El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de una de las piezas del denominado caso Koldo, ha acordado solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la remisión de la copia íntegra de los expedientes fiscales correspondientes a varias empresas por los impuestos devengados durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
La decisión se recoge en un auto, dictado en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Según expone el magistrado, la causa se centra en un supuesto favorecimiento «recurrente» a distintas constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos públicos.
Las constructoras investigadas y la petición dirigida a la ONIF
Entre las sociedades mencionadas en la resolución figuran Acciona, especialmente a través de su filial Acciona Construcción, así como Levantina Ingeniería y Construcción y Regadíos. Además, Moreno solicita a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, los informes relativos a MER Construcción y a las dos últimas mercantiles.
El juez recuerda que estas empresas fueron adjudicatarias de contratos de obra pública que forman parte de la investigación. Por ello, reclama la «copia completa de los expedientes» tramitados respecto de dichas sociedades por los impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023, con el objetivo de avanzar en el «descubrimiento y comprobación de la comisión de la infracción penal».
El juez aprecia «claros indicios objetivados» de varios delitos
En su resolución, Moreno sostiene que la investigación no se sustenta en una «mera sospecha», sino en la existencia de «claros indicios objetivados» de la posible participación de los investigados en delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
El magistrado sitúa como presuntos protagonistas de estas actuaciones al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor ministerial Koldo García, ambos investigados en la causa, junto con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Asimismo, señala a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, también investigados, como presuntos «facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas».
En otra de las diligencias acordadas, Moreno solicita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le remita, si obra en su poder, un expediente de la Agencia Valenciana Antifraude relativo a la ausencia de liquidación del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Albal y Adif.
Por último, el instructor acuerda que la documentación remitida por la Agencia Tributaria sea trasladada a la Guardia Civil para que elabore un informe con el resultado del análisis de la documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera incorporada a la investigación.
