El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha anunciado que trasladará al Poder Judicial la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes desde Marruecos el pasado 30 y 31 de julio e indicará a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que «Ceuta está en peligro».
Así lo ha comunicado el dirigente ceutí en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la ciudad autónoma. En la comparecencia, Vivas ha reiterado que Ceuta no se va a «rendir» y que el Gobierno de la Ciudad va a continuar pidiéndole al Ejecutivo que encabeza el presidente, Pedro Sánchez, que «cumpla con sus obligaciones» y actúe con «firme determinación».
«Yo tengo la intención de transmitir la situación simplemente para que la conozcan a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quieren recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro», ha expresado Vivas.
En este sentido, el presidente ha explicado que la intención de trasladar este mensaje a los presidentes de ambos tribunales es que «simplemente» conozcan la situación, pero sin intentar «interferir en la independencia del Poder Judicial».
Vivas llevará la crisis de Ceuta ante las máximas autoridades judiciales
Además, el presidente de la ciudad ha defendido que también recurrirán a otras instancias del Estado —como a las Cortes Generales, a las Comunidades Autónomas, o la Federación de Municipios y Provincias, así como a organizaciones empresariales y sindicatos— porque tienen «la obligación de hacerlo».
«El Estado tiene tres poderes. Hay un Poder Ejecutivo, que es el Gobierno, que ya sabemos cómo está actuando, hay un Poder Legislativo, que son las Cortes Generales, a las que hay que acudir, y hay un Poder Judicial, que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado», ha insistido.
Según ha indicado el mandatario ‘popular’, el Gobierno «cuenta con medios y capacidades suficientes» para que Ceuta «vuelva a la normalidad en un plazo no superior a treinta días» y conseguir que «todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos».
