El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha requerido al PSOE que identifique a todos los letrados, despachos de abogacía y consultoras que ha contratado entre 2021 y 2025, tanto en su estructura federal como en sus órganos territoriales.
La petición forma parte de dos providencias dictadas en el llamado ‘caso Leire Díez’, de las que ha informado Europa Press.
En la misma resolución, el instructor da traslado a la Fiscalía Anticorrupción del escrito en el que la acusación popular que encabeza el PP solicita que el Partido Socialista sea declarado investigado como persona jurídica.
El magistrado no se ha pronunciado sobre esa petición: se limita a pedir al Ministerio Público que informe.
Qué documentación reclama el juez
El requerimiento se dirige a los servicios jurídicos del partido. Pedraz les pide «la relación completa de los letrados o despachos de abogacía o consultoría» contratados en ese periodo y, además, el soporte documental de cada encargo: las notas de encargo o contratos que sirvieron para «conceder la autorización» de las contrataciones y la documentación con la que se dieron por justificados los servicios.
El alcance del requerimiento no es casual. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en uno de sus informes que la directora gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional».
Una de ellas correspondería al despacho vinculado a Ismael Oliver, que fue abogado del exasesor ministerial Koldo García; la otra, a Jacobo Teijelo, letrado del exsecretario de Organización Santos Cerdán y también investigado en la causa.
Según los agentes, esos documentos se habrían firmado «de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados».
Se trata de la tesis policial; no consta que el juez la haya hecho suya ni que exista pronunciamiento judicial sobre la autenticidad de esas notas.
Villalobos y el expediente de nacionalidad
La segunda línea abierta por las providencias afecta al exviceministro venezolano de Energía Nervis Villalobos, citado como investigado el próximo 28 de octubre.
Pedraz le exige que acuda con la documentación original que presentó para obtener la nacionalidad española por la vía de la Ley de Memoria Democrática, en concreto los «certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española».
Ese mismo día declararán como testigos el actual subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia y la persona que le precedió en el cargo.
Fuentes cercanas a la defensa de Villalobos han trasladado que el exviceministro no tiene nada que ocultar, que la concesión fue un trámite ordinario ajustado a la ley y que así se acreditará en sede judicial.
El contexto de la causa
El procedimiento indaga en una presunta trama que, según la investigación, habría dirigido Santos Cerdán y coordinado Leire Díez, exmilitante socialista, con el objetivo de entorpecer las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Ambos mantienen la condición de investigados; la causa se encuentra en fase de instrucción y ninguno ha sido juzgado.
En paralelo, Pedraz instruye una pieza separada sobre el posible cobro de comisiones por el presunto amaño de contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En esa línea figuran como investigados Belén Gualda y otros responsables de la entidad.
Una tercera providencia comunica que la UCO dispone ya de nueva documentación entregada por la propia SEPI: dos discos duros idénticos, «siendo uno copia del otro», que contienen 70.613 correos electrónicos de los buzones internos de 2025 y 108.924 archivos de ese mismo ejercicio. Su análisis está pendiente.
