Comenzaba la segunda jornada del I Congreso Nacional de Extranjería organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) con una visión desde la Fiscalía en su papel en la Sala de Extranjería
Pero el plato principal llegó con la primera mesa redonda del viernes, donde el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, subieron el tono y alzaron la voz: las instituciones públicas deben escuchar a estos profesionales, quienes aportan ética y supervisión en un entorno cada vez más automatizado.
Bajo la moderación del director técnico del Congreso, Carlos Mora, ambos representantes criticaron a la administración pública en ciertas situaciones, como es el caso de los trámites de extranjería, el potencial de los abogados y gestores, utilizándolos de forma protocolaria en lugar de aprovechar su capacidad técnica y su papel de puente entre las instituciones y ciudadanía.
Los profesionales son un interlocutor y colaborador, no un eslabón prescindible en la cadena
Quien abrió el debate fue el presidente del CGAE, que destacó la relación de los Consejos con la Administración debe mejorar: «Se nos ve únicamente como interlocutor para temas complejos. Pero la Administración no es consciente del potencial que tenemos tanto por formación, personal o incluso nuestro papel de representación de los ciudadanos», señaló.
Para el presidente del CGAE, el reto que tienen por delante los colegios, tanto de abogados como los de Gestores Administrativos, es conseguir alzar la voz: «Tenemos que levantar la mano y llamar su atención. Es imprescindible que desde los ministerios hablen con nosotros, Muchas veces se consigue pero como trámite formal, por cumplir el expediente, pero no se trata de eso. Gracias a nuestra labor de representación, los colegios profesionales somos conscientes de la realidad de la ciudadanía. Y por ello, podemos articular todos los trámites», añadió.
En línea con lo expresado por González, el presidente del ICOGAM y CGCGAE, revindicó la importancia del papel de los gestores administrativos en los trámites de extranjería: «Llevamos años presionando por continuar tal y como veníamos tratando los expedientes de extranjería, y nos lo quisieron quitar cuando modificaron la regularización de inmigrantes. Pero al ser un proyecto transversal, éramos una pieza inamovible del engranaje», destacó.
«El gestor administrativo es el puente entre el lenguaje de la administración y el lenguaje de la calle. Esto facilita no solo el acceso a la administración».
Y recordó a los asistentes, a la par que mandaba una pulla a la Administración, que su papel es el de «colaborador» del Servicio Público, y puente entre este y la ciudadanía: «Los gestores administrativos somos la extensión de nuestros representados. Y además somos los colaboradores de la Administración. Porque ambos perseguimos el mismo fin: que la ciudadanía consiga de forma rápida, eficaz y segura sus trámites», concluyó, arrancando unos aplausos de los asistentes.
Digitalización sí, pero no como única vía: los profesionales alertan del deterioro de los derechos de los ciudadanos
Otro de los puntos fuertes tratados en la mesa redonda fue la digitalización de la Justicia y, más en concreto, los trámites en materia de extranjería.
Ambos ponentes destacaron el «esfuerzo enorme que está haciendo la Administración» en su transformación digital, siendo su principal impulso los fondos NextGeneration. Sin embargo, tal y como avisó González, la digitalización no puede erradicar por completo los trámites presenciales.
«La tecnología debe ofrecer nuevas oportunidades, como las de evitar desplazamiento o acortar esperas. Pero si por alguna excepción no se puede acceder ‘online’, tiene que haber facilidades para el que necesita acudir presencialmente. Es compatible la tramitación de expedientes ‘online’ o por ventanilla», indicó el representante de la Abogacía.
El presidente del CGAE puso sobre aviso que hay población que no tiene por qué saber utilizar un ordenador, y en el momento en el que se le dificulta consultar su expediente esto supone un deterioro de los derechos del ciudadano y del propio Servicio Público.
«Se está construyendo un sistema tecnológico en las administraciones que está descuidando los derechos y garantías de los ciudadanos. Si una persona ese día no tiene acceso a su firma digital, ordenador, sede electrónica… Debe tener otra forma de llegar hasta allí, por ejemplo, yendo a la oficina», sugirió González.
Por su parte, Santiago Ollero destacó que, a pesar del esfuerzo enorme por la digitalización, el avance «ha sido muy lento» y promesas de revolución se han convertido en un obstáculo más. Entre ellas, destacó la cita previa como principal ejemplo, un trámite que actúa como un verdadero cuello de botella donde se atascan los procedimiento.
«La cita previa se ha convertido en un obstáculo para la ciudadanía. Debería volver a sentarse a dialogar sobre cómo se puede mejorar, porque en su sentido inicial es un gran avance. Por ello, considero que deberían escucharnos a los profesionales del derecho que usamos estas herramientas: porque conocemos la realidad. Pero no se dejan aconsejar», lamentó el presidente del ICOGAM y el CGCGAE.
Finalizó la mesa redonda con un mensaje claro para los asistentes: una colaboración público-privada más fluida, que no se limite a formalismos y aprovechando sus consejos, garantiza la seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos frente a procesos automatizados o ineficaces.
