Qué los jueces nos podemos equivocar o cometer excesos es tan evidente como que todo el sistema judicial está organizado para evitar que efectivamente se produzcan. O, de darse el caso, para tratar de corregirlo.
La selección por merito y capacidad, la inamovilidad judicial, la independencia que ambas garantizan, la exclusividad en el ejercicio de la función jurisdiccional, su unidad y todo el orden de recursos procesales persiguen que la labor esencial para el Estado de Derecho que los jueces y magistrados desempeñamos esté sujeta al imperio de la ley y solo a él.
Es, de hecho, ese complejo entramado de garantías materiales y formales el que convierte, por definición, a los jueces en un aparato «contramayoritario» muy eficaz y difícil de doblegar.
Contramayoritario porque el poder judicial no forma su voluntad, como si lo hacen el parlamento y el gobierno, a partir del principio democrático, aunque esté sujeto a él por estarlo al imperio de las leyes que elaboran los parlamentos y los jueces tenemos que aplicar.
Y, difícil de doblegar porque la selección de los jueces no depende del equilibrio entre mayorías y minorías que arroja cada consulta electoral.
Los jueces, para decirlo claro y pronto, son institucionalmente independientes, lo que significa que ni su acceso al cargo ni su estabilidad dependen de los otros dos poderes del Estado.
Puede un tribunal por supuesto equivocarse puede incluso (aunque es más difícil) ejercer torcidamente su función, pero una y otra cosa la hacen por su cuenta y no siguiendo instrucciones u ordenes de nadie. Y si llega a darse la circunstancia de que, acaso, las siguieran, el juez que así actuase estaría prevaricando.
Para los miembros del legislativo o de los diferentes ejecutivos (nacional, regionales o locales) seguir instrucciones o disciplinas de partido suele resultar lo habitual. Para un juez es un delito.
La conclusión de todo lo anterior no tiene dudas: la función judicial es una molestia para quienes en un lugar u otro, en esta o aquella institución, ejercen el poder político y administrativo.
Una molestia que han de soportar y que, en ciertas situaciones, puede llegar a convertirse en insufrible para quienes mandan con el objetivo de utilizar sus facultades en su propio beneficio, en el de su partido o en el de una organización con la que pretenden delinquir.
Para quienes entienden el poder como una forma de hacer lo que les place, los jueces constituimos siempre un limite a su arbitrariedad. Para quienes lo utilizan para violar la ley, los jueces acabamos siendo su obsesión.
