Le faltaba un único trámite. La proposición de ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española del Sáhara Occidental decae con la disolución de las Cortes, a la espera de un Pleno del Senado que ya no llegará a celebrarse.
La norma, que según sus promotores podría beneficiar a unas 80.000 personas, había superado ya todas las fases en el Congreso.
Pero en la Cámara Alta el Partido Popular registró enmiendas para modificar el texto, lo que obligaba a someterlo a votación en el Pleno previsto para esta semana. Sin enmiendas, la tramitación habría concluido. Con ellas pendientes, la convocatoria electoral la deja sin efecto.
Un año en el cajón
El recorrido parlamentario ha sido largo e irregular. La toma en consideración se produjo en febrero de 2025, con el voto en contra del PSOE. Los grupos presentaron sus enmiendas en junio de ese año y, a partir de ahí, el texto permaneció parado doce meses.
No fue hasta junio de 2026 cuando se reunió la ponencia. En ese momento, socialistas y Sumar alcanzaron un acuerdo que desbloqueó la norma.
La Comisión de Justicia la aprobó en julio y el Pleno del Congreso le dio luz verde en su primera sesión de septiembre. Vox fue el único grupo que votó en contra; PP y UPN se abstuvieron.
El cambio de posición del PSOE entre la toma en consideración y la votación final, así como los motivos de las enmiendas del PP en el Senado, no figuran en la información disponible hasta el momento.
«Un día triste»
La diputada Tesh Sidi, de origen saharaui, lamentó en un mensaje en X, recogido por Europa Press, que «una ley aprobada por amplias mayorías» vaya a acabar «a la basura». «Un día triste en lo personal y para el pueblo saharaui», escribió.
Según su planteamiento, la única vía para salvar la norma en esta legislatura sería que el PP retirara sus enmiendas antes de que el Boletín Oficial del Estado publique este martes el real decreto de convocatoria de las elecciones.
La alternativa de la carta de naturaleza
La segunda opción que plantea Sidi traslada la decisión al Ejecutivo. Se trata de que el Gobierno conceda la nacionalidad por carta de naturaleza, la figura que el artículo 21.1 del Código Civil reserva para casos en que concurran circunstancias excepcionales y que se otorga de forma discrecional mediante real decreto.
La diferencia con la ley es sustancial. La proposición pretendía establecer un derecho general para un colectivo definido. La carta de naturaleza, en cambio, es individual: cada potencial beneficiario tendría que presentar su solicitud ante el Ministerio de Justicia y el Consejo de Ministros resolvería caso por caso, sin obligación de concederla.
El Gobierno no se ha pronunciado por ahora sobre esta propuesta.
