Ceuta necesita más jueces, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo ha reconocido este martes en sesión extraordinaria.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha tomado conocimiento de las medidas urgentes adoptadas para reforzar los órganos judiciales de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria registrada los días 30 y 31 de julio, un episodio que ha desbordado la capacidad de trabajo del Tribunal de Instancia local.
La respuesta se ha articulado por la vía de la comisión de servicios, la fórmula que permite destinar temporalmente a un magistrado a otro órgano judicial liberándolo durante ese periodo de sus funciones habituales.
Se ha ofrecido una primera comisión para reforzar de manera transversal las plazas 1 a 6 de la Sección Civil y de Instrucción; según el CGPJ, 4 magistrados ya han solicitado ocuparla.
Una segunda comisión se dirige específicamente a la plaza número 4, que tiene atribuidas las competencias en violencia sobre la mujer, área especialmente sensible a cualquier acumulación de trabajo. A ello se suma un segundo juez de guardia en el Tribunal de Instancia mientras se mantenga la situación extraordinaria.
Quien ha firmado estas decisiones no es el CGPJ como órgano de gobierno, sino la Presidencia en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, al amparo de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva para situaciones urgentes.
El Consejo, en la sesión de este martes, se ha limitado a tomar conocimiento de medidas ya ejecutadas, no a autorizarlas ex novo, una distinción procesal relevante que conviene no diluir en el titular.
La Comisión Permanente ha tomado nota también de una comunicación remitida el 24 de agosto por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, sobre las consecuencias de la crisis migratoria para el servicio público de Justicia en Ceuta, cuyo contenido concreto no ha trascendido en la nota difundida por el órgano.
Convocar la Comisión Mixta
Donde el episodio adquiere una dimensión más política es en el desenlace. El CGPJ ha acordado por mayoría reiterar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que convoque la Comisión Mixta para cerrar y ratificar el Protocolo de medidas de apoyo y refuerzo.
Se trata de un texto firmado en 2019 y todavía pendiente de ratificación siete años después, cuya convocatoria el Consejo lleva reclamando desde mayo.
Su entrada en vigor permitiría acelerar la incorporación de jueces y otros apoyos sin depender, como ahora, de fórmulas urgentes activadas caso por caso.
El episodio de Ceuta ilustra así una tensión que ya venía dibujándose entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en torno a la financiación y agilidad de los refuerzos judiciales: mientras el protocolo permanece bloqueado, son las presidencias de los tribunales superiores las que deben improvisar soluciones transitorias ante situaciones que, como la migratoria en la frontera sur, tienden a repetirse.
