Se le acabó el margen de maniobra. O al menos, una de las bazas que quedaban sobre la mesa.
Santiago Pedraz, el magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del ‘caso Leire Díez’, acaba de tumbar el incidente de nulidad que la exmilitante socialista había presentado contra toda la causa.
La razón que esgrime el magistrado en su auto —fechado este lunes— no deja demasiado espacio para la ambigüedad: Díez llegó tarde. Muy tarde.
Concretamente, más de seis meses tarde.
Lo que pedía Díez, y por qué no cuela
La petición no era menor. Díez reclamaba la nulidad de todo lo actuado en su detención de diciembre pasado: la incautación de móviles, dispositivos electrónicos y objetos físicos, y —aquí viene lo importante— también de «todas las actuaciones procesales, diligencias y resoluciones judiciales derivadas de dicha incautación y extraídas de dichos dispositivos».
Es decir, no solo cuestionaba el momento de la detención, sino que intentaba tirar del hilo hasta desmontar buena parte del material probatorio que se ha ido acumulando desde entonces.
Pedraz no se lo compra.
Su argumento central es tan simple como demoledor: la supuesta irregularidad que ahora denuncia Díez «era conocida por la parte desde el mismo momento de la detención».
No es un dato que haya aparecido después, ni una circunstancia sobrevenida. Estaba ahí desde diciembre. Y sin embargo, «no exist[ió] justificación alguna para su planteamiento más de seis meses después».
El manual procesal que Díez se saltó
Aquí el auto se pone técnico, pero merece la pena detenerse porque explica el fondo de la decisión. Existían, recuerda el magistrado, mecanismos específicamente diseñados para impugnar una detención en el momento en que se produce. El más evidente: el habeas corpus. Ese cauce estaba disponible en diciembre. Nadie lo activó.
Tampoco se recurrió, señala Pedraz, «ninguna de las múltiples resoluciones dictadas en el curso de estas actuaciones» en el momento procesal oportuno.
Y el procedimiento, mientras tanto, siguió avanzando: se plantearon «diversas incidencias sobre la validez de las actuaciones», la causa fue mutando de fase, y ahora —dice el juez— «se encuentra en una fase procesal claramente distinta» a aquella en la que se produjo la detención cuestionada.
Traducido: no se puede parar el reloj seis meses después y pretender rebobinar hasta el punto de partida.
«Contravenir la buena fe procesal»
La frase que probablemente más va a circular de este auto es la que usa Pedraz para calificar la estrategia de Díez: su planteamiento «viene a contravenir la buena fe procesal y la prohibición de utilizar el incidente como una vía de revisión de cuestiones ya resueltas».
Es una forma jurídica de decir algo bastante directo: el incidente de nulidad no es un comodín para reabrir lo que ya está cerrado, ni una segunda oportunidad para plantear lo que se pudo —y no se quiso— plantear a tiempo.
Con ese razonamiento, el instructor concluye que «procede la inadmisión del incidente de nulidad», precisamente por pretender «reabrir cuestiones ya resueltas, introducir motivos que pudieron alegarse en el momento oportuno y hacerlo fuera del plazo previsto».
El contexto: una causa que sigue creciendo
Conviene no perder de vista qué hay detrás de este pulso procesal. La instrucción de Pedraz indaga en una presunta operativa que, según la investigación, habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con Díez en labores de coordinación, orientada a desbaratar causas judiciales que salpican al Gobierno y al propio partido socialista.
Díez fue detenida en diciembre junto a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario Antxon Alonso, este último vinculado a Cerdán por presuntas irregularidades en contratos adjudicados por la entidad pública.
Con el incidente de nulidad ya descartado, la causa sigue su curso. Y el material incautado en diciembre, de momento, sigue sobre la mesa del juez.
