Diez vocales propuestos por el PP. Diez por el PSOE. La aritmética del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado no deja demasiado margen a la interpretación, y la Fundación Hay Derecho la ha convertido en el eje de su tercer informe sobre el Estado de derecho en España, que analiza la situación del Poder Judicial con datos de 2024 y 2025.
La conclusión de fondo es incómoda. El sistema de elección de los vocales, sostiene la Fundación, ha consolidado una lógica de negociación entre partidos, singularmente entre los dos grandes, que ha erosionado la percepción de independencia del órgano de gobierno de los jueces.
Pero el informe va un paso más allá del diagnóstico habitual. No se detiene en la cuota parlamentaria: pone el foco en las asociaciones judiciales.
De los doce vocales de procedencia judicial, ocho están afiliados a asociaciones «más o menos alineadas» con PP y PSOE.
Cinco pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de perfil conservador; tres, a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de orientación progresista.
Fuera quedaron los seis candidatos que presentó la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda del país por número de asociados, y también los jueces sin afiliación.
Para la Fundación, ese resultado ilustra «la influencia de las dos asociaciones judiciales alineadas con los partidos del pacto en la selección de candidatos».
Y añade una advertencia de calado: el proceso «puede poner en duda la legitimidad representativa de los candidatos escogidos».
De ahí su petición. Si se reforma el sistema de elección de los vocales judiciales, que no se limite a cambiar la politización parlamentaria por «una lógica puramente asociativa». Cambiar de llave sin cambiar de cerradura, vendría a decir.
El «lawfare» y los ataques a jueces
El documento dedica un capítulo a lo que califica de «injerencias» en la independencia judicial. Entre ellas, las declaraciones políticas que, a su juicio, «minan» la confianza en la Justicia.
Ahí aparece el concepto de lawfare, cada vez más presente en el debate público. La Fundación no niega que puedan existir irregularidades judiciales.
Sostiene, eso sí, que deben combatirse por los cauces ordinarios —responsabilidad disciplinaria, recursos, control jurisdiccional— y no transformarse en una impugnación sistémica de la función de juzgar.
El informe describe un clima de polarización institucional creciente, con ataques verbales contra jueces vinculados a procedimientos de alto voltaje político y mediático.
Cita expresamente los «frecuentes» cuestionamientos al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, y recoge manifestaciones de los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Un 8 para los jueces, un 3,4 para el Consejo
Los números de la encuesta de 2025 de la Red Europea de Consejos de Justicia dibujan una paradoja. Los jueces españoles puntúan la independencia del conjunto de la judicatura con un 8 sobre 10, apenas por debajo de la media europea (8,5).
Cuando la pregunta se refiere al CGPJ, la nota se desploma: 3,4. Ningún otro consejo europeo analizado obtiene una calificación tan baja de sus propios jueces.
Hay más. Solo el 20 % cree que el Consejo dispone de mecanismos adecuados para proteger la independencia judicial —la cifra más baja de toda la encuesta, frente a una media europea del 48 %—.
Y apenas tres de cada diez jueces sienten que el Gobierno respeta su independencia; en Europa son cinco de cada diez.
Pocos jueces, menos plazas
El último bloque desciende al terreno de los medios. España tiene 11,92 jueces por cada 100.000 habitantes. La mediana del Consejo de Europa es de 17,43.
El propio CGPJ calcula que harían falta 367 plazas al año solo para reponer jubilaciones y fallecimientos. Las convocatorias ordinarias recientes cubren apenas el 32,7 % de ese mínimo.
Sobre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Fundación concede que el cambio organizativo puede racionalizar recursos, pero no resolver por sí solo los déficits estructurales.
Si los Tribunales de Instancia se quedan en una reordenación sin refuerzo de medios, digitalización homogénea, criterios claros de reparto, servicios comunes eficaces y aumento de planta, advierte, su impacto «puede ser limitado e incluso contraproducente».
