El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, en la que le reclama «ser informado sobre la veracidad» de un informe policial que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
En el oficio, cuyo contenido ha trasladado el propio departamento, el ministro pide a Pardo que la verificación se produzca «a la mayor brevedad».
El documento en cuestión —según ha adelantado en exclusiva el diario ‘El Español’, extremo que este medio no ha podido confirmar de forma independiente— habría sido elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia que depende de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y remitido a la titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, María Tardón.
Según esa misma información, el informe trasladaría a la magistrada que la entrada masiva fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano, con un propósito ajeno al estrictamente migratorio.
Marlaska condiciona buena parte de sus siguientes pasos a la confirmación de ese extremo. «De ser cierto» el contenido del informe, el ministro exige a Pardo que aclare «desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación», una pregunta que apunta directamente a la cadena de transmisión de la información dentro del propio Ministerio del Interior.
El ministro justifica su petición en términos institucionales: considera «esencial» disponer de esos datos para que el Gobierno pueda adoptar «las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado».
La formulación remite expresamente a las competencias que la Constitución atribuye al Ejecutivo, un encuadre que subraya la gravedad que Interior otorga al asunto.
La carta incluye además un recordatorio de calado procedimental. Marlaska señala a Pardo que, desde que el Gobierno declaró el pasado 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional, una información de las características del informe del CENIF «debería haberse puesto de inmediato a disposición» de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, del mando único que dirige el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del resto de órganos con competencias en la materia.
El reproche implícito —que la cúpula policial habría retenido información relevante para la gestión de la crisis— añade una dimensión de conflicto interno al episodio.
La petición de Marlaska contrasta con el relato que el propio ministro y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sostenido públicamente sobre el origen de la crisis.
Ambos han desvinculado a Marruecos de los sucesos de finales de julio, que han atribuido a una combinación de bulos difundidos en redes sociales —tras la sentencia del Tribunal Supremo que impide el retorno en frontera de los migrantes que acceden a España a nado—, a la actuación de mafias y a un papel en la sombra de Rusia e Israel.
Gobierno e Interior han sostenido asimismo que ni el CNI ni ningún otro servicio de inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alertó de la entrada masiva, y que lo recibido fueron informes de situación similares a los de años anteriores.
El encargo judicial que ha dado pie al informe del CENIF procede de la propia magistrada Tardón, que el pasado 3 de agosto solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un informe destinado a determinar si la crisis de Ceuta respondía a la acción concertada de un grupo criminal organizado.
La jueza cursó una petición equivalente al Servicio de Información de la Guardia Civil, a fin de esclarecer si ese cuerpo recibió alguna alerta sobre la entrada masiva en los días previos a que se produjera.
