precisamente por eso lo escribe sin complejos.
William Baumol había apuntado un año antes en la misma dirección: la dotación de talento emprendedor de una sociedad es aproximadamente constante a lo largo de la historia; lo que cambia —lo que explica el vigor de unas épocas y la parálisis de otras— es hacia dónde se canaliza ese talento, y eso lo deciden las reglas del juego.
Entre sus ejemplos históricos figura la China imperial, donde durante siglos la vía suprema de ascenso fue el examen de acceso al mandarinato, y la élite intelectual de la nación más avanzada del planeta consagró generaciones enteras a memorizar los clásicos mientras la revolución industrial ocurría en otra parte.
El paralelismo con nuestra oposición no es un chiste fácil: es la misma arquitectura de incentivos con seis siglos de distancia.
Apliquemos la lente a España. El coste de la nación opositora no es el sueldo de los funcionarios, que en su mayoría está justificado y que en algunos cuerpos es más bajo de lo que debiera.
El coste es el contrafactual: el uso alternativo de los años más fértiles de la gente más preparada. Quien aprueba una oposición ha dedicado, según los estudios del sector, una media de cinco horas y media diarias durante casi seis días por semana; la preparación dura desde meses hasta —en los cuerpos de élite— seis, ocho o diez años a tiempo completo.
Es un esfuerzo intelectual formidable. Y es, en términos económicos, un esfuerzo casi íntegramente improductivo: no genera un producto, ni un servicio, ni una patente, ni un cliente.
Genera una ordenación de candidatos. Multiplíquese por los cientos de miles que opositan cada año sin obtener plaza —que son la inmensa mayoría— y se obtiene una de las mayores inversiones agregadas de capital humano de Europa dedicada a producir, en lo esencial, listas.
Nada de esto es culpa del opositor, que hace exactamente lo que haría cualquier persona racional ante los incentivos que tiene delante. A un lado, un mercado laboral dual que castiga al joven con temporalidad y salarios planos; una regulación cuyas barreras de acceso al mercado puntúan un 3,8 sobre 10 en la valoración de los expertos del proyecto GEM; un régimen de autónomos que exige cotizar aunque no haya beneficios.
Al otro, una plaza «en propiedad» —el propio lenguaje delata la naturaleza del bien— con sueldo cierto, jubilación cierta y despido casi imposible. La pregunta no es por qué opositan tantos. La pregunta es por qué no opositan todos.
El espejo del inmigrante
La respuesta a esa pregunta la da, sin proponérselo, el informe GEM España 2025-2026, presentado hace unas semanas. La tasa de actividad emprendedora española —el porcentaje de adultos al frente de negocios de menos de tres años y medio de vida— se sitúa en el 7,8%.
La de la población migrante residente en España alcanza el 13,8%: casi el doble. Su intención de emprender, el 27%, también dobla holgadamente la del conjunto.
Descartemos las explicaciones cómodas. El migrante medio no tiene más capital que el español medio: tiene menos. No tiene mejores redes, ni mejor acceso a la financiación, ni mejor conocimiento del laberinto regulatorio.
Lo que no tiene, sobre todo, es alternativa segura: la condición de funcionario de carrera exige, con carácter general, nacionalidad española o comunitaria, y opositar exige además algo más escaso que la nacionalidad: una familia capaz de sostener años de preparación sin ingresos.
Excluido de la ventanilla, el migrante monta el negocio. Y al montarlo demuestra, sin quererlo, el teorema entero: el talento español no emprende menos porque sea menos capaz, menos creativo o más cobarde. Emprende menos porque tiene algo mejor que hacer con su aversión al riesgo. Es la seguridad ofertada, no la incapacidad, lo que desactiva la iniciativa.
Proyectemos ahora la película unos años hacia delante, porque la foto fija engaña. Imaginemos a dos jóvenes de la misma edad y de talento comparable. El primero, nacido en Lleida, hace lo que su entorno considera sensato: oposita, aprueba y viste el uniforme de los Mossos d’Esquadra.
Tendrá un sueldo digno, una jubilación cierta y el respeto —merecido— de su comunidad. El segundo llegó de Marruecos en la adolescencia, sin acceso realista a la plaza y sin familia que pudiera financiar años de temario: a los 25 tiene un negocio de reformas con dos empleados; a los 35, 12; a los 45, quizá una pequeña constructora, o quizá nada, porque el riesgo consiste exactamente en eso.
Pero obsérvese la asimetría estructural de las dos trayectorias. El primero cobra una renta que se revaloriza por decreto —un 1,5% este año, según el acuerdo vigente— y que se extingue con quien la cobra. El segundo, si sobrevive, no acumula renta: acumula patrimonio, un activo que crece, se reinvierte, se apalanca y se hereda. La plaza es vitalicia; la empresa, cuando sobrevive, puede ser transgeneracional.
Que nadie se escandalice, pues, cuando dentro de 20 años las estadísticas de riqueza —no de renta: de riqueza— muestren que quienes escalan posiciones en la distribución son, en proporción creciente, los que llegaron de fuera.
Seamos honestos con la letra pequeña: la mayoría de esos negocios serán modestos y muchos fracasarán; hablamos de la cola de la distribución, que es precisamente donde se forma la riqueza nueva de cualquier sociedad.
Pero la composición de esa cola no será una anomalía ni una injusticia que denunciar: será la consecuencia aritmética de quién asumió riesgo y quién compró seguridad. Es el patrón clásico de las sociedades de acogida, documentado de sobra al otro lado del Atlántico, y no hay razón para que España sea la excepción.
La cuenta de resultados del joven de apellidos catalanes, castellanos o vascos que eligió la ventanilla no estará mal: estará fija. Y en economía, lo que está fijo, con el tiempo, queda relativamente atrás. Nuestro vaticinio es que la próxima gran conversación incómoda de este país no versará sobre cuántos llegan, sino sobre cuánto prosperan los que llegaron mientras los de casa hacían cola.
El miedo al fracaso frena al 55% de los españoles, según el mismo informe. Pero el miedo no es una constante antropológica: es una variable institucional. Se teme más al fracaso allí donde fracasar sale más caro y donde la alternativa segura es más visible.
Cada convocatoria masiva, cada academia abierta en cada esquina, cada primo que aprobó y «se colocó para siempre» recalibra el cálculo de miles de familias. La nación opositora no se decreta: se aprende en la mesa del comedor.
Lo que dirían los defensores
Hagamos justicia al argumento contrario, que no es débil.
Primero: España no tiene un sector público sobredimensionado; su 16,2% de empleo público está en línea con la media europea y muy por debajo de los países nórdicos, que combinan porcentajes en torno al 27-28% con economías prósperas e innovadoras.
Segundo: el envejecimiento de las plantillas obliga a reponer; el sindicato CSIF estima que cerca de 900.000 empleados públicos se jubilarán antes de 2030, y nadie sensato quiere una sanidad, una escuela o una justicia sin relevo.
Tercero: la huida hacia la oposición es síntoma, no causa; si el mercado privado español ofreciese carreras estables y salarios dignos, la plaza perdería magnetismo sin necesidad de tocarla. Todo esto es verdad, y quien defienda la tesis de esta columna sin hacerse cargo de ello hace propaganda, no análisis.
Pero el contraejemplo nórdico prueba menos de lo que parece. En Suecia o Dinamarca el empleo público es un sector más dentro de un mercado laboral fluido: se entra y se sale, la protección acompaña a la persona —ese es el sentido de la flexiseguridad danesa— y no al puesto, y trabajar para el Estado no confiere un estatuto vitalicio distinto del de cualquier otro asalariado.
En España, la frontera relevante del mercado de trabajo no separa a cualificados de no cualificados: separa a protegidos de expuestos. Lo que distorsiona la asignación del talento no es el número de empleados públicos, sino la asimetría de estatuto: el abismo entre la plaza en propiedad y la intemperie.
Un país puede tener mucho empleo público y poca cultura de la ventanilla. Y puede tener —es nuestro caso— un empleo público en la media europea y una cultura de la ventanilla hegemónica.
Queda la senda peor, que es la que da título a esta reflexión y la que dispara todas las alarmas: la del país que, incapaz de generar empleo privado suficiente, fabrica plazas para maquillar el paro.
Grecia la recorrió durante décadas: gobiernos de uno y otro signo engordaron la nómina pública como moneda de pago clientelar, hasta que en 2010 el crédito exterior se cortó y el ajuste cayó, con una dureza que todavía se recuerda, precisamente sobre aquellos a quienes el sistema decía proteger.
La lección griega no es que el Estado deba ser mínimo; es que la plaza usada como subsidio acaba destruyendo las dos cosas que dice defender: la solvencia del Estado y la seguridad del empleado.
Porque una plaza no es un contrato: es una hipoteca a 40 años sobre contribuyentes que todavía no han nacido. Y las hipotecas que no puede pagar quien las firma las paga, con intereses, quien viene detrás.
Hay, además, un daño menos visible que el fiscal: el que la nación opositora inflige a la propia Administración. Cuando la plaza es ante todo refugio, la función pública deja de seleccionar vocaciones para seleccionar aversiones al riesgo.
No es un juicio sobre las personas —dentro de la Administración española hay excelencia abundante y acreditada—, sino sobre el mecanismo: un sistema que premia la memoria sobre la iniciativa y la permanencia sobre el desempeño acaba pareciéndose a su método de ingreso.
La mejor defensa de la función pública no la hacen quienes multiplican convocatorias, sino quienes exigen que la plaza vuelva a ser lo que fue en su mejor versión: una forma exigente de servir, no una póliza de seguros contra el país real.
La riqueza no convoca plazas
Volvamos al pabellón del 23 de mayo. 152.000 personas, muchas con grados, másteres e idiomas, convocadas una mañana de sábado a ordenar sus nombres ante el Estado. La escena admite dos lecturas. La benévola: un país que cree en el mérito y en la igualdad en el acceso a la función pública, conquistas que costaron siglos y que no conviene frivolizar.
La otra: un país que ha decidido que la forma más alta de éxito consiste en administrar una riqueza que alguien tendrá que haber creado antes.
Un apunte antes del cierre, para desactivar la lectura fácil: los empleados públicos también crean riqueza. La crea el juez que da certeza a los contratos, el maestro que forma capital humano, la médica que devuelve a la población a la vida activa, el policía que hace posible que exista algo llamado mercado.
Ese valor —llamémoslo capital institucional— es real, es enorme y es la ventaja decisiva de los países serios sobre los fallidos. Pero es un valor de otra índole: habilitante, no autofinanciado.
Multiplica la productividad de la economía expuesta y, sin embargo, solo puede sufragarse con el excedente de esa misma economía. La distinción relevante no separa a quienes crean valor de quienes no lo crean: separa el valor que se financia a sí mismo del valor que necesita ser financiado. Confundir ambas cosas es el error simétrico del liberal perezoso y del estatista devoto.
Y la aritmética final no tiene ideología: los 3,6 millones de nóminas públicas —las imprescindibles y las prescindibles, las heroicas de la UCI y las opacas del organismo duplicado— se pagan con el excedente de quienes producen expuestos al riesgo.
Cada punto de talento que emigra de la creación a la distribución encoge la base que sostiene el edificio entero, incluidas las plazas.
Nadie oposita a crear riqueza. La riqueza no convoca plazas, no publica temarios, no garantiza nada: se arriesga, se pierde y, algunas veces, se crea. Un país puede olvidarlo durante una generación. Lo que no puede es olvidarlo y, además, seguir pagando la nómina.
