La acusación popular unificada, liderada por Iustitia Europa, ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que investigue la posible entrada de buques militares marroquíes en aguas de soberanía española frente a Ceuta, coincidiendo con la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio.
La petición se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera lo sucedido durante una conversación con periodistas en la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real el 12 de octubre.
Sánchez calificó el episodio como un «hecho puntual», expresión que repitió al día siguiente la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Sin embargo, Iustitia Europa sostiene que estos hechos «podrían presentar relevancia para la investigación de posibles conductas atentatorias contra la independencia, la integridad territorial y la seguridad exterior» de España.
La acusación considera necesario determinar si se produjo una incursión de unidades militares extranjeras en aguas españolas y qué respuesta ofrecieron las autoridades competentes.
Las posibles consecuencias de los buques marroquíes en Ceuta
Para Iustitia Europa, la posible presencia de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta no puede examinarse exclusivamente desde la perspectiva de la vigilancia fronteriza.
«No se trataría únicamente de un episodio vinculado al control migratorio o a la vigilancia ordinaria de fronteras, sino de la eventual penetración de buques de guerra pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un Estado extranjero en espacios marítimos sujetos a soberanía española», argumenta.
La acusación subraya, además, la coincidencia temporal de estos movimientos con los acontecimientos que motivaron la apertura de la causa judicial.
A su juicio, resulta necesario esclarecer qué autoridades españolas tuvieron conocimiento de la presencia de esas embarcaciones, qué instrucciones se impartieron y qué decisiones operativas se adoptaron.
También reclama investigar las posibles consecuencias de estos hechos para la seguridad exterior del Estado.
Para esclarecer lo sucedido, la acusación popular ha solicitado a la magistrada una serie de diligencias dirigidas a reconstruir los movimientos de las embarcaciones y la actuación de las autoridades españolas.
Entre ellas figura requerir al Estado Mayor de la Defensa, la Guardia Civil y otras instituciones que conserven los datos de radares, sensores y comunicaciones de radio y de mando relacionados con la actividad de buques militares marroquíes en las proximidades de Ceuta.
Asimismo, solicita documentación al Ministerio de Defensa y las comunicaciones diplomáticas y gestiones realizadas con Marruecos por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
También pide incorporar los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) correspondientes a los días en los que se produjo la entrada masiva de personas.
La Policía Nacional señaló una planificación marroquí de la entrada masiva
La petición se incorpora a la causa en la que la jueza María Tardón investiga la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta.
En el marco de estas diligencias, la Policía Nacional elaboró un informe en el que atribuyó a las fuerzas de seguridad marroquíes el «guiado activo de la masa hacia los lugares de paso».
El documento policial señaló, además, la existencia de una «planificación» tanto «previa» como «táctica» de aquellos movimientos.
Con su nueva petición, la acusación popular pretende que la investigación judicial examine también la posible presencia de unidades militares marroquíes en aguas españolas y las decisiones adoptadas por las autoridades ante esos hechos.
