El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aplazado al próximo 15 de julio la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco del denominado ‘caso Leire Díez’, en el que se investigan presuntas maniobras para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
El magistrado ha acordado posponer la comparecencia, inicialmente prevista para este viernes, por motivos personales.
Para el próximo miércoles también están citados como testigos Diego Villafañe y Beatriz López, quienes formaban parte del equipo de la Fiscalía General del Estado cuando la institución estaba encabezada por Álvaro García Ortiz y que mantuvieron reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.
En un informe incorporado al sumario de la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge una conversación mantenida por WhatsApp entre Leire Díez y Cristina Narbona el 24 de abril de 2024.
El intercambio de Narbona con la fontanera del PSOE
Según los investigadores, durante ese intercambio de mensajes «Leire habló de ‘reconducir’ los ataques al presidente, dar ‘ayuda cualificada’ y dar la vuelta al asunto ‘como un calcetín'». Asimismo, los agentes señalan que, en esa misma conversación, Narbona hizo referencia a que esas cuestiones «se lo habías contado a Santos el otro día».
Tras la difusión, hace unos meses, de los primeros audios sobre las reuniones de Leire Díez, Narbona reconoció que la conocía «hace mucho tiempo en Santander», donde la exmilitante trabajó en tareas de comunicación del PSOE en Cantabria, al tiempo que se desvinculó de cualquier actividad ilícita.
Por otra parte, fuentes de la Fiscalía han indicado que Diego Villafañe y Beatriz López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y con una mujer presentada como compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez.
Tanto Teijelo como Santos Cerdán y Leire Díez figuran como investigados en esta causa, que indaga en presuntas maniobras dirigidas a intentar desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno.
