La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, que le remita los documentos desclasificados este miércoles sobre la crisis de Ceuta para incorporarlos a la investigación judicial abierta por la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.
La petición se ha realizado mediante una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Tardón reclama al Ministerio una copia autenticada de los informes y comunicaciones correspondientes al mes de julio publicados en la página web de La Moncloa sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma.
La documentación resulta relevante para la investigación porque recoge que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, de que circulaba por las redes sociales un «llamamiento» para realizar un «asalto por valla y mar».
La advertencia fue trasladada a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
El CNI advirtió del llamamiento un día antes
Los documentos recogen también información del propio 30 de julio, cuando comenzaron las entradas masivas en Ceuta.
Según constató entonces el CNI, el refuerzo de seguridad desplegado por Marruecos la víspera ante la concentración de migrantes que pretendían cruzar durante la noche «resultó insuficiente».
Una vez desbordado el espigón por las personas que comenzaron a acceder a nado a territorio español, las autoridades marroquíes únicamente desplegaron «algunas unidades antidisturbios» en la frontera «tres horas después», de acuerdo con la documentación.
Estos informes y comunicaciones son los que Tardón pretende incorporar ahora formalmente al procedimiento que instruye la Audiencia Nacional.
Tardón considera que el propio Reino de España pudo ser víctima
La magistrada asumió la competencia para investigar los hechos al apreciar la posible existencia de conductas delictivas que habrían trascendido el ámbito de la propia ciudad autónoma.
En el auto en el que justificó su competencia, Tardón señaló que podrían haberse producido «conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España».
La juez calificó lo sucedido como «una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España».
Ese eventual ataque, según expuso, se habría producido mediante unos flujos migratorios irregulares que «han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta».
En el procedimiento se encuentra personado el Estado como acusación particular y perjudicado, al igual que la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Por su parte, PP, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa ejercen la acusación popular en una investigación que trata de esclarecer las circunstancias que rodearon la entrada masiva de inmigrantes y determinar la posible existencia de responsabilidades penales.
