El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha difundido un manifiesto institucional en el que reivindica la plena pertenencia de Ceuta y Melilla a España, reclama una implicación estatal sostenida ante sus retos y defiende que el control de las fronteras debe compatibilizarse con los derechos fundamentales y el derecho de defensa.
El documento, aprobado por la Junta de Gobierno del ICAM y fechado en el día de hoy, proclama que “Ceuta y Melilla son España” y sostiene que su vinculación con el país “no admite dudas ni ambigüedades”.
Plena integración constitucional
La Abogacía madrileña subraya que la condición de ambas ciudades se fundamenta en el ordenamiento constitucional, en sus respectivos Estatutos de Autonomía y en el marco europeo.
Así, recuerda que la Constitución de 1978 las contempla de forma expresa en su disposición transitoria quinta y que las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995 consolidaron en 1995 su configuración institucional como ciudades autónomas.
El manifiesto también cita el artículo 25 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que extiende la aplicación de los Tratados y de los actos de las instituciones europeas a “las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla”.
En ese contexto, el ICAM rechaza “cualquier aproximación que presente ambas ciudades como una realidad distante o separada de los intereses generales de España” y recalca que los poderes públicos deben asegurar a sus residentes “la misma protección, seguridad jurídica, derechos y oportunidades que en cualquier otro lugar del territorio nacional”.
Fronteras y Estado de Derecho
El documento respalda que España ejerza el control de sus fronteras, pero condiciona esa actuación al cumplimiento de la ley y al respeto a las garantías constitucionales.
“España tiene el derecho y el deber de proteger y controlar eficazmente sus fronteras”, afirma el texto, que añade que esa responsabilidad debe desarrollarse “con plena sujeción al ordenamiento jurídico y con respeto a los derechos fundamentales”.
El ICAM plantea que no existe incompatibilidad entre eficacia en la gestión fronteriza y respeto de las normas. “Rechazamos la falsa disyuntiva entre autoridad y garantías. No hay contradicción entre eficacia y legalidad”, sostiene el manifiesto.
La declaración advierte de que “un Estado que no logra hacer cumplir sus normas se debilita”, pero también “aquel que, para hacerlas cumplir, prescinde de las garantías”.
Por ello, vincula la fortaleza institucional a la capacidad de “proteger las fronteras, hacer efectiva la ley y preservar al mismo tiempo los principios propios de una democracia constitucional”.
Defensa y personas vulnerables
El Colegio de la Abogacía de Madrid destaca que la particular situación fronteriza de Ceuta y Melilla no puede justificar una reducción de las garantías jurídicas. “La singularidad fronteriza de Ceuta y Melilla no puede traducirse en una disminución de las garantías jurídicas”, señala.
El ICAM demanda que se aseguren “el derecho de defensa y la asistencia letrada”, además de la protección prevista por la legislación española y europea para “los menores, a las personas especialmente vulnerables y a quienes puedan tener derecho a solicitar protección internacional”.
La institución resume esta posición al afirmar que “la seguridad y la protección de nuestras fronteras son plenamente compatibles con el respeto a la dignidad de las personas y con la aplicación efectiva de las garantías que establece nuestro ordenamiento”.
Apoyo y cooperación colegial
El manifiesto expresa su “cercanía a quienes viven en Ceuta y Melilla” y reconoce la “singular presión fronteriza, migratoria, asistencial y de seguridad” que soportan ambas ciudades.
A juicio del ICAM, esos desafíos “no pueden recaer exclusivamente sobre sus ciudadanos ni sobre sus instituciones locales”, sino que “conciernen al conjunto del Estado”.
Asimismo, traslada su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los sanitarios, los funcionarios, los integrantes de la Administración de Justicia y los profesionales de la Abogacía que trabajan en ambas ciudades.
Para la entidad, el desempeño de sus responsabilidades exige “medios suficientes, reglas claras y plena seguridad jurídica”.
El ICAM se compromete finalmente a “fortalecer la cooperación con los Colegios de la Abogacía de Ceuta y Melilla”, promover formación y reflexión jurídica conjunta, favorecer la colaboración profesional y aportar apoyo institucional para reforzar la seguridad jurídica y el derecho de defensa.
El texto concluye con una declaración de alcance político e institucional: “Ceuta y Melilla no son una periferia constitucional”. Y remata: “Defender Ceuta y Melilla es defender el Estado de Derecho”.
