El Congreso de los Diputados ha cerrado este jueves la puerta a la propuesta del Partido Popular para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y devolver a jueces y magistrados la elección directa de los 12 vocales de procedencia judicial.
La proposición de ley del PP no ha superado siquiera el primer trámite parlamentario. El Pleno ha rechazado su toma en consideración por 175 votos en contra y 170 a favor.
La iniciativa, respaldada por Vox, pretendía modificar uno de los aspectos más controvertidos del actual modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces: la intervención de las Cortes Generales en la designación de los 12 vocales que deben proceder de la carrera judicial.
El PP proponía que fueran los propios jueces y magistrados quienes los eligieran mediante votación directa. El Congreso conservaría la competencia para designar a los otros ocho vocales, que la Constitución establece que deben ser abogados y otros juristas de reconocida competencia.
El argumento de los populares es conocido: sacar del Parlamento la elección de los vocales judiciales permitiría reducir la influencia de los partidos políticos sobre el CGPJ y reforzar la percepción de independencia del Poder Judicial.
Un debate que también divide al CGPJ
La propuesta rechazada por el Congreso coincide, en sus líneas fundamentales, con el modelo defendido por el bloque conservador del actual CGPJ.
Sus vocales plantean que los 12 miembros de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados, mientras que las Cortes mantendrían intacta su competencia constitucional para designar a los otros ocho juristas.
El bloque progresista defiende una fórmula diferente. Su propuesta contempla una participación directa de jueces y magistrados en la selección de candidatos, pero mantiene una intervención posterior de las Cortes en la designación definitiva.
La diferencia es sustancial: el debate no está en si los jueces deben participar en la elección, sino en quién debe tener la última palabra sobre los 12 vocales judiciales: la propia carrera judicial o el Parlamento.
Gamarra: «Que los jueces elijan a los jueces»
La secretaria general del PP y diputada Cuca Gamarra defendió la reforma vinculándola directamente con la independencia judicial y con los que calificó como «constantes ataques del Gobierno al Poder Judicial».
«Frente a un Gobierno que quiere romper las costuras del Estado de Derecho, nuestra obligación es reforzarlo y necesitamos una Justicia aliada de la verdad, una Justicia que imponga límites legales», afirmó.
Gamarra resumió la posición del PP en una frase: «Que los jueces elijan a los jueces, es el principio que garantiza la independencia de la Justicia».
El PSOE rechazó de plano ese planteamiento.
El diputado socialista Paco Aranda sostuvo que la reforma pretendía «hurtar a las Cortes Generales» el nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ y entregar esa capacidad a las asociaciones judiciales conservadoras.
«A eso le llaman defensa de la independencia judicial, menudo cinismo. Esto no es un proyecto de ley, es un pago en especies», afirmó.
Sumar acusa al PP de querer controlar los nombramientos
También fue especialmente crítico el diputado de Sumar Enrique Santiago, quien acusó al PP de perseguir el control de los nombramientos judiciales.
Según Santiago, para los populares «no es suficiente controlar más del 70 % de los jueces» y pretenden «controlar el 100 % de los nombramientos para poner a la Justicia aún más a su servicio».
ERC y Junts también votaron contra la iniciativa.
El diputado de Junts Josep Pagès calificó al CGPJ como un órgano «politizado por definición», integrado, según afirmó, por «jueces partidistas que designan a jueces con cuotas partidistas».
A su juicio, se trata de «un órgano disfuncional hasta la médula, que hace de controlador político del Poder Judicial».
Desde ERC, Pilar Vallugera calificó de «cínica» la propuesta del PP y denunció el «desastre reputacional al que se somete a la Justicia por la manipulación de unos y otros».
Vallugera añadió otra crítica especialmente dura al señalar que «da mucha vergüenza» que, según afirmó, el 91 % de las denuncias contra jueces sean archivadas. «Parece que ser juez e impune en tu trabajo es casi equivalente», aseguró.
Podemos habla de una mayoría conservadora «hereditaria»
Podemos también rechazó la reforma.
Su diputada Noemí Santana sostuvo que el objetivo real del PP es conseguir que la mayoría conservadora existente en la carrera judicial pueda perpetuarse sin intervención de la representación parlamentaria.
«No quieren jueces independientes, quieren convertir esa mayoría conservadora en un poder casi hereditario», afirmó.
Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego defendió que la independencia judicial no puede significar ausencia de control democrático.
Rego aseguró además que en España existe lawfare y sostuvo que la Justicia debe actuar con independencia, pero sin quedar al margen de los mecanismos democráticos.
El rechazo del Congreso deja, por ahora, intacto el actual sistema de elección del CGPJ y mantiene abierto un debate que continúa dividiendo tanto a los partidos políticos como al propio órgano de gobierno de los jueces: hasta dónde debe llegar la intervención del Parlamento en la elección de los 12 vocales procedentes de la carrera judicial.
