«Un ministro no habla como un ciudadano particular». La frase va dirigida a Félix Bolaños, pero el destinatario real es todo el Consejo de Ministros.
Con ella, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) pone palabras a un malestar que llevaba tiempo acumulándose en los juzgados: el de los jueces que, tras dictar una resolución, se descubren convertidos en supuestos agentes de una maniobra para llevar al PP y a Vox al poder.
La asociación no ha elegido la rueda de prensa ni el comunicado, sino el papel.
Son dos cartas y un mismo mensaje leído desde orillas opuestas. En la primera, la AJFV reprocha al ministro de Justicia que el Gobierno haya convertido la discrepancia con los jueces en sospecha sobre los jueces.
En la segunda, da las gracias a Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por defenderlos y, casi en la misma línea, le dice que no basta.
Al Ejecutivo le pide que deje de disparar. Al Consejo, que deje de mirar.
El reproche al Gobierno
La carta a Bolaños parte de un diagnóstico concreto.
La asociación lamenta «la reiteración de declaraciones de miembros del Gobierno que cuestionan la imparcialidad de jueces y magistrados, les atribuyen motivaciones políticas o presentan sus decisiones como parte de una actuación dirigida a favorecer a determinadas formaciones políticas».
No los menciona pero los nombres están en la mente de todos: el propio Bolaños, los ministros Óscar Puente, Óscar López y Víctor Torres. También el presidente, Pedro Sánchez.
Precisa el alcance de esas afirmaciones. Según la AJFV, desde el Ejecutivo se ha insistido en que un sector de la judicatura quiere «hacer política» para facilitar la llegada del PP y Vox al Gobierno, algo que puede «poner en duda la apariencia de imparcialidad de una magistrada concreta».
En los extractos difundidos, la asociación no la identifica. «No se limitan a discrepar de unas resoluciones. Cuestionan públicamente a quienes las habían dictado», sostiene.
La AJFV se cuida de no discutir el derecho del ministro a opinar o a discrepar de una actuación judicial. Su argumento va por otro lado: «la libertad de expresión no puede invocarse para eludir la responsabilidad institucional propia del cargo».
Y lo desarrolla así: «Un ministro no habla como un ciudadano particular. Sus palabras tienen un alcance distinto porque proceden de quien ejerce poder público y representa al Gobierno de España». Esa posición, añade, exige «prudencia, contención y respeto hacia las demás instituciones del Estado».
Por ello pide a Bolaños, como titular de Justicia, que «impulse dentro del Gobierno un cambio claro de actitud». La carta cierra con una advertencia: «la confrontación permanente con el Poder Judicial no fortalece al Gobierno ni mejora la justicia».
El emplazamiento al Consejo
El tono de la carta a Perelló es distinto, pero la exigencia no es menor. La asociación agradece su posición «en defensa de los jueces y de la función jurisdiccional».
Recuerda su discurso en la apertura del Año Judicial, en el que la presidenta distinguió entre la crítica legítima a las resoluciones y la atribución de motivaciones políticas o ideológicas a quienes las dictan.
«Compartimos ese diagnóstico y, por ello, creemos que ha llegado el momento de que el Consejo dé un paso más», escribe la AJFV.
A su juicio, los ataques «ya no pueden considerarse episodios aislados», y su reiteración empieza a normalizar lo que «nunca debería ser normal en una democracia».
La asociación reconoce las «dificultades» de alcanzar posiciones comunes en un «órgano plural».
Admite también que el CGPJ no debe entrar en «una dinámica permanente de comunicados y réplicas». Pero traza un término medio: «entre responder a cada declaración y guardar silencio ante la reiteración de ataques existe un amplio espacio para el ejercicio de la responsabilidad institucional».
Según la AJFV, intervenir no supone blindar resoluciones concretas frente a la crítica. Se trata, dice, de proteger las condiciones mínimas para que un juez ejerza su función «sin convertirse personalmente en objeto de señalamiento político».
La carta concluye que la preocupación de Perelló no debe «descansar solo sobre su voz», sino que «debe ser también la posición del Consejo como institución».
