El Pleno del Congreso derogó ayer el Decreto-ley con el que el Gobierno pretendía regular por primera vez la actividad de los grupos de interés en España.
Los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN han bastado para tumbar un texto que llevaba en vigor como Decreto-ley desde finales de agosto, pero que necesitaba el respaldo de la Cámara para consolidarse como norma.
A favor votaron PSOE, Sumar, ERC y Bildu, con 155 votos.
PNV y Podemos, se abstuvieron. Fueron 12 abstenciones.
El trámite ha dejado, además, un episodio revelador de las tensiones internas del bloque de investidura: Sumar tenía previsto votar en contra del decreto, pero rectificó a última hora y terminó respaldando al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había emitido su voto telemático en sentido negativo antes del giro.
No era el primer intento del Ejecutivo. En enero de 2025 ya había remitido a la Cámara un proyecto de ley para regular los grupos de interés que acabó encallado por falta de acuerdo entre los grupos.
Ante ese fracaso, el Gobierno optó por la vía del Decreto-ley a finales de agosto, invocando la urgencia de cumplir los plazos exigidos para acceder a 1.500 millones de fondos europeos.
Esa misma urgencia ha sido uno de los principales blancos de las críticas: varios portavoces han reprochado al Ejecutivo haber prescindido del consenso parlamentario pudiendo tramitar la norma como proyecto de ley.
Pero el grueso del rechazo no ha girado tanto sobre la forma como sobre el fondo: la inclusión de sindicatos y organizaciones empresariales dentro de la definición de grupos de interés.
El ministro de Transición Digital, Óscar López, intentó desactivar esa objeción anunciando que, de haberse convalidado el decreto, el Gobierno habría presentado antes de noviembre una enmienda a otra norma para excluir expresamente a los actores del diálogo social de la regulación.
López defendió que el texto recogía el 90% de las propuestas de los grupos, incluidas las de PP y Junts, y ha cargado contra la derecha y la ultraderecha por impedir, a su juicio, que España cuente con una ley de «lobbies» «pactada con Bruselas».
Las posiciones de los grupos, sin embargo, dibujaron un mapa de objeciones dispares.
Bildu, a través de Óskar Matute, ha calificado de incongruente equiparar a sindicatos y patronal —»no creo que Repsol sea igual que el movimiento de pensionistas», puso como ejemplo—.
El BNG fue más allá al sostener que el decreto suponía una «legalización del lobismo» que no atacaba las puertas giratorias, mientras que en Sumar, Carlos Martín habló de «dislate» y «gravísimo error».
Compromís aprovechó el debate para denunciar que el plan anticorrupción del Gobierno sigue «a medio hacer» por la ausencia de sanciones a los corruptores.
Desde la oposición de derechas, el PP matizó su rechazo: Edurne Uriarte se declaró partidaria de regular los grupos de interés, pero no mediante un decreto «repentino» que, dijo, elimina el papel constitucional de sindicatos y patronal.
Junts denunció que la norma equipara a pymes y asociaciones con grandes empresas y consultoras, mientras que el PNV pidió al Gobierno un «decreto de mínimos» basado en estándares europeos y pactado con los grupos.
Vox, por su parte, evitó entrar en el contenido y centró su intervención en acusar al Ejecutivo de sustituir la negociación parlamentaria por un procedimiento de sí o no.
El PSOE cerró el debate acusando a quienes votaron en contra de querer que sus relaciones con los «lobbies» «sigan produciéndose en la oscuridad», y reprochó al PP votar en contra de propuestas que, según Aceves, el propio partido había planteado.
Con la derogación, España vuelve a quedarse sin una ley que regule la actividad de los grupos de interés, una asignatura pendiente que el Ejecutivo deberá intentar resolver por tercera vez, previsiblemente ya por la vía del proyecto de ley que sigue en trámite en la Cámara.
