La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón el informe solicitado sobre si el Instituto Armado recibió información en los días previos que pudiera haber alertado de la entrada irregular masiva en Ceuta de miles de personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio.
El documento responde a las cuestiones planteadas por la magistrada el pasado 5 de agosto, entre ellas si los agentes desplegados en la ciudad autónoma habían recibido algún aviso previo sobre la llegada masiva de personas, así como aspectos relacionados con los efectivos movilizados, las operaciones de salvamento y las personas fallecidas.
En su providencia, Tardón pidió a la Jefatura de Información que informara sobre el dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de la Guardia Civil desplegados en Ceuta, especialmente en relación con las operaciones de rescate de las personas localizadas en aguas territoriales españolas.
La jueza también solicitó información sobre las circunstancias personales que los agentes hubieran podido conocer de las personas rescatadas.
En el caso de los fallecidos, la magistrada pidió que se indicara si constaban la causa y la fecha de la muerte. Respecto a los supervivientes, reclamó su identidad y los datos de localización que hubieran podido ser recabados por los agentes.
El informe del CENIF apuntó a la participación de gendarmes marroquíes
La investigación de la Audiencia Nacional cuenta también con otro informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF), dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.
La jueza Tardón, que se encontraba de guardia cuando se produjo la crisis migratoria a finales de julio, solicitó este informe para determinar, entre otras cuestiones, si la entrada masiva en Ceuta pudo responder a «una acción concertada» impulsada por «un grupo criminal».
El informe del CENIF, de 55 páginas, apunta a la participación de gendarmes marroquíes en el «guiado» y la planificación de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que no existen pruebas concluyentes sobre la autoría intelectual de los hechos ni sobre la implicación de ningún Gobierno o servicio de inteligencia.
La remisión directa del informe del CENIF a la jueza provocó malestar en el Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y trasladó por carta a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, su «preocupación» por lo ocurrido.
Tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaron que el desconocimiento del informe por parte de la cadena de mando podía tener una afectación en la seguridad nacional.
La presidenta del CGPJ, por su parte, respaldó la actuación de la magistrada María Tardón y reclamó «máximo respeto» a la independencia judicial.
La investigación se inició tras una denuncia de Iustitia Europa
Tardón acordó abrir diligencias previas después de recibir una denuncia penal presentada por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales» y autoridades españolas y extranjeras «que pudieran ser identificadas».
La denuncia apunta a posibles delitos contra la Seguridad del Estado y contra la Nación, así como al favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Una vez recibido el informe de la Guardia Civil, está previsto que la jueza lo remita a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional. Su opinión no será vinculante.
A partir de ese pronunciamiento, Tardón decidirá si continúa con la investigación de los hechos denunciados.
