El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Antonio del Moral, quien fuera presidente de la Comisión de Ética Judicial, reivindicó ayer en Santander que «el conocimiento del Derecho, por sí solo, no basta para ser un buen juez».
«La preparación jurídica», sostuvo, «debe ir acompañada de un profundo sentido ético y de una determinada forma de entender y ejercer la función judicial».
Del Moral lanzó esta reflexión durante la última jornada del encuentro «Ética, sociedad y derecho», celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde abordó precisamente una materia que conoce de primera mano por su experiencia al frente de la Comisión de Ética Judicial.
Para el magistrado del Supremo, «el correcto funcionamiento del Estado de Derecho exige jueces técnicamente preparados, pero también profesionales conscientes de la dimensión ética de sus decisiones».
«Es tan importante contar con jueces preparados y conocedores del Derecho y de su función como con un hondo sentido ético y afán de acomodarse a las denominadas virtudes judiciales», afirmó.
La idea de las «virtudes judiciales» va más allá del cumplimiento estricto de las leyes. Alude a los principios y pautas de conducta que deben acompañar al juez en el ejercicio de su función, como la independencia, la imparcialidad, la integridad, la prudencia o la responsabilidad.
Del Moral explicó que la ética judicial ha adquirido una creciente importancia internacional desde finales del siglo XX y, especialmente, durante las últimas décadas. Una preocupación que ha desembocado en la elaboración de códigos de conducta y principios éticos para jueces, tanto nacionales como supranacionales.
No se trata de sustituir las normas jurídicas ni el régimen disciplinario de los jueces, sino de establecer referencias que permitan afrontar situaciones en las que la respuesta sobre qué debe hacer un juez no siempre se encuentra escrita literalmente en una ley.
LA EXPERIENCIA DE LA COMISIÓN DE ÉTICA JUDICIAL
Del Moral abordó esta cuestión desde la experiencia acumulada por la Comisión de Ética Judicial, órgano que orienta a los jueces y magistrados españoles sobre cómo interpretar y aplicar los Principios de Ética Judicial en su conducta profesional. No resuelve recursos ni impone sanciones: sus dictámenes son confidenciales y meramente orientativos.
Durante su intervención repasó algunos de esos principios y explicó aplicaciones concretas extraídas de los dictámenes y recomendaciones de la Comisión.
El planteamiento sitúa la ética judicial en un terreno especialmente sensible: la confianza de los ciudadanos en quienes administran Justicia. Un juez no solo debe actuar conforme a Derecho, sino preservar con su conducta la independencia, imparcialidad e integridad que exige su función.
JUSTICIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La última jornada del encuentro estuvo dedicada precisamente al papel de la Justicia y los medios de comunicación como contrapesos del poder y garantes de la calidad democrática.
La cita ha sido impulsada por la Fundación Fernando Pombo, en colaboración con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Fundación Mutualidad y Gómez-Acebo & Pombo Abogados. A lo largo de sus sesiones, académicos, juristas, empresarios y periodistas han coincidido en la necesidad de reforzar los principios éticos y la responsabilidad institucional.
Además de Del Moral, participaron Carlos Saiz Díaz, fiscal en excedencia y director del Área Penal de Gómez-Acebo & Pombo Abogados; Enrique Lucas Murillo de la Cueva, catedrático de Derecho Constitucional y patrono de la Fundación Fernando Pombo; el sociólogo y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia; y los periodistas José Antonio Zarzalejos, Ángela Martialay, Elisa Beni, María Peral y Pedro Jiménez.
JUSTICIA Y PRENSA COMO CONTRAPESOS
José Juan Toharia recordó que una democracia necesita «pesos y contrapesos» capaces de detectar y corregir posibles desviaciones o abusos de poder. En esa tarea situó como protagonistas esenciales tanto a los tribunales como a los medios de comunicación.
José Antonio Zarzalejos diferenció, por su parte, entre los límites legales de la actividad periodística y las obligaciones éticas que los propios profesionales asumen voluntariamente. Defendió la autorregulación de la prensa como una herramienta para proteger la libertad de expresión frente a un excesivo intervencionismo normativo.
Ángela Martialay, jefa de la sección de Tribunales del diario El Mundo, reivindicó la importancia de la especialización en el periodismo judicial y condensó su defensa del oficio en una frase: «La buena información mueve montañas. Antes y ahora».
Martialay también puso el foco en uno de los problemas que condicionan actualmente el trabajo de los medios: la polarización social ha terminado permeando en el periodismo. Pese a ello, lanzó un mensaje de confianza en el trabajo de los profesionales de la información y en la capacidad del buen periodismo para mantener su función de control y servicio a los ciudadanos.
Elisa Beni abordó las dificultades que atraviesa actualmente el periodismo para conservar los principios deontológicos que tradicionalmente han guiado la profesión. Advirtió, además, de que el populismo cuestiona a los «intermediarios democráticos», entre ellos los periodistas, y defendió su función para impedir que el ciudadano quede solo frente al poder.
En una línea complementaria, María Peral, adjunta al director de El Español y responsable del área de información judicial, cuestionó las consecuencias de la aceleración informativa: «Ahora las noticias son más rápidas, pero ¿son mejores? Yo creo que no».
Peral alertó de que la velocidad y la sobreabundancia de contenidos están transformando la forma de hacer periodismo y defendió la necesidad de reforzar la responsabilidad profesional. La recuperación de la credibilidad, sostuvo, exige un verdadero «rearme deontológico».
Finalmente, Pedro Jiménez, redactor jefe de la Cadena SER, sostuvo que los periodistas especializados en tribunales deben mantener el rigor pese a la precarización de la profesión y la polarización social.
«Los periodistas de tribunales tenemos que mantener el rigor que se exige a nuestro trabajo», afirmó. Jiménez reivindicó además el periodismo judicial como un servicio público sujeto a la veracidad y al interés general y marcó una frontera que considera fundamental: «No somos agentes políticos».
Una reflexión que enlaza con el mensaje que vertebró la intervención de Antonio del Moral: en instituciones y profesiones cuyo funcionamiento depende de la confianza ciudadana, cumplir las reglas resulta imprescindible, pero la ética es la que termina dando sentido a ese cumplimiento.
