La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido el “papel central y protagonista” de las fiscalías generales para que la cooperación entre la Unión Europea y América Latina se traduzca en una verdadera capacidad operativa frente a las organizaciones criminales.
Peramato se ha pronunciado en este sentido durante los II Diálogos de El PAcCTO 2.0, un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea para combatir el crimen organizado transnacional, celebrados este miércoles en la ciudad peruana de Cuzco.
La fiscal general, que actualmente ejerce como secretaria general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), ha defendido que la cooperación internacional se incorpore “desde el inicio mismo de la investigación”.
El objetivo, según ha explicado, es transformar las actuales redes de contacto en “redes verdaderamente operativas” e impulsar los equipos conjuntos de investigación como alternativa a la sucesión de solicitudes bilaterales que continúa siendo la norma.
La investigación financiera, en el centro
Peramato ha situado la investigación financiera y la recuperación de activos en el centro de la cooperación contra el crimen organizado.
“Detener personas y reunir pruebas no basta si los activos permanecen intactos”, ha señalado la fiscal general, que ha reclamado una estrategia basada en el seguimiento del dinero desde el inicio de las investigaciones.
En concreto, ha defendido la localización temprana de activos, el intercambio espontáneo de información financiera, la adopción de medidas coordinadas de embargo y decomiso y la cooperación sobre los beneficiarios finales y las estructuras societarias internacionales.
A su juicio, es precisamente en la cooperación entre la Unión Europea y la AIAMP donde pueden obtenerse “resultados más tangibles y más inmediatos”.
La AIAMP como interlocutor judicial de la UE
La fiscal general también ha planteado que la AIAMP actúe de manera colectiva como interlocutor judicial de la Unión Europea.
“La AIAMP, con sus veintidós ministerios públicos iberoamericanos, debe dialogar de forma estructurada con las Fiscalías de los Estados miembros, con Eurojust, con EPPO —la Fiscalía Europea— y con la Red Judicial Europea”, ha afirmado.
En este contexto, Peramato ha recordado que el pasado mes de junio la Comisión Europea lanzó una propuesta de nuevo Reglamento de Eurojust destinada a reforzar el papel de este organismo en la cooperación con terceros Estados.
La fiscal general ha calificado esta propuesta como “un desarrollo lógico y, en gran medida, positivo”.
Peramato ha apostado asimismo por establecer un modelo de cooperación basado en un “diálogo permanente, flexible y poco burocrático”, con consultas regulares, intercambio temprano de información y cauces claros y transparentes para que esa información pueda retornar a todas las fiscalías integrantes de la AIAMP.
Las fiscalías generales, ha sostenido, no deben limitarse a ser “usuarias de la cooperación jurídica internacional”, sino que tienen que convertirse en “sus diseñadoras, coordinadoras y protagonistas operativas”.
