La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la libre absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su asesora, Cristina Álvarez, de cara al juicio con jurado popular abierto contra ambas.
En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público sostiene que «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal» y, por ello, reclama expresamente la absolución de las dos acusadas.
La posición de la Fiscalía se enfrenta así a la sostenida por la acusación popular, que mantiene la existencia de responsabilidad penal y solicita penas de prisión para ambas.
El juez Juan Carlos Peinado, antes de jubilarse el pasado mes de septiembre, acordó abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
Cristina Álvarez afronta, por su parte, acusación por presunto tráfico de influencias.
La posición de la Fiscalía contradice a Peinado
En su resolución, Peinado sostuvo que Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid».
El juez añadió que esa posición le habría permitido obtener una «interlocución singular» con responsables de una universidad pública, empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico.
Se trata de la tesis que llevó al instructor a considerar procedente la apertura de juicio oral.
La conclusión del Ministerio Público es justamente la contraria.
La Fiscalía entiende que los hechos que serán objeto del juicio no tienen relevancia penal suficiente para fundamentar una condena y, por ello, solicita la «libre absolución» de las acusadas.
El planteamiento del fiscal es especialmente relevante porque no solicita una condena inferior ni una modificación de la calificación jurídica de los hechos, sino directamente que el tribunal declare que no existe infracción penal.
La decisión definitiva, no obstante, corresponderá al tribunal del jurado que conozca de la causa.
Hazte Oír pide 13 años para Begoña Gómez
La posición de la Fiscalía contrasta también con la de la acusación popular.
La acusación liderada por Hazte Oír solicita para Begoña Gómez una pena de 13 años de prisión, mientras que para Cristina Álvarez reclama seis años de cárcel.
Las defensas de ambas acusadas coinciden, en cambio, con el Ministerio Público en reclamar su absolución.
El juicio se plantea así con posiciones procesales claramente enfrentadas: la acusación popular sostiene que existen hechos penalmente relevantes y reclama penas de prisión, mientras que tanto la Fiscalía como las defensas consideran que procede la absolución.
La apertura del juicio oral acordada por Peinado no supone una declaración de culpabilidad.
Será en la vista oral donde se practique la prueba y donde las distintas partes puedan sostener sus respectivas tesis.
La Fiscalía llega a ese juicio con una posición definida: no aprecia delito en los hechos objeto de acusación y solicita que tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez sean absueltas.
Frente a ello, la acusación popular tratará de acreditar la existencia de los delitos por los que reclama condenas de prisión.
