La guerra en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estallado a cuenta del discurso de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, en la apertura del año judicial.
Y esta vez la fractura no discurre entre conservadores y progresistas.
El sector conservador y el vocal progresista Carlos Hugo Preciado, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, han coincidido en lanzar una durísima respuesta contra otros nueve vocales progresistas, a los que reprochan haber asumido planteamientos del Ministerio de Justicia y haber tratado de condicionar públicamente lo que debía decir la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en uno de los actos institucionales más importantes del año.
Preciado va incluso más lejos. Advierte de la «apariencia de seguidismo» respecto de las posiciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y recuerda a sus compañeros que «el Consejo no pertenece a los partidos, ni al Gobierno, ni al Ministerio de Justicia».
Su advertencia termina con una frase inequívoca: «Colaboración, sí; subordinación, nunca».
El grupo conservador formula prácticamente el mismo reproche desde otra perspectiva. Considera «llamativo» que algunos vocales hagan suyos «planteamientos sostenidos por el Ministerio de Justicia frente al propio Consejo» y acusa directamente a los 9 firmantes de haber pretendido «condicionar públicamente» la intervención de Perelló, estableciendo «qué debería reconocer, qué debería criticar, qué cuestiones debería priorizar e incluso el enfoque que debería adoptar».
La respuesta llega después del comunicado suscrito por Ángel Arozamena Laso, Lucía Avilés Palacios, Ricardo Bodas Martín, Esther Erice Martínez, Bernardo Fernández Pérez, José María Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Luís Martín Contreras y Argelia Queralt Jiménez.
Los 9 reclamaron que la apertura del año judicial no se convirtiera en «una mera exposición de cifras, avances organizativos y agravios con otras instituciones del Estado» y exigieron más autocrítica al propio CGPJ.
Lo extraordinario del episodio es que ha quebrado la tradicional división por bloques del Consejo. Carlos Hugo Preciado, vocal de sensibilidad progresista, se ha situado en esta ocasión frente a nueve compañeros del mismo sector y ha coincidido con los conservadores en una cuestión de fondo: el CGPJ debe mantener su autonomía frente al Gobierno y el Ministerio de Justicia y su presidenta no puede ver condicionado desde dentro el contenido de su discurso institucional.
LOS CONSERVADORES CUESTIONAN LA «LEALTAD INSTITUCIONAL» DE LOS NUEVE VOCALES
La reacción del grupo conservador comienza poniendo en cuestión la forma en la que los nueve vocales progresistas plantearon su iniciativa.
Su comunicado sostiene que la actuación resulta «difícilmente conciliable con la lealtad institucional que ellos mismos reclaman».
Los conservadores parten de que la discrepancia es «legítima y consustancial al funcionamiento de un órgano constitucional plural». Lo que cuestionan es que el debate se trasladara directamente a la opinión pública sin plantearlo previamente en el seno del Consejo. Como ha sido este caso.
«La colaboración leal entre instituciones que se invoca en el comunicado debería comenzar por la lealtad dentro de la propia institución», sostienen.
Además, consideran que no se trata de un episodio aislado.
Según explican, desde la renovación de las comisiones del Consejo en octubre del pasado año se viene produciendo una dinámica por la que, cuando determinadas posiciones no obtienen respaldo suficiente dentro del órgano, «la discrepancia se traslada al exterior» y acaba convirtiéndose en un cuestionamiento de la actuación de la presidenta y de los vocales que no comparten esas posiciones.
Para los conservadores, la pluralidad supone poder defender las propias tesis, pero también aceptar que estas «pueden no ser compartidas por la mayoría».
«COMO SI FUERAN OBSERVADORES EXTERNOS»
Existe otro reproche importante.
Los 9 vocales reclamaban al CGPJ medidas concretas, responsables identificables, plazos y resultados verificables. El grupo conservador les recuerda que ellos mismos forman parte del órgano al que exigen esas actuaciones.
Lo hacen, afirman, «como si fueran observadores externos y no miembros del propio órgano».
Los vocales disponen de cauces internos para promover iniciativas, formular propuestas y someterlas a deliberación. Por eso, los conservadores plantean una pregunta: qué propuestas concretas han presentado esos nueve vocales sobre las cuestiones que ahora denuncian públicamente, cuáles han sido debatidas y cuáles, en su caso, rechazadas.
El comunicado conservador resume así la contradicción que aprecia: los 9 reclaman «diálogo, colaboración leal, responsabilidad y rendición de cuentas», pero hacen público su posicionamiento sin haber promovido previamente ese diálogo dentro del Consejo y tratan al propio órgano «como si sus firmantes fueran ajenos a él».
Y, sobre todo, consideran que han pretendido «condicionar desde el exterior una intervención institucional de la presidenta».
CARLOS HUGO PRECIADO ROMPE LA LÓGICA DE BLOQUES
La posición de Carlos Hugo Preciado adquiere una relevancia especial porque procede del propio sector progresista.
Su respuesta arranca con una declaración de principios: «Precisamente porque el Consejo no es una prolongación corporativa de la carrera judicial, tampoco puede convertirse en una prolongación política del Gobierno ni del Ministerio de Justicia».
Para Preciado resulta «difícilmente compatible» con la responsabilidad de los vocales «pretender rebajar o silenciar la voz institucional del Consejo para acomodarla al relato del Ministerio de Justicia».
Y establece una línea roja: la colaboración entre instituciones «no puede confundirse con la adhesión, el seguidismo o la renuncia al ejercicio crítico de las competencias propias».
De ahí que sostenga que «la condición de progresista no puede identificarse con la adhesión a las posiciones del Gobierno o del Ministerio de Justicia».
«PRESERVAR DE LA CRÍTICA A UN MINISTERIO SOMETIDO A UN EVIDENTE DESGASTE»
Preciado dirige después su crítica directamente hacia la relación entre el Consejo y el departamento que dirige Félix Bolaños.
A su juicio, resulta paradójico invocar la colaboración leal entre instituciones y, al mismo tiempo, cuestionar que la Presidencia del CGPJ exponga públicamente las carencias, dificultades y necesidades de la Justicia.
La Presidencia, recuerda, representa al Consejo y al Poder Judicial.
Por eso considera que defender que su discurso de apertura debe rebajar las reivindicaciones dirigidas a las administraciones responsables de proporcionar los medios personales y materiales supone alterar el propio concepto de lealtad institucional.
«No es desleal que el Consejo reclame al Gobierno los medios necesarios para que los tribunales puedan cumplir adecuadamente su función», afirma.
Lo preocupante, añade, sería que quienes forman parte del órgano pretendieran «sustraer protagonismo a su propia institución para preservar de la crítica a un Ministerio de Justicia sometido a un evidente desgaste político y de gestión».
«La autonomía institucional se demuestra precisamente cuando resulta incómodo ejercerla», concluye.
UNA PRESIDENTA PROGRESISTA CUESTIONADA POR VOCALES PROGRESISTAS
Preciado introduce además un elemento especialmente significativo en la batalla interna.
Considera «llamativo» que quienes reivindican una determinada sensibilidad progresista hayan dirigido una crítica pública de esta intensidad contra una Presidencia «de inequívoco perfil progresista».
La discrepancia con Perelló, que es también de Jueces y Juezas para la Democracia, subraya, es legítima. Pero considera contradictorio reclamar diálogo, colaboración y respeto institucional mientras se cuestiona públicamente a quien ostenta la máxima representación del Consejo.
«La Presidencia merece la misma lealtad institucional que se reclama respecto del Gobierno», afirma.
Y reclama superar definitivamente las dinámicas de bloques dentro del CGPJ para evitar que las «legítimas afinidades ideológicas» se transformen en mecanismos de alineamiento político.
PRECIADO SEÑALA DIRECTAMENTE A BOLAÑOS
Es en este punto donde Preciado introduce expresamente el nombre del ministro de Justicia.
«El Consejo no pertenece a los partidos, ni al Gobierno, ni al Ministerio de Justicia. Sus vocales no reciben instrucciones políticas y su actuación no puede responder a estrategias diseñadas fuera de la institución», advierte.
Y añade: «Por ello preocupa cualquier apariencia de seguidismo respecto de las posiciones defendidas por el ministro Félix Bolaños o de asunción automática del discurso ministerial».
Para el vocal progresista, la independencia del Poder Judicial exige también que su órgano de gobierno mantenga «una distancia institucional inequívoca respecto del Ejecutivo».
Su conclusión cabe en cuatro palabras: «Colaboración, sí; subordinación, nunca».
Preciado no afirma en su escrito que exista una instrucción concreta de Bolaños a los 9 vocales ni aporta pruebas de ella. Lo que denuncia expresamente es una «apariencia de seguidismo» respecto de las posiciones del ministro y alerta contra la posibilidad de que el CGPJ termine actuando como prolongación política del Ejecutivo.
LA LEY ORGÁNICA 1/2025, OTRO FRENTE DE LA BATALLA
El enfrentamiento también alcanza a una de las principales reformas impulsadas por Justicia: la transformación organizativa derivada de la Ley Orgánica 1/2025.
Los 9 vocales progresistas valoraron positivamente el despliegue de los tribunales de instancia, la creación de 500 plazas judiciales y la convocatoria de otras 500 plazas de acceso a la carrera judicial. Lo consideran un «cambio de tendencia» tras años de insuficiente crecimiento de la planta.
Pero también reclamaron objetivos verificables para revisar reglamentos, establecer un marco transparente de cargas de trabajo, reducir plazos de tramitación, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y ajustar la organización de los tribunales de instancia.
Preciado sostiene que reconocer los avances no puede impedir analizar críticamente los problemas derivados de la implantación de la reforma.
Los problemas de los tribunales de instancia, las dificultades organizativas, las insuficiencias de medios y las disfunciones comunicadas por jueces, magistrados y órganos de gobierno, afirma, «no pueden desaparecer del diagnóstico institucional porque su reconocimiento resulte incómodo para el Ministerio que impulsó la reforma».
Y utiliza una expresión especialmente dura.
Silenciar esas dificultades, asegura, «no constituye progresismo ni colaboración institucional». Supone «una forma de corporativismo político-administrativo que termina protegiendo al Ministerio frente a las consecuencias de sus propias decisiones».
LA BATALLA DE FONDO: LA AUTONOMÍA DEL CGPJ FRENTE AL EJECUTIVO
Detrás de la polémica por el discurso de Perelló emerge así una discusión institucional de mayor calado: qué relación debe mantener el nuevo CGPJ con el Gobierno y hasta dónde debe llegar la colaboración con el Ministerio de Justicia.
Los 9 vocales defienden que recuperar la confianza ciudadana exige autocrítica, transparencia, rendición de cuentas y colaboración entre el Consejo, el Gobierno, las comunidades autónomas, los órganos de gobierno de los tribunales y las corporaciones profesionales.
Los conservadores y Carlos Hugo Preciado responden desde otro ángulo: colaborar no significa asumir el discurso del Ejecutivo ni condicionar lo que la presidenta del Poder Judicial debe decir públicamente.
Preciado lo expresa con especial claridad en la conclusión de su comunicado: el Consejo debe ser capaz de colaborar con el Ministerio de Justicia, «pero nunca de seguir sus consignas».
«No hay verdadera independencia judicial sin un Consejo independiente también frente al Gobierno, los partidos políticos y cualquier intento de instrumentalización institucional», sentencia.
La controversia deja así una fotografía poco habitual en el renovado CGPJ: un vocal progresista enfrentado a otros nueve miembros de su misma sensibilidad y coincidiendo con el sector conservador en la defensa de la autonomía institucional del Consejo frente al Ejecutivo.
Y convierte la apertura del año judicial en mucho más que una ceremonia solemne: en el escenario de una batalla interna por determinar hasta dónde llega la autonomía del órgano de gobierno de los jueces frente al Ministerio de Justicia.
