Hay noticias que uno tiene que leer dos veces. No porque sean especialmente complejas, sino porque cuesta creer que haya entendido bien a la primera. Y hay otras que aconsejan sentarse, por aquello de no caerse de la silla mientras uno se ríe.
La próxima huelga general, anunciada para el 11 de noviembre, pertenece a esta segunda categoría.
Oficialmente, se convoca por la crisis de la vivienda y por unos salarios que no permiten a muchos trabajadores acceder a ella. Una preocupación absolutamente legítima, porque el problema existe, es grave y afecta especialmente a los jóvenes y a quienes viven de su trabajo.
Hasta aquí, nada que objetar.
Lo extraordinario empieza cuando descubrimos que, según la interpretación ofrecida por María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno, la huelga no se dirige contra el Gobierno, sino contra la oposición.
Sí, han leído bien.
¡Una huelga general contra la oposición!
Confieso que, después de tantos años estudiando Derecho, ejerciendo la jurisdicción y asistiendo a las más variadas interpretaciones de nuestra Constitución, creía haberlo visto casi todo.
Pues no.
Me faltaba contemplar una huelga general contra quienes no gobiernan, por una política que corresponde desarrollar a quienes sí gobiernan.
Y, encima, a escasos dieciocho días de unas elecciones generales.
Hay que reconocerles el mérito. No todos los días se inventa una modalidad nueva de responsabilidad política: la responsabilidad gubernamental de quienes no forman parte del Gobierno.
El descubrimiento merece una tesis doctoral. Aunque, bien pensado, quizá bastaría con un buen monólogo de humor.
Montesquieu, de haberlo conocido, posiblemente habría pedido una excedencia. Aunque, bien pensado, tampoco está claro que se la hubieran concedido. Siempre podría alegarse que la culpa era de la oposición.
¿CONTRA QUIÉN SE HACE UNA HUELGA GENERAL?
Antes de que alguien se apresure a acusarme de cuestionar el derecho de huelga, conviene recordar algunas cuestiones jurídicas elementales.
El artículo 28.2 de la Constitución reconoce este derecho fundamental para la defensa de los intereses de los trabajadores. Y el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977 declara ilegales las huelgas promovidas por motivos políticos o por finalidades ajenas a sus intereses profesionales.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha interpretado esta previsión de manera compatible con una concepción amplia del derecho de huelga.
La STC 36/1993, de 8 de febrero, al examinar la huelga general del 14 de diciembre de 1988, reconoció que pueden quedar constitucionalmente amparadas las movilizaciones dirigidas contra determinadas políticas públicas cuando afectan a los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
Por tanto, una huelga general por el problema de la vivienda puede resultar perfectamente legítima.
Que nadie confunda las cosas.
Lo que provoca hilaridad no es que los trabajadores protesten. Es que, desde el poder, se pretenda que protesten contra quienes no lo ejercen.
Porque, siguiendo semejante razonamiento, quizá algún día organicemos una manifestación contra los bomberos por no haber llovido, contra los jueces por las leyes que aprueba el Parlamento o contra los médicos porque el Ministerio de Sanidad no construye hospitales.
Todo se andará.
OCHO AÑOS GOBERNANDO… ¡Y LA CULPA ES DE LA OPOSICIÓN!
España lleva años padeciendo una gravísima crisis de acceso a la vivienda. Los precios se han disparado, los alquileres resultan prohibitivos para miles de familias y la emancipación juvenil se ha convertido casi en una prueba de resistencia.
Durante ese tiempo hemos tenido presidentes, vicepresidentes, ministros, planes, anuncios, leyes, ayudas, bonos, promesas y fotografías inaugurales. Sobre todo, fotografías. Viviendas, no tantas.
Y, naturalmente, un Gobierno.
Un Gobierno que lleva más de ocho años gobernando.
Pero ahora resulta que el problema es la oposición.
¡Acabáramos!
Según esta novedosa teoría, el Gobierno no sería responsable de los resultados de su política de vivienda. La responsabilidad correspondería a quienes no le aprueban las medidas que propone.
Es una aportación verdaderamente revolucionaria al Derecho Constitucional.
Hasta ahora sabíamos que el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y la oposición controla. Pero parece que debemos actualizar los manuales: el Gobierno manda, la oposición responde y los sindicatos convocan huelgas para recordárselo.
La cosa tiene su gracia.
Porque, si la oposición vota a favor, el éxito pertenece al Gobierno. Si vota en contra, el fracaso es responsabilidad de la oposición.
¡Un negocio político redondo! En Galicia diríamos que es un negocio de los buenos: si sale cara, gano yo; si sale cruz, pierde usted. Y si la moneda cae de canto, convocamos una huelga general.
Gobernar con todos los honores, pero sin cargar con los inconvenientes.
A este paso, cualquier día descubriremos que también es culpa de la oposición que llueva en Semana Santa, que los trenes lleguen tarde o que la selección española falle un penalti.
Y, naturalmente, habrá que convocar una huelga general para exigir responsabilidades.
EL MUNDO AL REVÉS
La historia reciente de España ofrece numerosos ejemplos de huelgas generales.
En 1988, contra la política laboral de Felipe González. En 2002, contra la reforma del Gobierno de José María Aznar. En 2010, contra las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero. Y en 2012, contra la reforma laboral de Mariano Rajoy.
Gobiernos socialistas y populares.
Se podía estar de acuerdo o discrepar de aquellas movilizaciones, pero existía una lógica política elemental: se protestaba frente a quien gobernaba.
Ahora hemos decidido complicar lo sencillo.
El Gobierno aprueba unas medidas. El Parlamento las rechaza. Los sindicatos convocan una huelga. Y desde el Gobierno se señala a la oposición como destinataria de la protesta.
Extraordinario.
Al parecer, el Parlamento tiene derecho a votar, siempre que vote lo que el Gobierno quiere.
Si vota otra cosa, deja de ejercer su función constitucional y pasa a convertirse en culpable de los problemas nacionales.
Una interpretación del parlamentarismo verdaderamente cómoda para el Ejecutivo, aunque bastante menos compatible con las incomodidades propias de una democracia.
Porque la oposición está precisamente para eso: para oponerse cuando considera que debe hacerlo.
No para aplaudir obedientemente cada iniciativa gubernamental.
Si todos los diputados tuvieran la obligación de aprobar cuanto sale del Consejo de Ministros, bastaría con sustituir el Congreso por una notaría. Y nos ahorraríamos tiempo, debates y votaciones.
Aunque, bien pensado, quizá eso tampoco satisfaría a quienes consideran una intolerable insolencia que el Parlamento ejerza sus competencias.
LOS SINDICATOS Y EL CURIOSO ARTE DE PROTESTAR CONTRA QUIEN NO MANDA
Los sindicatos tienen una función constitucional imprescindible. El artículo 7 de nuestra Constitución les atribuye la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
Y precisamente porque su misión es importante, su independencia también debe serlo.
Pueden convocar huelgas, criticar al Gobierno, exigir mejores salarios y reclamar soluciones para la vivienda. Nada que discutir.
Otra cosa es que una movilización social termine siendo presentada desde el poder como una herramienta de presión contra sus adversarios parlamentarios.
Conviene ser precisos: los dirigentes sindicales han explicado que su protesta responde a la crisis de la vivienda y no se dirige exclusivamente contra una formación política.
Pero entonces surge una pregunta inevitable.
Si los sindicatos convocan una huelga por la vivienda y desde el Gobierno se anuncia que es contra la oposición, ¿estamos ante una reivindicación laboral o ante una reinterpretación gubernamental de la protesta?
Porque una cosa es defender a los trabajadores y otra convertirlos, aunque sea involuntariamente, en figurantes de una estrategia electoral.
Y resulta especialmente pintoresco que semejante interpretación aparezca precisamente a dieciocho días de unas elecciones.
¡Qué casualidad! En mi tierra solemos decir que las meigas no existen, pero haberlas, haylas. Y las casualidades políticas, por lo visto, también.
Hay coincidencias que parecen diseñadas por un guionista de comedia política.
El problema es que aquí los espectadores también pagan la entrada.
Y bastante cara.
LA RESPONSABILIDAD TIENE DOMICILIO
La crisis de la vivienda exige soluciones reales, políticas eficaces y acuerdos parlamentarios. No es una cuestión menor ni merece convertirse en instrumento de confrontación electoral.
Pero también exige algo cada vez más escaso en nuestra vida pública: asumir responsabilidades.
El Gobierno debe gobernar. El Parlamento debe votar con libertad. La oposición debe controlar y ofrecer alternativas. Y los sindicatos deben defender los intereses de los trabajadores con independencia de quien ocupe el poder.
Así de sencillo.
Que el Gobierno pierda una votación no constituye un atentado contra la democracia. Constituye, precisamente, una manifestación de su funcionamiento.
Y que la oposición rechace un decreto no la convierte automáticamente en responsable de todos los problemas que ese decreto pretendía resolver.
Lo contrario supondría llegar a una conclusión verdaderamente prodigiosa: el Gobierno sería responsable de sus aciertos y la oposición de sus fracasos.
Una fórmula de gobierno perfecta. Para quien gobierna, naturalmente.
Se puede convocar una huelga por la vivienda. Se puede protestar contra unos precios disparatados. Se puede exigir al Gobierno que actúe y a la oposición que colabore.
Lo que resulta difícil de tomar en serio es presentar una huelga general como una movilización contra la oposición por cometer la imperdonable osadía de… hacer oposición.
Porque, si aceptamos semejante lógica, quizá la próxima huelga general se convoque contra los electores que no voten correctamente.
Y no se preocupen: seguro que también encontraremos alguna justificación jurídica.
Para eso no hacía falta una huelga general.
Bastaba con esperar a las elecciones.
Y dejar que hablaran los ciudadanos.
