Vox ha llevado al Tribunal Supremo (TS) su batalla contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que declaró carecer de competencias para intervenir ante las nacionalizaciones de descendientes de españoles derivadas de la conocida como ‘ley de nietos’, incluida en la Ley de Memoria Democrática.
En su recurso, el partido que lidera Santiago Abascal solicita la anulación del acuerdo y sostiene que la negativa de la JEC a adoptar medidas dirigidas a garantizar la «limpieza, transparencia, legalidad y objetividad del proceso electoral» vulnera el derecho de sufragio.
La controversia tiene su origen en las denuncias planteadas ante la JEC sobre los efectos que las nacionalizaciones podrían tener en el censo electoral.
Tras recibirlas, el organismo solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la norma en la actualización del censo. Finalmente, sin embargo, se declaró incompetente al considerar que el procedimiento de obtención de la nacionalidad excedía de sus atribuciones.
Cuatro vocales discreparon de la decisión
La resolución no fue unánime. Cuatro de los trece vocales de la JEC formularon un voto particular en el que advirtieron de un «incremento irregular» del censo electoral.
Según los discrepantes, la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para aplicar la «ley de nietos» habría ampliado el acceso a la nacionalidad a más personas de las contempladas por la propia Ley de Memoria Democrática.
Sobre esta base, Vox pide al Supremo que declare la «competencia irrenunciable» de la JEC y su obligación de adoptar medidas «expeditivas y urgentes» para garantizar el ejercicio del voto en un proceso electoral limpio y transparente.
Entre otras actuaciones, reclama que se impartan instrucciones a la Oficina del Censo Electoral, consulados, ayuntamientos y registros civiles para que las altas censales se tramiten únicamente cuando quede acreditada la causa de exilio prevista en la ley y no cuando esta haya sido «meramente presumida».
Vox pide auditar inscripciones en el CERA
El partido solicita asimismo auditar las inscripciones realizadas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y, en su caso, dar de baja a quienes no acrediten individualmente los requisitos exigidos.
También reclama medidas para asegurar «la identidad del votante, la trazabilidad del voto, la seguridad e integridad en la custodia del mismo» en términos equiparables a los aplicados a los españoles residentes en territorio nacional.
Vox sostiene que la JEC, al declararse incompetente, no habría protegido adecuadamente el derecho de sufragio y habría renunciado a ejercer las atribuciones que le corresponden como órgano superior de la Administración electoral. Será ahora el Supremo el que deberá pronunciarse sobre el alcance de esas competencias.
