El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a algunos jueces de «hacer política» y de pretender «gobernar el país por detrás», unas afirmaciones con las que ha reconocido abiertamente la existencia de una «tensión innegable» entre el Gobierno y el Poder Judicial.
Puente se ha pronunciado en estos términos durante una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que ha cuestionado varias decisiones judiciales y ha centrado sus críticas en el Tribunal Supremo y en la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.
El ministro ha señalado, entre otras cuestiones, las decisiones adoptadas por el Supremo en relación con la Ley de Amnistía y la denominada Ley de Nietos, así como la actuación de Tardón en la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
A su juicio, existen jueces «intentando hacer política» en España. «Hay que estar ciego para no verlo», ha afirmado.
Puente ha ido más allá al acusar a determinados miembros de la judicatura de querer «gobernar el país por detrás». Frente a ello, ha defendido que quien gobierna es quien determinan los ciudadanos mediante las urnas y que quien quiera adoptar decisiones políticas debe concurrir a las elecciones.
«En el resto de las instituciones se toman decisiones basadas en derecho, ni con fin político, ni torciendo el brazo a la voluntad popular», ha exclamado.
Sus críticas a la magistrada María Tardón
Una parte de las declaraciones del ministro se ha dirigido contra la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, a propósito de la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos en Ceuta.
Puente ha cuestionado que la juez pidiera, según ha afirmado, a las Fuerzas de Seguridad que no elevaran a sus superiores los informes que les había solicitado sobre lo sucedido en Ceuta, pese a que, en opinión del ministro, se trataba de una cuestión relacionada con la seguridad nacional.
Además, se ha referido a la filtración de un informe policial encargado por la magistrada en el que se señalaba que el Ejecutivo había sido advertido de que se preparaba un asalto masivo a Ceuta.
El ministro ha establecido un paralelismo con el caso del exfiscal general del Estado y ha sostenido que, si se aplicara el mismo criterio seguido por el Tribunal Supremo en aquel procedimiento, debería investigarse el origen de esta nueva filtración.
Según Puente, el exfiscal general fue condenado por una filtración «suya o de alguien de su entorno». Siguiendo esa misma lógica, ha afirmado, la magistrada debería estar siendo investigada porque la filtración del informe policial tuvo que proceder de «ella o de alguien de su entorno».
«Si la Justicia fuera coherente, ya habría alguien investigando esa filtración y la jueza tendría un panorama muy sombrío», ha advertido.
La Ley de Amnistía y las críticas al Supremo
Puente también ha cargado contra el Tribunal Supremo por haber dejado, según sus palabras, «en el congelador para unos cuantos la Ley de Amnistía».
El ministro se refería al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros dirigentes independentistas a quienes el alto tribunal no ha aplicado la amnistía por el delito de malversación de fondos públicos.
Para el titular de Transportes, en este asunto resulta «muy claro y evidente» que se está haciendo política.
En este contexto, Puente ha asegurado que recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha «revocado» una «decisión muy creativa» del Tribunal Supremo español.
La denominada Ley de Nietos
El ministro también ha criticado la decisión del Supremo relativa al derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la denominada Ley de Nietos, que contempla la concesión de la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados como consecuencia de la Guerra Civil.
Puente considera que el Tribunal Supremo está «comprando» en esta cuestión las tesis de la derecha y la ultraderecha, unas posiciones que, según ha afirmado, carecen de «ninguna base científica».
El ministro ha argumentado que la incidencia del voto exterior sobre los resultados electorales «ha sido nula» y ha señalado que «la única vez que ha habido una modificación ha sido en 2023 y ha sido para dar un escaño más al PP en Madrid».
A partir de estos datos, Puente ha rechazado que la normativa pueda interpretarse como una operación destinada a incrementar artificialmente el censo electoral.
«¿Cómo pueden decir que es una operación para engordar el censo y ganar unas elecciones?», se ha preguntado, para recordar a continuación que la ley lleva cuatro años en vigor y, según ha sostenido, «no se ha producido ningún tipo de incidencia electoral».
El ministro ha utilizado todos estos episodios para justificar la existencia de fricciones entre el Ejecutivo y determinados sectores de la judicatura.
«¿Cómo no va a haber tensión?» con el Poder Judicial, se ha preguntado, antes de insistir en su acusación: existen jueces haciendo política y «hay que estar muy ciego para no verlo».
