La sociedad española viene arrastrando tal número de casos de corrupción, que hace que este fenómeno criminal resulte ya insoportable y merezca una auténtica y rotunda respuesta por parte de los gobernantes, en el marco de una política criminal cuyo principal objetivo sea precisamente la eliminación de este mal que se ha convertido, para desgracia de la ciudadanía cumplidora de sus deberes y obligaciones, en algo endémico, que hay que extirpar.
A mi juicio, debería ser una prioridad nacional acabar con la corrupción, que es como una especie de fenotipo, comprensivo de un amplio grupo de casos caracterizados por el abuso de poder, incumplimiento de deberes por servidores públicos, el uso indebido de cargos o funciones públicas, con obtención de beneficios personales y, por tanto, enriquecimiento ilícito (cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos, enriquecimiento ilícito de cargos públicos, concursos y subastas en las contrataciones públicas, etc.).
Soy consciente de que esta preocupación viene de lejos, y que no han faltado instrumentos legales para combatir la corrupción, como la transparencia y la persecución de los incrementos patrimoniales ilícitos, la extensión de la responsabilidad penal a empresas, partidos políticos y sindicatos, incorporación al código penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos, que les ha de llevar a adoptar medidas de vigilancia y control para evitar riesgos penales, implementación de las recomendaciones de la OCDE sobre corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, etc.
Pero lo cierto es que no parece que ello haya sido suficiente, pues la corrupción va in crescendo: casos GAL, FILESA, KIO, Naseiro, Gescartera, Palma Arena, ERE, Pretoria, Gürtel, Bárcenas, Nóos, Trama Púnica, Kitchen, Koldo García, Begoña Gómez, David Sánchez, fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz), Plus Ultra, Santos Cerdán/Aldama, Leire Díez, Financiación irregular del PSOE, etcétera. ,
Muchos de ellos aún en fase de instrucción o pendientes de sentencia, pero que ya generan una inquietud y preocupación social muy elevada, pues la impresión que transmiten es que el patrimonio público se está dilapidando, con grave perjuicio para el conjunto de la sociedad, que la arbitrariedad es la que está detrás de muchas decisiones políticas, y que se anteponen los intereses personales a los generales. Un panorama realmente desolador.
Centro de toda política criminal
Insisto, tal y como están las cosas, la lucha contra la corrupción, tanto desde el punto de vista preventivo como represivo, debe ser el centro de toda política criminal, porque está claro el clamor social contra este fenómeno criminal.
Y es necesaria la previsión y fortalecimiento de un aparato judicial especializado, con una policía judicial exclusivamente dependiente de los jueces de instrucción que dirijan las investigaciones, que permita una investigación eficaz de estos delitos relacionados con la corrupción, dotado de cuantos medios sean precisos, que se vea que al poder ejecutivo le importa de verdad el buen funcionamiento del poder judicial, no su control, permitiendo la mayor efectividad en la persecución de estos delitos, así como en la recuperación del dinero ilícitamente obtenido.
Es urgente la regulación de los lobbies, que los ciudadanos puedan tener pleno conocimiento de las actividades de influencia de aquellos en las políticas y decisiones adoptadas por los altos cargos políticos, ejerciendo así el pertinente control, especialmente, a través de los medios de comunicación, así como también una estricta regulación de los conflictos de intereses, que eviten situaciones en las que los intereses personales de un responsable político puedan llegar a interferir en el cumplimiento imparcial de sus funciones, generando riesgos para el interés público.
Y hoy por hoy es palmariamente claro que la Fiscalía General del Estado, excesivamente próxima al poder ejecutivo, no está en condiciones de asumir las tareas de instrucción, aunque hay que reconocer la destacada labor llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en delitos contra la corrupción, en especial la corrupción política.
A mi juicio, aunque para que el Ministerio Fiscal pueda actuar con la mayor eficacia es imprescindible que su actuación siga estando coordinada en todo el territorio nacional, rigiendo, pues, los principios de unidad de actuación y de jerarquía, naturalmente de carácter interno, garantizándose así la necesaria funcionalidad de la gestión, el fiscal no debe estar sujeto a ninguna dependencia jerárquica externa ni recibir injerencias partidarias o de cualquier otro signo.
En realidad, jueces y fiscales forman parte del poder judicial, y deberían gozar de un mismo estatuto, independientemente de la decisión sobre la atribución de funciones que, finalmente, adopte el legislador.
Jueces y fiscales están vinculados al principio de legalidad, de sometimiento a la ley, y han de ser imparciales.
Unificación de las carreras judicial y fiscal
En mi opinión, debería judicializarse la carrera fiscal, la unificación de las carreras judicial y fiscal, garantizándose así la independencia del fiscal.
El daño que está provocando la corrupción no se limita a las finanzas del Estado. Probablemente el mayor daño tenga que ver con la enorme desconfianza que este mal genera en las instituciones democráticas y en sus dirigentes políticos, con la pérdida de legitimidad que ello supone.
Muchos ciudadanos se preguntan cómo es posible que representantes y cargos públicos, políticos, desconozcan algo tan básico del sistema democrático como es el tener siempre como objetivo el interés general, no el personal, que con frecuencia carezcan de la necesaria capacidad profesional, decencia, integridad y rectitud, y que los instrumentos de defensa de la sociedad frente a semejante realidad no tengan la eficacia e inmediatez deseadas.
En particular, en situaciones como las vividas actualmente en nuestro país, con un panorama político tan desolador, sólo el control jurisdiccional, del poder judicial, es el que está permitiendo esclarecer hechos y apreciar las pertinentes responsabilidades de altos cargos del Estado y del partido político que sustenta al gobierno actual.
Pero se trata de responsabilidades penales.
No han funcionado los controles políticos
Antes deberían funcionar los controles políticos, como los de carácter parlamentario, que está claro no han funcionado.
Sí ha funcionado, en cambio, el control de los medios de comunicación, que han permitido en muchos casos, a través de un meritorio periodismo de investigación, arrojar luz sobre las numerosas tramas de corrupción objeto de instrucción en la Audiencia Nacional.
Y será, finalmente, el control por el pueblo, a través de las elecciones, el que permita afirmar las responsabilidades políticas de los gobernantes por sus actuaciones.
Incluso, hay casos en los que quien ostenta un cargo público y sobre el que recaen serias sospechas de responsabilidad por participar en operaciones corruptas, debería, por su propia iniciativa y razones de dignidad, dimitir, sin esperar a que tengan que ser otros mecanismos los que le lleven a abandonar el cargo.
Es una realidad que ni las interpelaciones ni las comisiones de investigación en sede parlamentaria han tenido en ningún caso el efecto deseado de algún cese, como hubiera sido natural.
Otra realidad es que, por abundantes que son los casos de corrupción que salpican al gobierno actual y al partido socialista, no se produce la reacción natural de convocatoria de elecciones, a fin de rendir cuentas ante la ciudadanía y que esta decida a través de las urnas, soberanamente, lo que proceda.
Sólo queda la prensa y, sobre todo, la vía jurisdiccional penal, en un marco además en el que el poder judicial, sobre cuya independencia no hay sombra alguna de sospecha, ha de soportar frecuentemente intromisiones desde un poder ejecutivo afectado por tan numerosos casos de corrupción, y con un Consejo General del Poder Judicial, excesivamente politizado, incapaz de responder a los ataques que este viene sufriendo.
En cualquier caso, en España no hay ninguna duda sobre la independencia de los jueces y magistrados que integran el poder judicial, de manera que los ciudadanos pueden confiar plenamente en la imparcialidad de los mismos, aunque lamentablemente los medios que el poder ejecutivo le proporciona no son siempre los deseables, impidiendo con frecuencia que se cumpla el principio de celeridad, al que implícitamente se refiere la Constitución cuando reconoce el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas (art. 24.2).
Pero estoy seguro de que el pueblo, a través de las urnas, el poder judicial, a través de sus resoluciones, y la prensa, a través del control ejercido por los medios de comunicación, sabrán dar una respuesta adecuada a la perturbadora y muy preocupante situación que domina el panorama político y social, y que tanto daño está ocasionando a nuestro país y a sus ciudadanos.
