El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera «necesario» reforzar el servicio de guardia en los juzgados de instrucción de Ceuta y en los órganos con competencia en violencia sobre la mujer para la tramitación de procedimientos relacionados con presuntos delitos sexuales, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio.
Así lo ha acordado la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que ha trasladado esta necesidad al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y al presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formulen la correspondiente solicitud de refuerzo.
Además, y en atención a la situación actual, la Comisión Permanente ha decidido aplazar el cese de un juez en expectativa de destino que presta servicio como refuerzo en el órgano con competencia en materia de violencia sobre la mujer.
La decisión se produce después de que el CGPJ analizara un informe solicitado el pasado 5 de agosto sobre la situación de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta tras los acontecimientos registrados durante la crisis migratoria.
Impacto extraordinario en la actividad judicial de Ceuta
Según explica el CGPJ, el informe concluye que los hechos ocurridos esos días han afectado de forma «extraordinaria» al funcionamiento del servicio público de justicia, especialmente a la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia y, en particular, al servicio de guardia.
Los datos recogidos reflejan que entre el 30 de julio y el 5 de agosto se incoaron 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos ocurridos durante esos días.
A ello se suman otros 72 atestados con detenidos o citados recibidos entre el 5 y el 11 de agosto.
El órgano de gobierno de los jueces señala que, aunque el Tribunal Superior de Justicia y otras autoridades ya han adoptado medidas para garantizar la continuidad del servicio, entre ellas la incorporación de magistrados al turno de guardia, el informe considera que la prolongación de la crisis exige actuaciones de mayor duración y estabilidad.
Entre las medidas propuestas figuran comisiones de servicio, con o sin relevación de funciones, tanto para magistrados como para funcionarios.
Preocupación por los asuntos de violencia sobre la mujer
El informe también pone el foco en la situación del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en violencia sobre la mujer, que está registrando un incremento de la carga de trabajo derivado de la crisis migratoria, especialmente por asuntos relacionados con presuntas agresiones sexuales.
A ello se suma la previsión del próximo cese del juez en expectativa de destino que actualmente presta funciones de refuerzo en dicho órgano, circunstancia que ha llevado al CGPJ a acordar el aplazamiento de su salida.
Asimismo, el Consejo considera necesario incrementar temporalmente la plantilla con personal experimentado hasta que se supere la situación actual. En concreto, plantea la incorporación de un gestor procesal, dos tramitadores y un funcionario de auxilio judicial, además de un letrado de la Administración de Justicia.
Por otro lado, el CGPJ ha trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de incorporar dos intérpretes y habilitar un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia.
Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces ha anunciado que el vocal José Antonio Montero visitará próximamente los órganos judiciales de Ceuta para evaluar sobre el terreno la situación generada por la crisis migratoria.
