El Consejo de Gobierno de Ceuta acordó ayer, en sesión extraordinaria, personarse como acusación particular en el procedimiento que instruye la Audiencia Nacional sobre los sucesos registrados los días 30 y 31 de julio en el paso fronterizo del Tarajal, cuando miles de personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma.
La decisión, comunicada por el Ejecutivo local, responde a la necesidad de defender los intereses de la Ciudad frente a unos hechos que, a su juicio, incidieron de manera «directa y grave» sobre bienes e intereses públicos ceutíes.
No se trata, según el propio comunicado, de una posición meramente institucional: el Gobierno autonómico enmarca su participación como defensa activa de una parte perjudicada.
El Ejecutivo sostiene que la irrupción masiva alteró el funcionamiento de servicios públicos esenciales y afectó a la seguridad y la tranquilidad ciudadanas.
Señala, además, una presión singular sobre el sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados, que -según su versión- se vio sometido a una fuerte tensión por el repunte de llegadas en esas fechas.
Se trata, en todo caso, de una valoración de parte; la Audiencia Nacional no ha confirmado públicamente el alcance de ese impacto.
Con la personación en la causa, que dirige la magistrada instructora es María Tardón, titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, la Ciudad persigue dos objetivos que el propio Ejecutivo distingue expresamente.
Por un lado, la defensa de quienes identifica como víctimas de los hechos investigados, a las que denomina «el pueblo de Ceuta» -una atribución de victimización que corresponde a la parte personada, no una calificación judicial-.
Por otro, la salvaguarda de sus propios intereses institucionales como administración local.
El Gobierno ceutí añade que su presencia en la causa facilitará una valoración más precisa de los perjuicios ocasionados tanto a la Ciudad como a los servicios públicos afectados durante la crisis de finales de julio, y abre la puerta a exigir las eventuales responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse de la instrucción.
Esa exigencia de responsabilidades queda, por ahora, en fase de anuncio: no hay hasta la fecha personas investigadas identificadas públicamente ni escrito de acusación presentado.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias para esclarecer las circunstancias de la entrada masiva, un episodio que obligó a activar dispositivos extraordinarios de atención, seguridad y acogida en la ciudad autónoma.
El órgano judicial no ha hecho públicos, hasta el momento, avances sobre imputaciones o líneas de investigación concretas, ni se ha confirmado si la personación ha sido ya admitida formalmente por el juzgado instructor.
