La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha recibido hoy al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar la situación de los órganos judiciales ceutíes tras los acontecimientos de los pasados 30 y 31 de julio, que provocaron un fuerte incremento de la carga de trabajo de los tribunales.
La entrada irregular de miles de personas durante aquellas jornadas tuvo un impacto directo sobre el funcionamiento de la Justicia.
El propio Servicio de Inspección del CGPJ concluyó que la situación había afectado «de manera extraordinaria» a la prestación del servicio público.
La reunión, celebrada en la sede del órgano de gobierno de los jueces, había sido solicitada por Vivas mediante una carta remitida a Perelló el pasado 17 de agosto.
El presidente ceutí ha estado acompañado por el vicepresidente primero del Gobierno de Ceuta y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, y por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán.
Durante el encuentro, Perelló ha explicado las medidas adoptadas por el CGPJ para hacer frente a la presión extraordinaria que soportan los órganos judiciales de la ciudad.
DOS REFUERZOS PARA LOS JUZGADOS DE CEUTA
La primera respuesta llegó el 18 de agosto, cuando la Comisión Permanente del CGPJ celebró una sesión extraordinaria para analizar la situación.
A la vista del informe elaborado por el Servicio de Inspección, acordó que era necesario reforzar la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, especialmente el servicio de guardia y la plaza que tiene atribuidas las competencias en materia de violencia sobre la mujer.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y el presidente del Tribunal de Instancia ya habían tomado medidas de urgencia para garantizar la continuidad del servicio. Entre ellas, incorporar a las guardias magistrados y funcionarios procedentes de otros órganos judiciales de la misma ciudad.
El CGPJ consideró, sin embargo, que no era suficiente.
Por ello, la Comisión Permanente estimó necesaria la puesta en marcha de dos refuerzos judiciales e instó al TSJ andaluz a formular las correspondientes solicitudes para poder tramitarlos.
El primero debía prestar apoyo transversal a los titulares de las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción.
El segundo estaría destinado específicamente a la plaza competente en violencia sobre la mujer, que había experimentado un aumento considerable de asuntos, especialmente los relacionados con presuntas agresiones sexuales.
A esta situación se añadía el próximo cese del juez en expectativa de destino que estaba prestando servicios de refuerzo. Como solución provisional, mientras se tramitaba la correspondiente comisión de servicio, la Permanente decidió prolongar su permanencia hasta el 30 de octubre.
EL CGPJ DESPLAZÓ A UNO DE SUS VOCALES A CEUTA
Dos días después, el 20 de agosto, el vocal del CGPJ José Antonio Montero, uno de los cuatro vocales territoriales para Andalucía, Ceuta y Melilla, se desplazó a Ceuta para conocer directamente la situación.
Montero mantuvo reuniones con jueces y magistrados del Tribunal de Instancia y con representantes de los colegios profesionales de abogados y procuradores.
También se entrevistó con Juan Jesús Vivas y le trasladó la disposición de Isabel Perelló a mantener el encuentro que finalmente se ha celebrado este lunes.
Las medidas continuaron en los días siguientes.
El 25 de agosto, la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla acordó, por razones de urgencia, reforzar el servicio de guardia del Tribunal de Instancia de Ceuta mediante la incorporación de un segundo juez del propio partido judicial mientras se mantuviera la situación extraordinaria.
La decisión se adoptó al amparo del artículo 47 del Reglamento 1/2005, que regula aspectos accesorios de las actuaciones judiciales y permite adoptar este tipo de medidas organizativas ante necesidades urgentes del servicio.
DOS MAGISTRADOS EN COMISIÓN DE SERVICIO
Tres días después, el 28 de agosto, una vez completada la tramitación, la Comisión Permanente del CGPJ concedió una comisión de servicio al magistrado Miguel Ángel Torres Segura para reforzar las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.
Torres Segura se encuentra destinado actualmente en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla.
El segundo refuerzo fue aprobado el 1 de septiembre.
La Comisión Permanente concedió otra comisión de servicio a la magistrada Consuelo Andreo Ruiz, destinada actualmente en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena.
Andreo Ruiz reforzará la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, que tiene atribuidas las competencias en materia de violencia sobre la mujer.
Su experiencia resulta especialmente relevante porque su actual destino en Cartagena también tiene atribuidas competencias en esta materia.
Con estas decisiones, el CGPJ ha articulado una respuesta escalonada a la situación excepcional generada en Ceuta: primero, mediante medidas urgentes para garantizar las guardias; después, prolongando temporalmente uno de los refuerzos ya existentes; y, finalmente, mediante dos comisiones de servicio destinadas a aumentar de forma efectiva la capacidad de respuesta de los órganos judiciales ceutíes.
